"Sal de ahí, chivita" es una canción popular tradicional infantil de autoría anónima que se ha transmitido oralmente a lo largo de las generaciones. Si bien han existido versiones de este tema, la difundida por Rodrigo Lussich en sus redes sociales merece un lugar aparte por su originalidad y su manera de abordar la actualidad política referido a la figura de Manuel Adorni.
El histórico presentador de Intrusos utilizó su cuenta de X para referirse a la situación que vive el Jefe de Gabinete con una adaptación musical llamado "Sal de ahí, Manolo". "El Javo quiere que sea cónsul en Miami, Karina no quiere hacer la torta, el Congreso no quiere echar al chorro, el Javo no quiere echar el chorro, el chorro no quiere salir de ahí", es uno de los pasajes cómicos de la canción readaptada.
La situación política y judicial de Adorni experimenta sus horas más dramáticas tras la entrevista televisiva que le concedió al periodista José del Rio en el programa Mesa Chica por LN+ la semana pasada. En ese espacio mediático, el funcionario libertario ensayó una defensa pública que, lejos de aplacar las aguas, profundizó la crisis institucional a su alrededor. Las esquirlas de sus propias declaraciones impactaron de lleno en la Casa Rosada, desatando una oleada de rumores sobre su inminente renuncia al cargo, una posibilidad que el propio coordinador de ministros admitió haber evaluado al confesar textualmente que pensó en dar un paso al costado por el dolor que le causaba el tenor de las acusaciones y que el presidente Milei descartó de plano.
Muchos análisis coinciden en que la estrategia discursiva del principal portavoz de la Casa Rosada terminó por arrinconarlo: su justificación pública de haber "ahorrado en negro" junto a su esposa durante veinticinco años como una manera de "escaparse de la vieja política" fue recibida con severas críticas y una profunda lectura de debilidad política. Los principales editoriales señalaron la contradicción ética de un Gobierno que promueve el orden fiscal mientras su principal vocero y coordinador ministerial justifica la informalidad financiera y la evasión impositiva.
El asedio legislativo, con el fantasma de una moción de censura en el Senado y las presiones de bloques opositores y aliados para removerlo, obligó al oficialismo a tejer maniobras para postergar sesiones y ganar tiempo, instalando en la opinión pública la percepción de que Adorni mantiene un perfil bajo y una actividad reducida para evitar un costo mayor al presidente, quien por ahora sostiene formalmente su confianza.
Las explicaciones vertidas en el set televisivo sobre su patrimonio encendieron de inmediato las alarmas de la Justicia Federal, acelerando los tiempos de una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos que instruye el juez Ariel Lijo y motoriza el fiscal Gerardo Pollicita. Frente a las inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, Adorni se vio forzado a presentar apuradas rectificaciones patrimoniales informando una riqueza total de casi 944 millones de pesos (equivalentes a unos 900.000 dólares), lo que representa un salto patrimonial superior al 500% desde su desembarco en el Estado.
Para intentar justificar semejante incremento ante la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), detalló haber obtenido ganancias significativas de 300.000 dólares mediante una inversión de 200.000 dólares en Bitcoins realizada entre 2014 y 2018. Sin embargo, la trazabilidad de esta operatoria en blockchain está bajo estricto peritaje de la Comisión Nacional de Valores (CNV) por la falta de documentación respaldatoria, a lo que se suma la delicada omisión detectada por la Justicia de no haber presentado el anexo reservado con los bienes de su esposa, Bettina Angeletti. El cerco judicial se extendió con pedidos de informes a Migraciones por viajes en jets privados y consumos suntuarios, mientras en un frente paralelo el fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria de su hermano, Francisco Adorni, por irregularidades similares en sus declaraciones.
La crónica de la investigación judicial puso bajo la lupa una red de llamativas y dudosas operatorias inmobiliarias cruzadas por deudas cruzadas, préstamos sin interés de particulares y transacciones muy por debajo del valor de mercado. El modus operandi investigado por el fiscal Pollicita arroja luz sobre la adquisición de un departamento en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, y una propiedad anterior en la avenida Asamblea al 1100, en Parque Chacabuco. En estas transacciones comerciales cobró un rol central la escribana Adriana Mónica Nechevenko, una profesional de extrema confianza de la familia que no solo certificó las escrituras bajo sospecha, sino que registra al menos siete llamativas visitas al despacho de Adorni en la Casa Rosada entre 2024 y 2025, transformándose en una testigo clave citada a los tribunales de Comodoro Py.
De acuerdo con las constancias del expediente judicial, las vendedoras y supuestas financistas del departamento de Caballito fueron dos jubiladas identificadas como Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo (64 años). Según las declaraciones testimoniales recolectadas en los tribunales federales, estas mujeres le otorgaron al jefe de Gabinete un insólito crédito privado de 200.000 dólares a pagar en el plazo de un año y con una tasa del 0% de interés.
De este modo, el caso pasó en apenas tres meses de una serie de denuncias periodísticas sobre propiedades y gastos presuntamente incompatibles con los ingresos declarados a una controversia política, parlamentaria y judicial de alcance nacional, agravada por la admisión pública del propio Adorni de que mantuvo activos sin declarar y que recién fueron incorporados a sus presentaciones patrimoniales, solicitando el régimen de inocencia fiscal, después de iniciadas las investigaciones.
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