Manuel Adorni: el contador que no sabía contar

Manuel Adorni es contador público. Lo aclaró él mismo, con cierto orgullo, en más de una ocasión desde que asumió como vocero presidencial en diciembre de 2023. Esa condición hace más difícil de sostener la explicación que ofreció ante José del Río en LN+: que las declaraciones juradas que presentó en el Estado contenían errores porque las confeccionó él mismo, apurado, copiando datos de sus propios registros previos, y que "arrastró ese error" durante más de dos años. Un contador público que lleva sus propias declaraciones juradas sin incorporar medio millón de dólares en activos no es un distraído. Es, en el mejor de los casos, alguien que tomó una decisión. Los documentos que ahora están en manos de la Justicia cuentan una historia que Adorni no logró contar de manera coherente en ningún momento.

Lo que declaró cuando quería ser diputado

El 29 de marzo de 2025, Adorni presentó ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires su declaración jurada patrimonial como candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza. En ese documento, el entonces jefe de Gabinete declaró ser titular de dos inmuebles: un departamento en Capital Federal al 50% y otro departamento en La Plata al 100%. En efectivo en Argentina: USD 42.500 y $1.950.000. En cuenta bancaria en el exterior: USD 6.220,23. Nada más. Ninguna criptomoneda. Ningún ahorro en bitcoin. Ningún country en Exaltación de la Cruz. Ninguno de los USD 500.000 que, según él mismo reconoció ante las cámaras de LN+, ya poseía en ese momento.

La denuncia penal presentada ante la Justicia de la Ciudad por los abogados José Lucas Magioncalda, Rodrigo López Guerra y Ximena De Tezanos Pinto es contundente en ese punto: "Queda claro que hay al menos USD 500.000 que no forman parte de la declaración jurada electoral correspondiente a 2025." Y encuadra la conducta en el artículo 293 del Código Penal, que reprime con reclusión o prisión de uno a seis años al que "insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas". El dolo, argumentan los denunciantes, "queda probado por el simple hecho de firmar el documento sabiendo que los datos reales eran diferentes, y más aún en el caso del denunciado que reviste la condición de contador público."

El salto patrimonial que no cierra

Las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción —la del período 2024 en su segunda versión rectificativa y la del período 2025 original— permiten reconstruir una evolución patrimonial que la Fiscalía ya puso bajo la lupa.

Al inicio del período 2024, Adorni declaró bienes por $515.479.434. Al cierre de ese mismo período, esa cifra trepó a $662.646.891. Y en la declaración 2025 —la que presentó pocas horas antes de sentarse con Del Río— el patrimonio al cierre del período asciende a $944.575.052, con deudas por $317.312.719. En la declaración 2024 rectificada aparece por primera vez lo que estaba ausente en la versión electoral: 513.000 dólares en efectivo consignados como "venta de activos", más criptomonedas en Binance, Lemon y BTC.

Según la presentación fiscal, el patrimonio de Adorni habría crecido un 500% en un solo período fiscal, lo que despertó sospechas sobre la procedencia de los fondos. Ese número es el corazón de la causa por enriquecimiento ilícito que tramita ante el juez Ariel Lijo, a impulso del fiscal Gerardo Pollicita. Y ahora la declaración electoral de 2025 le agrega otra dimensión al expediente: no solo se trata de explicar cómo creció el patrimonio, sino de determinar por qué una parte significativa de ese patrimonio no estaba declarada cuando Adorni se presentó ante los electores porteños pidiendo su confianza. 

La historia del bitcoin que cambia según el día

Adorni explicó el origen de los USD 500.000 no declarados con una secuencia que fue variando a medida que avanzaban las preguntas. Primero dijo que él y su esposa habían ahorrado en negro "como todos los argentinos". Luego precisó que ese ahorro provenía de inversiones en criptomonedas realizadas entre 2013 y 2018. Después añadió que la semilla de esa inversión —unos USD 200.000 iniciales— provenía de dinero que encontró tras la muerte de su padre en 2002. Con esos USD 200.000 invertidos en bitcoin entre 2014 y 2018, habría ganado otros USD 300.000. Total: medio millón de dólares que existía pero no se declaraba.

El fiscal Pollicita solicitó acceso urgente a la declaración jurada correspondiente a 2025 y a todas las rectificaciones realizadas por Adorni, con el objetivo de contrastar esa información con los cruces patrimoniales que realiza el Ministerio Público Fiscal junto a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado. La fiscalía también busca reconstruir la capacidad económica que tenía Adorni al momento en que asegura haber realizado inversiones en criptomonedas, para verificar si los ingresos declarados en aquellos años resultaban compatibles con los montos invertidos.

Esa verificación es el punto más delicado para la defensa. Porque si en 2013 y 2014 Adorni era un economista de medios con ingresos compatibles con su actividad, la pregunta que la Justicia intentará responder es cómo disponía de USD 200.000 en efectivo para invertir en bitcoin en un momento en que el mercado cripto era prácticamente desconocido para el público general. Y por qué ese dinero tampoco estaba declarado en ninguna parte.

La causa que no para

El juez Ariel Lijo, a pedido del fiscal Pollicita, ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni, su esposa Bettina Angeletti y la empresa AS Innovación Profesional, de su propiedad. La medida permite acceder sin restricciones a cuentas bancarias, movimientos financieros, inversiones y declaraciones impositivas, con foco en el período que comienza el 1 de enero de 2022. 

A eso se suma que la causa podría sumar una nueva acusación por omisión maliciosa, figura que apunta al eventual ocultamiento de información que debía ser declarada, independientemente de que el origen de los fondos sea o no lícito. Es decir: aunque Adorni lograra demostrar que el dinero era de origen legítimo, igual tendría que responder por no haberlo declarado cuando estaba obligado a hacerlo.

La adhesión a la ley de Inocencia Fiscal —impulsada por el propio gobierno y celebrada por el propio Adorni como "una de las leyes que quedará en la historia grande de nuestro país"— no lo protege de la causa penal. Lo que hace es blindarlo fiscalmente frente al fisco, no ante el juez que investiga enriquecimiento ilícito.

Lo que sabía y lo que dijo

El 7 de mayo, Milei salió a respaldar a su jefe de Gabinete con la frase que se repite desde hace meses: "Otra pelotudez atómica de las basuras inmundas que se llaman periodistas." Treinta y cinco días después de ese respaldo, Adorni reconoció ante las cámaras que las cosas que el periodismo venía denunciando eran sustancialmente ciertas. Que no había declarado. Que había ahorrado en negro. Que cometió "un error". Que pensó en renunciar.

El contador público que confeccionó sus propias declaraciones juradas y "arrastró el error" durante más de dos años tiene ahora al fiscal Pollicita revisando cada número, al juez Lijo con acceso a sus cuentas bancarias desde 2022 y una denuncia penal en la Justicia porteña por falsedad ideológica en un instrumento electoral público. Milei lo sigue sosteniendo. Pero la Justicia no espera.