Amnistía Internacional denuncia las políticas de vigilancia masiva del Gobierno

Amnistía Internacional denunció que el Gobierno nacional amplió en los últimos años sus capacidades para recolectar información, identificar personas y seguir sus movimientos mediante herramientas de reconocimiento facial, monitoreo digital y vigilancia aérea. La organización advirtió que ese despliegue avanzó con controles insuficientes, escasa transparencia y casi sin debate público.

Las conclusiones forman parte de Estado de vigilancia, el primer informe de la entidad dedicado específicamente al uso de tecnologías de vigilancia masiva en la Argentina. Según la investigación, entre 2024 y 2025 el Ministerio de Seguridad Nacional destinó al menos 1,2 millones de dólares a la adquisición de distintos sistemas.

Entre las contrataciones aparece una licencia de Maltego, una plataforma de inteligencia de fuentes abiertas que permite recolectar, cruzar y visualizar grandes volúmenes de información procedente de redes sociales, sitios web, la denominada dark web, datos personales y registros de infraestructura técnica.

El Gobierno también compró una licencia de Clearview AI, una herramienta que compara fotografías con una base compuesta por millones de imágenes obtenidas de Internet. Amnistía señaló que la empresa fue cuestionada y sancionada en distintos países por la recopilación y explotación de datos biométricos sin respaldo legal suficiente.

El informe incluye además la compra de 69 drones DJI y 11 estaciones terrestres de operación. Los equipos cuentan con funciones de inteligencia artificial, cámaras térmicas y transmisión de imágenes en tiempo real. Según la organización, estas capacidades permiten seguir vehículos y personas, reconstruir desplazamientos y elaborar patrones de comportamiento sin que quienes son observados lo sepan o hayan prestado su consentimiento.

La investigación también pone el foco en la Ciudad de Buenos Aires. Entre 2023 y 2025, el distrito habría destinado 48 millones de dólares a contrataciones seleccionadas relacionadas con su sistema de videovigilancia. Amnistía contabilizó 3.400 cámaras, 859 puntos de captura y una cobertura que alcanzaría al 82% del territorio porteño.

Para la entidad, la combinación de estos recursos configura un aparato integrado que incrementa sustancialmente la capacidad estatal de monitoreo. Las autoridades sostienen que el reconocimiento facial se utiliza para investigar delitos, pero Amnistía afirmó que comunicaciones oficiales también mostraron su empleo en el contexto de manifestaciones.

La organización advirtió especialmente sobre el “efecto inhibidor” de estas políticas: la percepción de estar bajo vigilancia puede llevar a una persona a evitar una protesta, modificar su comportamiento o autocensurarse en las redes sociales. De ese modo, sostuvo, no sólo quedan comprometidos la privacidad y la protección de los datos personales, sino también las libertades de expresión, asociación y reunión.

En 2022, la Justicia porteña suspendió el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos después de que se detectaran irregularidades y detenciones equivocadas. Pese a ese antecedente, la incorporación de nuevas herramientas continuó tanto en el ámbito nacional como en el porteño.

Amnistía exigió controles independientes y efectivos, mayor acceso a la información pública y la prohibición del reconocimiento biométrico remoto con fines de vigilancia masiva o dirigida. “El Estado argentino no tiene por qué saber todos los detalles de nuestras vidas”, planteó la organización. Consultado sobre el informe, el Ministerio de Seguridad no había dado una respuesta pública.