Milei y Malvinas: el giro nacionalista que complica a empresarios cercanos al Gobierno

Javier Milei cree haber encontrado en la causa Malvinas el empuje y la agenda que a su Gobierno le estaban faltando. La tensión entre Gran Bretaña y Estados Unidos e Israel, pulseada geopolítica que se tradujo en un abierto llamado de Trump y el sionismo a revisar la posición acerca de las islas, le dio al oficialismo la excusa que estaba buscando para subirse a un tema al que hasta entonces le había prestado poca atención. Sin embargo, envalentonados con agitar una ola nacionalista en la previa de un año electoral, los libertarios parecen haber descuidado un frente: las sanciones y denuncias que quieren imponer a las compañías que tengan inversiones en exploraciones de hidrocarburos en las islas podrían alcanzar, al menos en los papeles, a empresarios muy cercanos al mandatario. ¿Saldrá el tiro por la culata?

Ejemplos. El caso que más resonó fue el de Eduardo Elsztain, titular de IRSA y tan cercano al Presidente que de hecho lo alojó en el Hotel Libertador, que le pertenece, durante los últimos tres meses del 2023, incluso después de asumir como mandatario. Elsztain mantiene desde el 2005 una participación minoritaria, de poco más del 2 por ciento, de la Falkland Islands Company, un conglomerado que maneja rubros tan distintos como supermercados, real estate, construcción y la importación de autos, entre otras cosas, lo que le otorga casi un lugar de monopolio dentro de la vida económica de las Malvinas.

En 2017, Elsztain vio la oportunidad para ampliar su participación en la FIC hasta convertirla en mayoritaria. De hecho estuvo cerca, pero el gobierno británico tomó nota de la nacionalidad del empresario interesado y frenó la operatoria. Toda esta historia estaba en el olvido hasta que el diario La Nación, post cadena nacional y anuncios de Milei, la reflotó. La ola fue tan grande que el propio empresario salió a aclarar su posición, asegurando que lo había hecho convencido de que era mejor seducir económicamente a los isleños para acercarlos con Argentina que obligarlos.

Acá aparece un segundo cortocircuito con la administración libertaria: mientras que el Gobierno insiste en que la vía son sanciones económicas y denuncias judiciales, el empresario tan cercano a Milei dice exactamente lo contrario. Al canciller Pablo Quirno parece no haberle importado la evidente contradicción. "Todo lo contrario a un traidor", aseguró el funcionario en sus redes, adjuntando también la carta con la que se defendió Elsztain.

La avanzada del Gobierno podría afectar también a otro que supo mostrarse cercano a Milei, como Elon Musk. Es que Starlink, su empresa, anunció a fines del año pasado que daría internet en las islas a través de un comunicado en inglés, en el que se refería a ellas con el nombre que usan los británicos. Acá aparece otro hueco en el relato oficial: el 8 de septiembre, después de la cadena nacional, el ministerio de Sandra Pettovello firmó un convenio con Starlink para proporcionar seis mil kits de internet para colegios rurales y zonas aisladas en el país. Las sanciones brillaron por su ausencia.

Hay otro ciudadano importante de Estados Unidos que aparece en esta historia. Es que Jared Kushner, el yerno de Donald Trump y funcionario en su primera presidencia, es el CEO de Affinity Partners. Esa empresa, tal cual reveló el periodista Manuel Jove, controla el 10 por ciento de Phoenix Financial, sociedad que a su vez tiene poco más del 7 por ciento de las acciones de Navitas. Esta última es la que está protagonizando el escándalo: es la operadora principal del yacimiento Sea Lion, el proyecto petrolero que disparó la reacción del Gobierno.

Hay un último actor que podría traerle un dolor de cabeza al Gobierno. El diputado Maximiliano Ferraro denunció que Harbour Energy no debería haber entrado al RIGI que impulsó el oficialismo, porque arrastra una inhabilitación por haber explorado hidrocarburos cerca de las Islas Malvinas sin autorización argentina. El legislador de la Coalición Cívica detectó que Harbour Energy es la misma empresa que Premier Oil, pero con otro nombre, y esta ya había sido inhabilitada en 2013 por explorar en la plataforma cerca de Malvinas. Es decir que parecería que la promesa de Milei de sancionar a las compañías que operen en suelo malvinense no estaría siendo aplicada por el mismo Gobierno que encabeza.

Todo esto presenta una complicación para el Gobierno. Si esta ola ultranacionalista se radicaliza de acá a las elecciones -algo de lo que NOTICIAS viene advirtiendo desde comienzos de año, cuando el oficialismo empujó el "ICE argentino" y arrancó con su canto contra los inmigrantes, búsqueda que se agudizó durante el Mundial y la supuesta campaña "antiargentina"-, va a tener que sí o sí enfrentar su discurso soberanista con la realidad dura y pura.

¿Qué va a pasar con los empresarios cercanos al Gobierno o las empresas que entraron en el RIGI que hacen exactamente lo contrario a lo que empuja el oficialismo? Milei tendrá que hacer malabares para que puedan convivir estos dos frentes.