Conurbano: la avenida que divide dos modelos de país

En la política bonaerense hay discusiones que parecen abstractas hasta que alguien logra bajarlas a tierra. Y ahí, cuando se vuelven concretas, dejan de ser ideológicas para convertirse en evidencia. Eso es lo que hizo Diego Valenzuela al exponer un caso que, más que una anécdota, funciona como radiografía del modelo impositivo en el conurbano.

La escena es simple pero potente: una avenida que divide dos municipios, Ciudadela y La Matanza. De un lado, una empresa paga $234 mil de tasa municipal. Del otro, a metros de distancia, una firma del mismo rubro desembolsa $8,9 millones. No hay diferencia de actividad, ni de escala, ni de mercado. Solo cambia el municipio. Y con eso, cambia todo.

El contraste no es menor. Mientras en Tres de Febrero el costo por metro cuadrado ronda los $308, en La Matanza gobernada por Fernando Espinoza, supera los $1.100. Es decir, más del triple por exactamente la misma actividad. Y, según el propio planteo del empresario afectado, sin una contraprestación clara en servicios. La consecuencia fue inevitable: judicialización. La empresa decidió demandar al municipio por considerar las tasas “confiscatorias”.

Pero más allá del caso puntual, lo que está en discusión es algo más profundo: dos modelos de gestión que conviven en el conurbano. Uno que entiende al sector privado como motor de crecimiento y busca aliviar su carga. Otro que, en la práctica, lo utiliza como fuente de financiamiento sin límite claro.

Valenzuela no es un actor neutral en este debate. Su gestión como intendente de Tres de Febrero estuvo marcada por una política explícita de reducción de tasas para atraer inversiones. Y los resultados, al menos en términos de radicación empresarial, le dieron argumentos: empresas como Mercado Libre y FEMSA desembarcaron en el distrito, mientras que entidades financieras como Santander y el Banco Nación trasladaron operaciones para aprovechar un entorno impositivo más liviano.

Ese movimiento revela una lógica que muchas veces se subestima en la política local: la competencia entre municipios. No es solo una cuestión administrativa, sino económica. Las empresas eligen dónde instalarse, dónde invertir y dónde expandirse. Y en esa decisión, la carga tributaria juega un rol determinante.

Lo que expone este caso es que esa competencia no es simétrica. Hay distritos que buscan atraer actividad y otros que parecen expulsarla. Y en ese desbalance, el costo no lo paga solo el empresario, sino también el empleo y el desarrollo local. El debate, entonces, deja de ser técnico para volverse político. ¿Cuál es el rol del Estado municipal? ¿Acompañar al que produce o exprimirlo hasta el límite? ¿Construir condiciones para el crecimiento o sostener estructuras a costa del sector privado?

En un contexto económico donde la competitividad es cada vez más exigente, estas diferencias dejan de ser marginales. Se vuelven decisivas. Porque una empresa que paga cuatro veces más por operar en un municipio no solo pierde margen: pierde capacidad de crecer, de contratar y de invertir. La imagen de dos fábricas separadas por una avenida, pero divididas por millones de pesos en impuestos, sintetiza un problema estructural del conurbano. No es solo una discusión de números: es una discusión de modelo.

Y en esa discusión, cada municipio empieza a mostrar con claridad de qué lado está.