Según reconstruyó el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación a partir del testimonio de cinco fuentes oficiales y privadas, el abogado Fernando Burlando protagonizó en las últimas semanas un nuevo intento por cerrar la causa penal del caso $Libra sin condenas. El letrado recorrió los tribunales federales de Comodoro Py y sondeó circuitos del poder en busca de una indemnización para los damnificados, en lo que ya es el tercer movimiento fallido desde que el escándalo estalló en febrero de 2025, cuando el colapso de la criptomoneda causó pérdidas por más de US$ 250 millones.
El plan de Burlando habría sido explorar la figura jurídica de la extinción de la acción penal por reparación integral del daño, prevista en el Código Penal. Para eso, el abogado intentó tantear primero a las partes para llegar después a los imputados con el respaldo de que el resto ya había dicho que sí. Pero la estrategia se derrumbó antes de completarse. El fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la pesquisa, se negó a recibirlo cuando Burlando se presentó en su despacho. "Fuimos a consultar al fiscal y ni nos atendió", admitió el abogado a sus allegados, según consignó Alconada Mon en La Nación. En los pasillos de Comodoro Py, Burlando llama a Taiano "el fiscal anti víctimas".
La causa tiene como denunciados al presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, el empresario estadounidense Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, entre otros. Ahí aparece el primer obstáculo legal: el Código Penal no permite la extinción de la acción penal cuando hay funcionarios públicos imputados en el expediente. Es la misma condición que el viceministro de Justicia Santiago Viola trazó ante un intento similar el año pasado: las querellas debían despegar a los Milei de la causa antes de avanzar en cualquier acuerdo.
El segundo obstáculo es Hayden Davis. Sus abogados reafirman que será difícil probar la configuración de un fraude y que, por tanto, el empresario no tendría por qué resarcir a los inversores. Sin esa voluntad, la fórmula de la reparación integral carece de motor real. "Ni siquiera los privados se interesaron. Podría venir Davis, podría venir Novelli a decir 'bueno, arreglemos esto'. De parte de ellos, hasta ahora nada", reconoció Burlando según consignó Alconada Mon. Para el letrado, los acusados muestran una miopía incomprensible: "Si yo fuese operador de Gobierno, salgo a arreglarlo inmediatamente", afirmó.
Tercer intento
Este es el tercer intento fallido que Alconada Mon reveló en los últimos meses. El primero fue protagonizado por la defensa de Davis, que en junio de 2025 sondeó depositar cerca de US$ 100 millones en una cuenta judicial para extinguir la acción penal en su contra. El segundo involucró a los abogados Nicolás Oszust y Agustín Rombolá, que representan a más de treinta inversores con pérdidas superiores a los US$ 4,5 millones, quienes mantuvieron una audiencia de mediación civil con letrados de Novelli, Terrones Godoy y el ex asesor de la CNV Sergio Morales. Esa instancia también quedó trunca.
El denominador común de los tres intentos, según el relevamiento de La Nación, es el problema del "fronting": nadie quiere asumir formalmente la reparación ante la Justicia ni dar la cara por el dinero a repartir. Una posibilidad que circuló en las conversaciones fue que una plataforma del mercado cripto asumiera ese rol, pero la propuesta generó resistencias por sus riesgos legales y reputacionales. Burlando, mientras tanto, deja una advertencia con fecha concreta: "Si pierden las elecciones de 2027 por este tema, van todos presos".
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