"Se incrementaron los suicidios de la Fuerza en el año 2025, hubo un 30 por ciento más que en el 2024", admitió Alejandra Monteoliva en una entrevista radial con Eduardo Feinmann para Radio Mitre. Pero, a continuación, la titular del Ministerio de Seguridad aclaró: "Se incrementaron los suicidios en el país y las Fuerzas federales no escapan a esa realidad".
Lo cierto es que el suicidio se convirtió en una de las principales causas de muerte entre los integrantes de las fuerzas de seguridad nacionales y en los últimos años comenzó a mostrar una tendencia que preocupa tanto a especialistas en salud mental como a organizaciones de familiares y asociaciones de policías y militares retirados. Distintos relevamientos oficiales y académicos coinciden en que la cantidad de efectivos que se quitan la vida creció de manera sostenida desde la pandemia y que la incidencia dentro de las fuerzas supera ampliamente la registrada en la población general.
En un contexto atravesado por el acceso permanente a armas de fuego, jornadas laborales extensas, exposición cotidiana a situaciones traumáticas, estrés crónico y escasa atención psicológica preventiva, estos índices tienden a incrementarse año tras año . La radiografía más completa sobre el fenómeno fue elaborada por el mismo Ministerio de Seguridad de la Nación a través del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) y de la Dirección Nacional de Bienestar Policial.
Ese relevamiento reúne información de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal, tomando como unidad de análisis las muertes autoinfligidas registradas administrativamente entre el personal en actividad. Los informes son complementados por estadísticas de la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal y estudios realizados por equipos de salud ocupacional de las distintas fuerzas.
De acuerdo con esos registros, desde 2020 comenzó a observarse un incremento sostenido en la cantidad de suicidios entre integrantes de las fuerzas federales. Las cifras muestran una suba respecto del promedio registrado durante la década anterior y una mayor concentración de casos entre efectivos jóvenes y personal operativo. En la mayoría de los episodios, el arma reglamentaria fue el método utilizado, un dato que especialistas consideran determinante porque el acceso inmediato a medios letales incrementa significativamente el riesgo de concreción del suicidio.
La tendencia también fue advertida por la Asociación Civil para la Prevención del Suicidio Policial (APSP), organización integrada por familiares y profesionales que desde hace varios años recopila casos ocurridos en policías provinciales, fuerzas federales y servicios penitenciarios. Según esa entidad, la Argentina registra un promedio cercano a un centenar de suicidios anuales entre integrantes de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, aunque aclara que existe un importante subregistro debido a que varias jurisdicciones no publican estadísticas oficiales o clasifican algunos fallecimientos bajo otras categorías administrativas. La organización sostiene que la tasa de suicidios dentro de las fuerzas oscila entre 30 y 40 casos cada 100.000 efectivos, dependiendo del año y de la jurisdicción analizada.
Por otro lado, los datos nacionales muestran que el fenómeno no es exclusivo de las fuerzas de seguridad sino que forma parte de un crecimiento más amplio del suicidio en el país. Las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, elaboradas sobre la base de certificados de defunción procesados por la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), indican que el suicidio mantiene desde hace años una tendencia ascendente. El relevamiento técnico de la DEIS clasifica las muertes según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), incluyendo como suicidios las lesiones autoinfligidas intencionalmente entre los códigos X60 y X84.
Ese sistema registra más de 3.500 suicidios por año en la Argentina. La tasa nacional ronda actualmente los 8 a 9 suicidios cada 100.000 habitantes, aunque existen importantes diferencias según sexo, edad y región geográfica. Los hombres representan alrededor del 75 por ciento de las víctimas y las mayores tasas aparecen entre adolescentes, jóvenes adultos y personas mayores. Las provincias patagónicas y algunas jurisdicciones del Noroeste presentan históricamente los indicadores más elevados.
La comparación entre ambas poblaciones resulta uno de los puntos más alarmantes de los estudios disponibles. Mientras la tasa nacional se mantiene por debajo de los diez casos cada 100.000 habitantes, diversos relevamientos internos ubican a las fuerzas de seguridad muy por encima de ese promedio. El acceso a armas de fuego explica parte de esa diferencia, pero los especialistas subrayan que no alcanza por sí solo para comprender el fenómeno.
Investigadores del CONICET, de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata que trabajan sobre salud ocupacional en policías identifican múltiples factores de riesgo. Entre ellos aparecen la exposición reiterada a hechos violentos, homicidios, accidentes fatales, abuso infantil y violencia doméstica; el trabajo en turnos rotativos que altera el descanso; el desgaste emocional producido por jornadas prolongadas; la presión jerárquica; los bajos salarios en varias fuerzas provinciales; el pluriempleo; la dificultad para acceder a licencias psicológicas y el estigma que todavía existe alrededor de la salud mental dentro de instituciones armadas.
Desde la pandemia, las fuerzas federales implementaron desde entonces programas de asistencia psicológica, líneas telefónicas de contención y protocolos de intervención en crisis. La Policía Federal fortaleció el trabajo de su Superintendencia de Bienestar; Gendarmería creó dispositivos de atención permanente para personal desplegado en fronteras y operativos especiales; Prefectura amplió equipos interdisciplinarios de salud mental; y la Policía de Seguridad Aeroportuaria incorporó programas preventivos para personal operativo. Sin embargo, especialistas consideran que las medidas siguen siendo insuficientes y, sobre todo, reactivas.
En dialogo con NOTICIAS sobre el tema, la psicóloga Anabella Serventi afirmó: "Un mito fundamental respecto del suicidio sobre el que hay que concientizar es que el suicida no quiere morir, quiere dejar de sufrir, pero no sabe cómo hacerlo. Existen muchos ámbitos laborales en los que los empleados no quieren avisar que necesitan o están en tratamiento de salud mental por temor a ser desplazados de sus funciones o subestimados y en muchos casos los lleva al abandono de los tratamientos, el acceso a la salud con un escaso presupuesto asignado que empuja a muchos pacientes a quedar fuera del sistema, la escasez de profesionales disponibles dificultan el tratamiento a tiempo".
La especialista concluyó: Si bien en muchos casos existen vulnerabilidades psicopatológicas no atendidas, también ocurre que la abulia y el escaso desarrollo de recursos personales y materiales de afrontamiento llevan a una concepción de la vida como muy difícil de ser vivida: la degradación en los vínculos sociales, las dificultades económicas, laincertidumbre laboral, la sobre exigencia del pluriempleo, llevan a que vivamos en una sociedad que es ansiógena, estresante y traumatizante con una muy difícil proyección clara a un futuro deseable y estimulante, lejos de proyectar que se va a estar mejor, muchas personas prevén que su situación sólo puede empeorar. Asociado a esto, prejuicios que aún están instalados en la sociedad respecto de la salud mental que hacen concebir a la prevención como un gasto en lugar de entenderla como una inversión".
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