El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de Comodoro Py, a cargo de María Romilda Servini, resolvió archivar una causa que habían iniciado diputados libertarios contra su ex aliada Marcela Pagano por presunta omisión maliciosa de datos en sus declaraciones juradas, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito.
La decisión tomada el miércoles 9 y notificada a las partes el jueves, sigue el dictamen del Ministerio Público Fiscal, que tras producir diversas medidas de prueba y analizar una presentación espontánea de la propia diputada concluyó que "de las constancias obrantes no surgen elementos que nos permitan vislumbrar una hipótesis delictiva concreta".
La demanda sostenía que Pagano habría utilizado los recursos y facultades de su mandato parlamentario para enriquecerse "a expensas del erario público", valiéndose de su pareja, Franco Bindi, como "instrumento central del mecanismo", y que habría ocultado su patrimonio real mediante declaraciones juradas incompletas. Agregaba una "hipótesis investigativa" de asociación ilícita con financiamiento extranjero, construida sobre supuestos vínculos con diplomáticos de Venezuela, Irán y Rusia y con el ex presidente boliviano Evo Morales. Los firmantes de la presentación fueron Lilia Lemoine, María Celeste Ponce, Carlos Zapata, María Soledad Mondaca, Jairo Guzmán, Sergio Figliuolo, Andrea Fernanda Vera, Valentina Ravera, María Soledad Molinuevo, Miguel Rodríguez, Eliana Bruno, Andrés Leone, Atilio Basualdo, Santiago Santurio y María Cecilia Ibáñez.
En el dictamen de la Fiscalía se repasan de a uno los argumentos esgrimidos por los denunciantes. Por ejemplo, la supuesta "desaparición sin operación declarada" de un departamento comprado en 2011 fue explicado porque Pagano lo vendió el 22 de marzo de 2023 y, con ese dinero más ahorros, adquirió el 8 de agosto de ese año el departamento de la calle Migueletes que figura en sus tres declaraciones. Ambas operaciones son anteriores a su asunción como diputada. Por ese motivo, no podrían configurar "enriquecimiento ilícito".
El capítulo sobre Venezuela, Irán, Rusia y Evo Morales tampoco fue considerado como un presunto delito. Los propios denunciantes admitían que no lo imputaban "formalmente" por falta de acreditación, y lo sostenían en fotografías de actos públicos, notas periodísticas y publicaciones en redes, incluidas las gestiones que la diputada reivindicó públicamente por la liberación del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela y por el regreso de la abogada Agostina Páez, detenida en Brasil. Para el fiscal, "no se describe una organización criminal, ni los roles, ni un plan criminal determinado", como exige el artículo 210 del Código Penal, y no se aportaba "ningún otro elemento y/o indicio" más que el supuesto vínculo con esas personas.
Servini hizo suyo el criterio del fiscal. Recordó que la Cámara Federal había confirmado en fecha reciente el rechazo del pedido de los denunciantes de constituirse como querellantes, precisamente por la falta de impulso fiscal, y dispuso el archivo de las actuaciones por imposibilidad de proceder, en los términos del artículo 180, último párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación.
C.C.
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