Un hilarante video creado por la cuenta de la Secretaría de Inteligencia Artificial se viralizó en las redes sociales y puso en foco un supuesto detrás de escena de la justificación patrimonial que dio a conocer Manuel Adorni la semana pasada. En el editado creado por IA se lo ve al jefe de Gabinete preocupado en su despacho mientras la escribana Nechevenko lo presiona para que confiese de dónde sacó sus bienes patrimoniales. A su alrededor, el asesor Santago Caputo, los ministros Federico Sturzenegger y Luis Caputo y la mismísima Karina Milei buscan con angustia, entre libros y papeles, alguna solución al tema. "¿Y si digo que la encontré en un pendrive?", cierra el funcionario interrogado.
Desde marzo de este año, la situación patrimonial de Adorni se convirtió en uno de los principales focos de tensión política para el gobierno de Javier Milei. Lo que comenzó con cuestionamientos sobre su nivel de vida y una serie de operaciones inmobiliarias terminó derivando en una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, con declaraciones públicas contradictorias y la utilización del régimen de “Inocencia Fiscal” impulsado por la propia administración libertaria.
La cronología del caso se inició cuando se pusieron bajo la lupa la adquisición de inmuebles y gastos que, según las denuncias, no parecían compatibles con los ingresos declarados por el entonces jefe de Gabinete. Entre los primeros cuestionamientos apareció una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, formalmente registrada a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. La propiedad fue adquirida mediante una escritura firmada ante la escribana Adriana Mónica Nechevenko y posteriormente fue objeto de extravagantes reformas de gran magnitud que incluyeron trabajos de ampliación, remodelaciones y mejoras edilicias que despertaron interrogantes sobre su financiamiento.
Paralelamente, a fines de marzo la atención se concentró en la compra de un departamento de aproximadamente 200 metros cuadrados en el barrio porteño de Caballito. Documentación registral reveló que la operación se realizó por unos 230.000 dólares y que gran parte del financiamiento habría provenido de préstamos privados otorgados por jubiladas vinculadas a la transacción. La investigación judicial comenzó a examinar especialmente el mecanismo utilizado para concretar la compra y la verdadera procedencia de los fondos.
La operatoria inmobiliaria terminó convirtiéndose en uno de los aspectos más controvertidos del expediente. Según la documentación incorporada a la causa, dos mujeres jubiladas aparecieron como financiadoras de una porción sustancial de la compra mediante instrumentos privados. La operación fue certificada por la misma escribana Nechevenko, quien posteriormente declaró ante la Justicia. El fiscal federal Pollicita ordenó una serie de testimoniales para reconstruir el recorrido del dinero y determinar si los préstamos existieron efectivamente en las condiciones informadas.
La declaración de la escribana abrió nuevos interrogantes. Nechevenko explicó los detalles formales de las compraventas que involucraron tanto el departamento de Caballito como la propiedad de Exaltación de la Cruz, mientras que otros testimonios incorporados al expediente describieron una triangulación en la que participaron intermediarios que acompañaron a las jubiladas durante la operación. El ex futbolista Hugo Morales, anterior propietario de uno de los inmuebles investigados, también fue convocado para explicar las condiciones de venta y el valor consignado en la escritura.
Con el avance de la investigación aparecieron además cuestionamientos sobre la evolución general de los bienes de Adorni y de su esposa. Diversas publicaciones periodísticas señalaron que la pareja acumuló propiedades en simultáneo sin que se hubiera registrado la venta previa de otras viviendas, alimentando sospechas sobre la capacidad económica necesaria para afrontar esas adquisiciones.
La respuesta pública más extensa de Adorni llegó durante una entrevista con José Del Río en LN+, emitido el 11 de junio. Allí sostuvo que había presentado toda la documentación requerida ante los organismos de control y rechazó haber cometido irregularidades. “No tengo nada que esconder”, reiteró, en línea con declaraciones previas. También afirmó que el origen de sus bienes podía explicarse por una combinación de herencias, ahorros acumulados durante años y ganancias financieras obtenidas antes de ingresar a la función pública.
En esa misma entrevista realizó una de las admisiones más resonantes del caso. Reconoció que había rectificado declaraciones juradas y explicó que parte de su patrimonio provenía de inversiones en criptomonedas. Según relató, había invertido aproximadamente 200.000 dólares y posteriormente obtenido ganancias cercanas a los 300.000 dólares. También admitió la existencia de fondos que no habían sido oportunamente informados al fisco y justificó esa situación con una frase que generó fuerte repercusión política: “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”.
Sin embargo, sus explicaciones no lograron cerrar la controversia. La utilización del régimen de Inocencia Fiscal por parte de Adorni y de su esposa fue interpretada por la oposición como una contradicción política, dado que el funcionario se acogió a un mecanismo que permite regularizar activos previamente no declarados. Aunque especialistas señalaron que el régimen no impide eventuales investigaciones por enriquecimiento ilícito, la decisión profundizó el debate sobre la transparencia patrimonial de uno de los principales funcionarios del Gobierno.
A tres meses del inicio del escándalo, la causa continúa girando alrededor de tres ejes centrales: los vuelos y gastos atribuidos al matrimonio Adorni-Angeletti, la adquisición y remodelación de la residencia en el country de Exaltación de la Cruz, y la compleja operatoria inmobiliaria del departamento de Caballito, donde la participación de jubiladas como prestamistas y la intervención de la escribana siguen siendo piezas clave para determinar si existieron o no irregularidades en el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete.
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