"Nosotros decimos que lo mejor que puede hacer Adorni es renunciar y sacarle la carga al presidente", disparó Luis Majul en su ciclo de El Observador 107.9. En su editorial radial, el periodista se refirió al escándalo del Jefe de Gabinete libertario y aclaró: "No estamos presionando, ni al él, ni a la familia. Al contrario, es una recomendación de buena gente, que se saque él mismo del ojo de la tormenta". "Si alguien interpreta como presión a la familia, para Lilia Lemoine o magoya, que se quede hasta que gane el kirchnerismo", cerró el conductor.
Luego de la entrevista que Adorni concedió la semana pasada a José Del Rio, en el programa Mesa Chica de LN+, las criticas tanto de opositores como de propios se multiplicaron. El primer intento público y extenso del funcionario de Casa Rosada por responder a las acusaciones sobre presuntas inconsistencias patrimoniales, que lo persiguen desde marzo, tuvo pésimas repercusiones en el gobierno mileista. Incluso,los analistas más cercanos al oficialismo debieron reconocer las inconsistencias del coordinador de ministros en sus declaraciones.
En el reportaje, emitido el 11 de junio, Adorni confirmó que presentó declaraciones juradas rectificativas y reconoció que había omitido informar activos por aproximadamente 500.000 dólares, una admisión que marcó un giro respecto de sus respuestas anteriores ante el Congreso. Durante la conversación con Del Rio, el funcionario sostuvo que el patrimonio cuestionado fue generado antes de ingresar al Gobierno nacional.
En LN+, el Jefe de Gabinete reconoció que tanto él como su esposa, Bettina Angeletti, mantuvieron durante años ahorros no declarados. “Ahorramos en negro como todos los argentinos”, respondió cuando se le preguntó por qué esos fondos no habían sido informados oportunamente. También aseguró que “la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro” y que nunca imaginó ahorrar en blanco durante aquellos años.
El jefe de Gabinete afirmó que parte de esos recursos provienen de ahorros acumulados durante años de actividad privada y otra porción de inversiones en criptomonedas. Según relató, había invertido alrededor de 200.000 dólares y posteriormente obtuvo ganancias cercanas a los 300.000 dólares. También sostuvo que regularizará la situación tributaria y abonará los impuestos correspondientes.

La polémica gira alrededor de una serie de bienes y gastos que distintos informes periodísticos y denuncias judiciales consideran incompatibles con los ingresos declarados por el funcionario. Entre los activos y operaciones bajo análisis aparecen una vivienda en el barrio privado Indio Cua, un departamento en Caballito, reformas de lujo presuntamente abonadas en efectivo, viajes nacionales e internacionales y consumos que habrían superado ampliamente los ingresos oficialmente registrados.
La cronología del caso comenzó a desarrollarse a principios de este año. El 25 de marzo, luego de que trascendieran investigaciones periodísticas sobre propiedades, viajes y movimientos patrimoniales, Adorni realizó una conferencia de prensa en Casa Rosada para rechazar las acusaciones. Allí aseguró que todo su patrimonio había sido construido en el ámbito privado y denunció una “operación política y mediática” en su contra. Sin embargo, evitó brindar detalles sobre varios de los bienes cuestionados debido a la existencia de actuaciones judiciales en curso.
A comienzos de mayo aparecieron nuevos elementos que intensificaron las sospechas. Una declaración vinculada a obras realizadas en una de sus propiedades indicó que el contratista habría recibido 245.000 dólares en efectivo y sin facturación formal. Paralelamente, se conocieron detalles sobre propiedades adquiridas por el funcionario y gastos que, según los denunciantes, no guardaban relación con los ingresos declarados.

Durante mayo y principios de junio la investigación judicial, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, continuó avanzando mientras la oposición reclamaba mayores explicaciones. Según diversas publicaciones, la Justicia comenzó a analizar documentación patrimonial, movimientos financieros, declaraciones juradas y operaciones inmobiliarias vinculadas tanto a Adorni como a su entorno familiar.
El punto de inflexión llegó con la entrevista televisiva de Mesa Chica, cuando el funcionario admitió públicamente la existencia de aproximadamente medio millón de dólares que no figuraban en sus declaraciones previas y confirmó la presentación de declaraciones rectificativas. Esa confesión provocó nuevas críticas de sectores opositores, que consideraron incompatible la situación con los estándares de transparencia exigibles a un funcionario de primera línea. El acogimiento de Adorni al régimen de “Inocencia Fiscal”, que fue impulsado por el mismo gobierno de Javier Milei, puede tener efectos tributarios aunque no bloquea una eventual investigación penal sobre el origen de los bienes.
De este modo, el caso pasó en apenas tres meses de una serie de denuncias periodísticas sobre propiedades, viajes y gastos presuntamente incompatibles con los ingresos declarados a una controversia política, parlamentaria y judicial de alcance nacional, agravada por la admisión pública del propio Adorni que mantuvo activos sin declarar y que recién fueron incorporados a sus presentaciones patrimoniales después de iniciadas las investigaciones.















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