La polémica declaración jurada de Lilia Lemoine: cero pesos

La diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine enfrenta dos denuncias judiciales que ponen en aprietos al oficialismo. La acusan de haber omitido información en su declaración jurada patrimonial y de haber utilizado un contrato del Congreso para pagar a su abogado particular. A eso se suma un dato que agrava el cuadro: todavía no presentó la declaración jurada correspondiente a 2024.

Las denuncias fueron presentadas por Facundo Pérez Ernst, Rodrigo Fronzo, Stefanía Conesa y Andrea Albarracín. El foco está puesto en la declaración que Lemoine presentó en octubre de 2024, correspondiente al período anterior. Según los presentantes, la diputada nunca entregó la declaración inicial, un documento obligatorio que todo funcionario debe presentar dentro de los primeros 30 días hábiles de asumir. Lemoine asumió su banca el 10 de diciembre de 2023.

La única declaración presentada fue la de 2023. Allí, la legisladora aseguró que no tenía bienes, deudas ni gastos personales, y que su patrimonio era de cero pesos. Sin embargo, los registros públicos muestran otra realidad. Según la Central de Deudores del Banco Central, al 31 de diciembre de 2023 la diputada registraba una deuda de 502 mil pesos con cuatro entidades financieras: Tarjeta Cencosud —en situación 4, que refleja un atraso severo en los pagos—, el Banco Ciudad y créditos asociados a Mercado Libre. "El problema no es que haya tenido deudas, sino que no las declaró", señaló Pérez Ernst. Según explicó, Lemoine saldó esas deudas una vez que comenzó a cobrar su sueldo como diputada, pero eso no la eximía de informar su situación patrimonial al momento de asumir.

Las dudas también alcanzan a los inmuebles. Los denunciantes sostienen que Lemoine debió declarar la casa en la que reside actualmente, que habría heredado de su madre. La diputada argumentó públicamente que no la incorporó porque la sucesión aún no está concluida. Sin embargo, Pérez Ernst sostiene que, al ser hija única, ya posee derechos sucesorios y debió incluirla en la declaración. Además, un testigo de identidad reservada afirmó que existirían otras propiedades vinculadas a la legisladora en Belgrano e Ituzaingó. Esa información todavía no fue corroborada por la Justicia.

El segundo frente judicial nació por una declaración de la propia Lemoine. En una entrevista reconoció que los honorarios de su abogado penalista eran cubiertos a través de un contrato de asesor dentro de la Cámara de Diputados. La denuncia quedó en manos del juez Ariel Lijo, quien ya citó a los denunciantes para ratificar la presentación. La investigación busca determinar si existieron delitos vinculados al uso de fondos públicos para fines privados. Según los denunciantes, el abogado en cuestión habría dejado la defensa de la diputada y anunciado su salida del Congreso, aunque esa situación aún no fue confirmada oficialmente.

El abogado de Lemoine, Hernán Seivane, minimizó las acusaciones: "Cuando la fiscalía diga que hay algo raro, contestaré. De momento no hay nada". También restó importancia a las inconsistencias detectadas en la declaración jurada: "No soy contador, oportunamente hablaré con un contador en caso de que haya algún error material en la misma". El caso deja al oficialismo frente a una contradicción incómoda: una de sus dirigentes más combativas ahora deberá responder preguntas sobre su propia transparencia.