La denuncia, que fue ratificada hoy en el juzgado federal número 9 a cargo del juez Luis Osvaldo Rodríguez, fiscalía de Carlos Rívolo, da cuenta de una presunta maniobra liderada por altos funcionarios de la AFIP para cerrar fiscalizaciones y frenar investigaciones administrativas en torno al detenido líder sindical Marcelo Balcedo, preso en Uruguay por lavado de dinero, su gremio, el SOEME, y las empresas relacionadas a él y su madre, Myriam Chávez de Balcedo.
Todo comenzó con la denuncia de un ex funcionario de la AFIP Regional La Plata que prefirió resguardar su identidad, pero que hizo llegar a la Justicia un “Informe Final de Inspección”, con fecha noviembre de 2016, que muestra que el organismo estaba en conocimiento desde hace más de cuatro años de “cuantiosos movimientos de dinero dentro del SOEME, compras de inmuebles, movimientos de dólares en el exterior por parte de Marcelo Balcedo, de su madre, Myriam Chávez, y de las empresas relacionadas al gremio”, pero que, a pesar de las graves inconsistencias detectadas, calificó dicha investigación como “SIF” (Sin Interés Fiscal).
Los funcionarios denunciados son: el subdirector de Interior de la DGI, Jaime Mecicovsky; el subdirector de Auditoría de AFIP, Néstor Abelardo Sosa; el director de Supervisación de Fiscalizaciones, Rolando González y el jefe de Departamento Acciones Penales Tributarias, Juan José Cappanari.
De acuerdo al escrito, la presunta maniobra habría sido liderada por Mecicovsky, quien “desplegó toda una ingeniería jurídica y contable desde la AFIP para cerrar fiscalizaciones a este grupo de empresas, dando órdenes ilegales a funcionarios de línea para bajar las fiscalizaciones y facilitar las maniobras de lavado, como permitir a Myriam Chávez que blanqueara dinero para justificar la compra de la lujosa propiedad de Bariloche”. Según el mismo texto, “Mecicovsky, para no quedar solo en este encubrimiento, entre el 20 y 27 de abril de 2017, le envió un e-mail al administrador federal, ya que este último le consultó acerca de las fiscalizaciones del grupo HOY”. Siempre de acuerdo a la denuncia, “en su respuesta, el subdirector minimiza las inconsistencias de los resultados de las fiscalizaciones llevadas a cabo a sus integrantes y reconoce que hizo descargar la fiscalización del SOEME alegando que la fiscalización tuvo un origen político”.
Según se desprende del Informe Final de Inspección confeccionado por la Dirección Regional La Plata, la AFIP había detectado el retiro de 57 millones de pesos de las cuentas del SOEME, cuyo destino no había sido justificado. Esto implicaba una obligación fiscal por parte del gremio de pagar a la AFIP 17 millones de pesos en concepto de “salidas no documentadas”. Sin embargo, “por las reuniones existentes entre Mecicovsky, Sosa, Balcedo y sus abogados, lograron que se les condonara este ajuste a la familia Balcedo”.
De acuerdo al testimonio, las reuniones se habrían llevado a cabo en la sede de la Subdirección de Auditoría, Carlos Pellegrini 53 (CABA) entre octubre y noviembre de 2016, algo que “se podrá corroborar si la justicia efectúa un pedido a la AFIP para que informe fechas e ingresos a los sistemas informáticos, es decir, determinar quién, desde Auditoría, consultó los antecedentes de todas las órdenes de intervención relacionadas con el caso Balcedo”.
Sin embargo, altas fuentes de la AFIP aseguraron a NOTICIAS que la calificación de "Sin Interés Fiscal" del Informe Final de Inspección "está técnicamente justificada".
La palabra ahora la tiene el fiscal Rívolo.
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por Guadalupe Vázquez
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