Desde el inicio de su gestión –profundizado con la asunción del actual ministro de Hacienda– el gobierno nacional ha venido anunciando la necesidad de avanzar con el ordenamiento de la cuentas públicas. Sin embargo, el déficit fiscal de 2016 alcanzó el 5,9 por ciento del PBI y el primario (excluyendo los pagos de intereses), el 4,2 por ciento del PBI. Estos valores representan el máximo de los últimos años, con una tendencia crecientemente deficitaria que se inició en 2011. El Gobierno se ha comprometido a disminuir el desequilibrio fiscal actual mediante las metas fiscales trianuales proyectadas con un déficit primario de 4,2 por ciento en 2017, 3,2 por ciento en 2018 y 2,2 por ciento en 2019.
Si bien la meta de un déficit primario de 58.500 millones de pesos para el primer trimestre del año ha sido sobrecumplida, con un rojo de 41.344 millones, los desafíos aún existen. De cara a ello, cabe preguntarse si el gasto está aumentando o disminuyendo en términos reales y cuáles son los conceptos que han aumentado por encima y por debajo del promedio.
Con datos de la ejecución a mayo se observa que los gastos totales crecieron un 40 por ciento interanual (16 puntos porcentuales más que la inflación acumulada en el mismo período). Los rubros que más se expandieron fueron las transferencias a provincias, tanto las destinadas a financiar gastos corrientes (+106 por ciento) como de capital (+83 por ciento). El primer caso incluye compensaciones salariales a docentes provinciales, transferencias y contribuciones a la seguridad social provincial, programas educativos y políticas alimentarias. El segundo caso contiene la cesión de fondos a provincias para la realización de obras de infraestructura, construcción de viviendas, el acceso a agua potable y saneamiento y la innovación y formación tecnológica.
La ejecución de la inversión real directa muestra un incremento del 75 por ciento interanual, explicado por el fuerte impulso que ha tenido la obra pública en lo que va del año y por la baja ejecución que se había registrado durante 2016. Cuando se analiza la inversión por provincia, se observa que los mayores aumentos interanuales se vieron en Jujuy (+122 por ciento), Buenos Aires (+101 por ciento) y Santa Cruz (+96 por ciento).
Los pagos de intereses de la deuda pública crecieron un 62% interanual y ya representan cerca del 11% del gasto total. Este porcentaje es superior al promedio de los últimos años, pero menos de la mitad de lo que requerían en 2001, cuando casi un peso de cada cuatro que gastaba el Estado iba directamente al pago de intereses. Si bien hay que aclarar que hasta 2015 parte de la deuda argentina estaba en default, por lo que los montos no son directamente comparables, el crecimiento de esta partida muestra el costo del mayor endeudamiento contraído por la actual administración.
Las prestaciones de la seguridad social (que incluyen jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares) registraron una suba del 41% interanual, mientras que las transferencias a universidades, principalmente utilizadas para el pago de salarios docentes, aumentaron un 53 por ciento.
Todos estos conceptos han crecido en términos reales, al aumentar por encima de la inflación acumulada en el período (24%). Como se ha visto, los mayores aumentos se produjeron en gastos vinculados a lo social y la infraestructura. En cuanto a los salarios que paga la Nación, el crecimiento fue menor al promedio del gasto pero superior a la inflación, con una suba del 29% interanual. El único componente del gasto que tuvo una reducción real han sido las transferencias corrientes al sector privado (+12% interanual), principalmente por la contracción en los subsidios energéticos al gas y a la electricidad. Vale destacar que los subsidios económicos aún representan casi el 10% de todo el gasto público y más que triplican lo que se destina a la asignación universal por hijo (AUH).
Al analizar los recursos, vemos que estos crecieron un 29% interanual en los primeros cinco meses del año, 11 puntos porcentuales por debajo del aumento del gasto. Por ende, el gran desafío que enfrenta la actual administración es cómo achicar la brecha que existe entre las tasas de crecimiento de los recursos y los gastos, sin afectar a la población que más depende de los servicios sociales provistos por el Estado, sin trabar la recuperación económica y sin aumentar la presión tributaria, que se encuentra entre los máximos niveles de nuestra historia. Menuda tarea.
*VOCAL y PRESIDENTE de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración FInanciera Pública (ASAP).
por Ariel Melamud y Rafael Flores*
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