Juan Tomás Rodríguez Ponte, nuevo titular del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, imprimió un giro a la investigación sobre los patrimonios de Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici. Aceptó pedidos de los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco y dispuso 29 medidas de prueba en el expediente por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Uno de los ejes es la pista uruguaya. El magistrado revocó una resolución de su antecesor, Luis Armella, que limitaba el análisis al período 2009-2023. Ahora, solicitó el historial completo de dos cuentas atribuidas a Insaurralde, desde su apertura hasta el cierre. El exhorto reclama titulares, movimientos, valores custodiados, contrapartes, intereses y posibles embargos.
También ordenó reconstruir el tráfico de más de cien líneas telefónicas vinculadas con los investigados. La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) deberá relevar desde 2009 llamadas, mensajes, sesiones de datos, códigos IMEI y antenas utilizadas. Entre otros puntos, se intentará determinar si Cirio e Insaurralde estaban juntos cuando se documentó un supuesto préstamo de 250.000 dólares.
La resolución pidió informes patrimoniales a distintos organismos y extractos completos a ocho bancos. También busca datos sobre un departamento, cuatro vehículos, facturación societaria, recibos de sueldo, movimientos migratorios y una posible relación de los involucrados con studs o boxes de tres hipódromos.
El expediente contempla cinco hipótesis: ocultamiento de activos mediante sociedades o terceros, pago de viajes y gastos personales, transferencias informales de patrimonio, tenencia de efectivo y bienes de lujo sin respaldo fiscal y posibles conexiones con el juego.
Rodríguez Ponte rechazó un planteo de nulidad contra el análisis de videos de un vestidor y ordenó peritar si las imágenes muestran billetes y si fueron alteradas con inteligencia artificial. Dispuso la extracción forense de un pendrive, citó a un testigo y levantó las restricciones para salir del país que regían sobre Clerici. Las diligencias buscan reunir evidencia: no implican una condena ni alteran la presunción de inocencia.














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