Dilema fiscal: monotributo en la mira

La economía argentina batalla desde siempre con un dilema que fue postergando su resolución: el gasto público global fue aumentando en las últimas dos décadas, pero la contrapartida de recaudación impositiva para financiarlo no alcanzó. Sin embargo, existe en parte de la población la percepción de agobio fiscal y un incremento de las actividades que están en la informalidad.  Es decir, un diagnóstico lapidario sobre un sistema tributario inequitativo, ineficiente y con un sesgo anti productivo, compartido también por el staff técnico del Fondo Monetario Internacional que elaboró una propuesta a modo de “sugerencia”.

El ojo ajeno. Básicamente, lo que el FMI señaló es que se podría reorganizar el sistema tributario para que sea más equitativo, desaliente la evasión, no castigue la producción y, sobre todo, que no se superpongan impuestos entre las jurisdicciones. El dictamen del organismo tiene consenso entre analistas profesionales porque aún a riesgo de implementar soluciones de difícil concreción y que dejan puertas abiertas para la elusión, el sistema actual está agotado: sin tocarlo, cada vez se recauda menos.

El gasto público tiene un componente indexado (se ajusta por el nivel de precios) que es del 55% del total y el resto que no se automatiza, por lo que la “motosierra” pasa más por este segundo tramo. Por ejemplo, el Presupuesto 2026 proponía un aumento de la recaudación del 6,7% y uno del gasto primario del 6%. Según el cálculo del IARAF, la recaudación de los últimos 8 meses del año debería crecer un 13,2% real interanual para lograr esa meta, un comportamiento de imposible cumplimiento.

Según el Vademécum tributario que realiza anualmente dicha entidad, a fin de 2025 en Argentina había 155 tributos, contando los de jurisdicción nacional, provincial y municipal, que recaudan 29% del PBI. Además, está concentrada en muy pocos tributos: el IVA, el Impuesto provincial a los Ingresos Brutos, los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, el impuesto a las ganancias a personas humanas y jurídicas, el Impuesto a débitos y créditos bancarios y los Derechos de exportación, aportan nada menos que 85% del total de la recaudación. “Pero si se les agregan el impuesto a los Combustibles, la Tasa de Seguridad e Higiene Municipal (TISH), los derechos de importación y los impuestos internos coparticipados, se tiene que el 94% de la recaudación consolidada argentina se concentra en diez tributos, ocho nacionales, uno provincial y uno municipal”, destaca el economista y presidente del IARAF, Nadin Argañaraz.

De cabeza. El otro aspecto en el que el FMI puso el foco es en los impuestos sobre los ingresos de las personas, que en nuestro sistema se diferencia por si son sobre el salario (cargas sociales e impuesto a las ganancias), si es de un autónomo del régimen general (ganancias y generación de IVA) y si pertenece al régimen del monotributo (una cuota fija que concentra el aporte previsional, obra social y ganancias). Pero el diseño de este impuesto hizo que la brecha entre los tres tipos de contribuyentes se fuera ampliando generando una situación de irritante desigualdad según la naturaleza del régimen en cuestión.

En primer lugar, la distorsión mayor se produjo con la inflación que fue bajando y desnaturalizando las escalas del impuesto a las Ganancias, haciendo que muchos trabajadores formales ingresaban automáticamente casi a las dos últimas escalas del impuesto. También que muchos grupos, en función de su alineamiento político o su poder de negociación consiguieran excepciones, lo mismo que determinadas zonas del país, virtualmente paraísos fiscales internos.

Milagros Gismondi, economista de Invecq, destaca que Argentina tiene una tasa de informalidad del 45%, muy por encima del promedio OCDE (10%) y de sus pares regionales como Chile o Brasil. “El resultado es un mercado laboral dual: trabajadores formales protegidos conviven con una fuerza informal con ingresos bajos y volátiles. Esto produce costos concretos: limita la reasignación laboral, restringe la base tributaria y debilita los incentivos para acumular capital humano”, explica. Así, señala que el empleo formal creció lento desde fines de los 2000 y de forma muy desigual entre sectores. Por ejemplo, la construcción y la manufactura, que son más intensivos en empleo, son los que peor desempeño mostraron. “Tiene una cuña fiscal laboral más alta que el promedio latinoamericano y comparable a economías europeas con mercados laborales muy distintos. Para el FMI esto pesa directamente sobre la demanda de empleo formal”, concluye.

Por su parte, el director del área de Economía de FUNDAR, Guido Zack, sostiene que hay mucho desincentivo a generar trabajo asalariado y también para que un independiente pasarse al régimen general. En ese contexto, los monotributistas pasarían de pagar 15% de sus ingresos en las categorías más latas a 35% y por eso, en coincidencia con una de las propuestas del FMI, cree que la alícuota del monotributo debería ser más alta (al menos para las escalas de más ingresos anuales) pero, obviamente, podría ser antipática para los que están en las escalas de abajo. El FMI sostiene que lo deseable y realista sería que el 20% de la población activa esté tributando algún impuesto sobre sus ingresos en escalas homogéneas. Zack, además, dice que hay que tomar nota de la desigualdad que hay en esta materia con Brasil, por ejemplo. “Un trabajador que cobra US$1.500 paga el impuesto en Brasil, pero no lo haría en Argentina y eso pasa con cualquier trabajador que cobra entre US$1.000 y US$2.000. Y eso es algo que hay que corregir, pero hacerlo con la justicia tributaria de que los más ricos paguen, efectivamente, más”, propone.

Finalmente, para el economista Jorge Colina, presidente de IDESA, la solución a este dilema de política fiscal es directamente eliminar Monotributo y Ganancias, para crear un impuesto a los Ingresos Personales que alcance a todas las personas. “Debería tener un mínimo no imponible para que en los primeros tramos de ingresos el impuesto no se cobre y luego alícuotas progresivas que vayan subiendo con el monto de facturación de la persona, tal como es Ganancias, hasta llegar al último tramo de ingresos donde la alícuota en el margen que sería 35% del ingreso”, sostiene. Claro que para que esto funcione, ARCA debería liquidar el impuesto con cada factura y enviar cada mes para el pago, prescindiendo de la declaración jurada anual. El riesgo de todo este giro de 180 grados en la política tributaria es que no se haga sólo por su impacto negativo en quienes deberían pagar más. Porque deberían convencerlos que de esa manera, los impuestos indirectos bajarán, algo inédito en la tendencia creciente de la presión tributaria: impuestos excepcionales que llegaron por un rato, como Ganancias, al Cheque o las mismas retenciones y se quedaron a vivir.