Los Expedientes Lindner: hoy, cómo Macri se deshizo de los funcionarios que interfirieron en sus negocios

Alfonso Prat-Gay llevaba solo horas fuera del Gobierno cuando su colega Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, hizo catarsis con un periodista amigo en un estudio de televisión.

En un corte del programa, le comentó:

–Esto de echarlo a Alfonso, después subirlo a un avión y mandarlo a besar el anillo del Presidente…

–Sí, fue bastante violento –interrumpió el periodista.

–Más que violento, fue un mensaje –dijo Frigerio–. No sé, parecen modales de la mafia calabresa.

Frigerio, como buena parte del Gabinete, estaba impactado por la forma intemperante en que Mauricio Macri se había deshecho de su ministro de Hacienda y Finanzas, el hombre con más pergaminos y más alto perfil de su gobierno.

Lo hizo echar por Marcos Peña el 26 de diciembre de 2016, un día después de Navidad, en el medio de las fiestas de fin de año y mientras él, su verdugo, ya se encontraba de vacaciones en Villa La Angostura.

Pero no le alcanzó con eso: después del despido, como remarcaba Frigerio, lo hizo viajar a la Patagonia en el avión de la Presidencia para tener un último encuentro mano a mano y para que el echado metafóricamente besara su anillo.

El “capo” quería dejar en claro quién manda.

Los ancestros de Macri son de Calabria, la región del sur italiano cuya mafia, la Ndrangheta, no tiene nada que envidiarle a la Cosa Nostra siciliana o la Camorra de Campania. De hecho, hoy se la considera la mayor organización criminal del mundo, dedicada al tráfico de drogas, el contrabando de armas, el lavado de dinero, la corrupción en la obra pública –lo dicen los investigadores internacionales– y los emprendimientos legales como restaurantes y supermercados.

Entre las familias tradicionales de esa mafia, señalan los entendidos, están los Piromalli de Gioia Tauro, los Tripodo de Sambatello, los De Stefano de Reggio Calabria, los Nitra de San Luca y los Macrì –con acento grave– de Siderno. El jefe de este último clan era Antonio Macrì, pero a los estudiosos del tema no les queda claro el parentesco con Giorgio, el abuelo del Presidente dedicado a la construcción y la política. Eso sí, era contemporáneos y de la misma región. ¿Hermanos? ¿Primos?

Antonio, aunque sea un nombre de lo más común, también se llamó el hermano de Franco Macri. Y la hija de Mauricio y Juliana Awada es Antonia.

Al grupo Macri alguna vez también se lo señaló por sus supuestos vínculos con la logia Propaganda Due del célebre mafioso italiano Lucio Gelli, relacionado a la Ndrangheta calabresa y amigo declarado de Juan Domingo Perón, además de impulsor del jerarca procesista Emilio Massera, otro apellido itálico. Mauricio dijo que se trata de “un mito”.

Nadie está en condiciones de afirmar que el presidente argentino integre las filas de la Ndrangheta, pero sin dudas la sangre tira. Un calabrés no olvida ni perdona. Es implacable con sus rivales. Sobre todo, con los que pretenden entrometerse en sus negocios. Contra estos últimos, la venganza siempre será terrible.

La del Alfonso Prat-Gay fue solo una de las cuatro renuncias que se desmenuzarán en este capítulo, y que se dieron todas en el breve lapso de tres meses.

Todos los casos comparten algo. En público, el Gobierno explicó que los echados se fueron porque no obedecían las órdenes de sus superiores Marcos Peña y los “controllers” Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, o porque el ajuste aplicado en sus áreas era insuficiente, o simplemente “por motivos personales”. Sin embargo, detrás de esas excusas asoman otras razones: todos los despedidos se habían animado, desde sus cargos, a cuestionar los negocios apadrinados por el “capo”.

Luego entendieron que era una mala idea.

Ese 26 de diciembre en que fue echado el ministro Prat-Gay, un lunes, el encargado de la ejecución fue el jefe de Gabinete. Tras comunicarle al economista que su etapa estaba cumplida porque Macri ya no toleraba su independencia de criterio, Marcos Peña además hizo públicos esos cortocircuitos en una conferencia de prensa: “No se trató de diferencias sobre la política económica. Se trató, en todo caso, de una discusión del diseño organizacional del Gobierno. Son diferencias sobre el funcionamiento del equipo”.

Es decir, sobre quién da las órdenes y quién debe acatarlas.

Peña apeló a la ironía cuando agregó que el echado había “manejado un ministerio desafiante, en un año desafiante por la transición económica”. Lo de “desafiante”, claro, era un pase de factura.

Ese mismo día, a media tarde, Prat-Gay fue recibido por Macri en el Sur, donde el Presidente le explicó que su salida era irrevocable y le habló de algún futuro y difuso cargo compensatorio que continuaba sin concretarse al momento en que este libro entraba en la imprenta.

El mensaje del jefe, aseguran cerca del ex ministro, fue el siguiente:

–Te conviene quedarte en Cambiemos, ¿adónde vas a ir si no?

De regreso en Buenos Aires, a la tarde siguiente Prat-Gay organizó su propia conferencia de prensa, en la que se elogió a sí mismo por los logros de su interrumpida gestión: la salida del corralito, el acuerdo con los holdouts que devolvió a la Argentina al mercado financiero internacional y lo que él llamó “el éxito indiscutible del blanqueo”, la medida gubernamental con la que el fisco había logrado rescatar de la economía negra unos 90 mil millones de dólares hasta esa fecha.

–Esto supera las expectativas aun de quienes eran optimistas –se despidió como un superhéroe el ministro–. Es una señal de que las cosas están cambiando en la Argentina y de que más allá de un equipo económico y de una administración, esto va mucho más lejos.

Traducción: aunque lo echaran, su contribución a la grandeza de la patria estaba hecha.

Marcos Peña se quejó ante el Presidente:

–El tipo convocó a una conferencia él solo, sin avisarle a nadie. ¿Quién se cree que es, el Estado?

Antes de volver al mencionado tema del blanqueo, que es clave para esta historia, hay que exponer los argumentos que en privado Peña les ofreció a los medios alineados con el Gobierno, y que fueron prolijamente divulgados por sus principales columnistas políticos. Al lugarteniente del Presidente le parecía inadmisible que Prat-Gay se negara a asistir a las periódicas reuniones de control de gestión con él y su dúo dinámico, los ex CEOs Quintana y Lopetegui. El díscolo ministro solo iba si sabía de antemano que también estaría Macri, y de lo contrario enviaba a sus subalternos. Peña, Lopetegui y Quintana lo vivían como una afrenta. Y por lo bajo lo trataban de “soberbio” e “indisciplinado”. “Solo le interesa su carrera política”, repetían, y hasta le asignaban supuestas intenciones de ser Presidente. Si Macri pudo, ¿por qué no él? Si los dos hasta habían ido al mismo colegio y la misma universidad, el Cardenal Newman y la UCA.

La mala onda entre Macri y Prat-Gay era evidente. Por ejemplo, en la cumbre de Davos de enero de 2016, el jefe había ordenado que marginaran al ministro de todas las fotos oficiales, como si nunca hubiera estado. Prat-Gay terminó improvisando y difundiendo por su cuenta una selfie con su amiga Máxima Zorreguieta, la reina de Holanda.

Pero, aunque todo eso fuera cierto, ¿alcanza para explicar que Macri decidiera desprenderse del más capacitado de sus funcionarios? ¿Lo hizo solo porque no aguantaba la autonomía y el brillo propio del “golden boy”? ¿O había alguna razón más que los verdugos de Prat-Gay no revelaban?

Esa pregunta les hice a varios de los integrantes del círculo de confianza del ex ministro. Las respuestas fueron sorprendentes.

Dos ex colaboradores de Prat-Gay me confiaron que hubo una discusión con Macri y Peña antes de su salida. Fue por el decreto de necesidad y urgencia que el Presidente sacó para incluir en el blanqueo de capitales, a último momento, a los parientes de los funcionarios: padres, cónyuges e hijos. Eso no solamente iba en contra de lo que decía la ley que el Congreso acababa de aprobar, sino también de lo que le habían explicado inicialmente a Prat-Gay cuando se puso al frente del tema.

El decreto salió el 30 de noviembre de 2016 y fue firmado por Macri, Marcos Peña y el propio Prat-Gay. Pero lo cierto es que el ministro no estaba convencido.

Lo firmó a regañadientes, y se lo hizo notar a sus superiores.

–A Macri ese gesto no le cayó nada bien –me confió uno de los ex colaboradores del ministro–. Y un par de semanas después lo echó a Alfonso.

El escándalo por el DNU presidencial explotó enseguida. Felipe Solá, aliado del opositor Sergio Massa, disparó: “Macri firmó el decreto para que su padre pueda blanquear plata. Esto es lo más vergonzoso desde que asumió”.

Lo cierto es que Franco Macri por estos días solo maneja su firma dedicada a los negocios con China, el Macri Group. Pero los hijos mayores de Mauricio, Agustina, Gimena y Francisco, heredaron las acciones de Socma que el padre les dio cuando asumió como jefe del Gobierno porteño. Los hermanos del Presidente, Gianfranco, Mariano y Florencia (Sandra, la cuarta, falleció en 2014), son los otros accionistas del grupo. Y todos, padre, hijos y hermanos, podían acogerse al blanqueo tras el polémico decreto de Mauricio. La lista de los familiares que se sumaron a la movida además está protegida por el secreto fiscal. No se sabe cuántos Macri se beneficiaron.

Nada de esto le gustaba a Prat-Gay, azorado con la medida.

Y sin embargo, fue por esa resistencia que Marcos Peña sádicamente lo obligó a defender el decreto en público.

El 8 de diciembre, el ministro se tragó ese sapo y explicó en conferencia de prensa: “Esto pone en el mismo plano a los parientes de los funcionarios con el resto de la población”.

Pero se le notaba la falta de convicción.

Sabía que los parientes de funcionarios no eran como los demás ciudadanos. Si la ley en un principio los había dejado afuera del blanqueo era porque en su contabilidad ellos podían encubrir aquellos ingresos en negro que sus familiares políticos no tenían manera de justificar: coimas y plata robada al Estado.  

El 13 de diciembre, el fiscal Guillermo Marijuan imputó al Presidente, a Peña y a Prat-Gay por el decreto de la polémica. La Justicia los investiga por supuesto abuso de autoridad.

Prat-Gay entonces volvió a plantear su queja:

–Yo les dije que esto era para quilombo.

¿Por qué él tenía que rendir cuentas a la Justicia por algo a lo que se había opuesto desde el primer momento? Había firmado el decreto, sí, pero creía que aquello podía considerarse algo muy parecido a la obediencia debida de los militares.

Los rumores sobre su renuncia empezaron a circular, pero sin que nadie precisara el real motivo. El Presidente había perdido la paciencia.

A trece días de la imputación, el ministro finalmente fue echado.

Horas antes aún les aseguraba a los periodistas fuera de micrófono:

–No me voy, no sé de dónde sacaron eso. A ustedes los están operando, ojo.

La diputada nacional Victoria Donda, de Libres del Sur, fue quien presentó la denuncia que derivó en la imputación del fiscal Marijuan. Conoce a su amigo Prat-Gay desde los tiempos en que ambos sex symbols de la política local compartieron el espacio Juntos, una alianza de 2013 con la que encabezaron la lista de senadores nacionales en las PASO del frente Unen, también integrado por “Lilita” Carrió, la referente del ex ministro por entonces.

Donda sabe lo que sufrió su amigo Alfonso con toda esta historia.

Me lo confirmó cuando la llamé a mediados de 2017, seis meses después del rudo desplazamiento del funcionario.

–¿En qué quedó la denuncia que presentaste contra Macri, Peña y Prat-Gay? –arranqué preguntándole.

Donda contestó:

–Está avanzando muy lento eso. Ni siquiera nos dejan tener acceso al expediente.

–Me contaron –le dije– que Prat-Gay, que fue uno de los que firmaron el decreto, tenía sus reservas...

La diputada se sinceró:

–Es cierto, él no estaba de acuerdo con eso. Estaba en contra del blanqueo de los familiares de los funcionarios.

–Pero firmó igual –le dije.

–Firmó, pero estaba en contra –insistió Donda–. Lo sé de buena fuente.

–¿Quién te lo dijo? ¿Él?

–No te voy a contar quién. Pero confiá en lo que te estoy diciendo, fue así.

–Eso ocurrió poco tiempo antes de que lo echaran –dije.

Donda rio:

–Sí, tal cual. Bueno, mejor lo dejamos acá...

Y se despidió.

El motivo por el cual le pidieron la renuncia al ministro era desconocido hasta ahora.

La relación del Gobierno con Prat-Gay hoy es de desconfianza. Siguen sin consolarlo con ningún cargo, ni siquiera alguno menor. Lo más que hubo fue una foto con Marcos Peña en mayo de 2017, cuando almorzaron en la Casa Rosada. El jefe de Gabinete subió la imagen a su cuenta de Twitter. El visitante se contentó con decir que el encuentro fue “positivo”.

Horas antes de ese almuerzo, en la embajada de España había advertido: “Por haber tantas voces en el área económica hay que hacer un esfuerzo complejo y casi ciclópeo de coordinación. Si hubiera una voz integrada, sería más fácil la comunicación. Pero es la decisión del Presidente y él es el que decide”.

La voz de mando que según Prat-Gay le falta a la economía, claro, es la suya.

El ministerio del “golden boy” se dividió en dos tras su partida. Nicolás Dujovne asumió en la cartera de Hacienda y Luis “Toto” Caputo es el ministro de Finanzas. El segundo, como ya se dijo, es primo de “Nicky” Caputo, el otro yo de Macri. El primero se hizo rápidamente conocido cuando trascendió que era empleado del Senado al mismo tiempo que decía que “sobran un millón de trabajadores en el Estado”. Ninguno de los dos, eso sí, interferirá nunca con los intereses del Presidente.

A Dujovne lo apadrinó Peña, quien días antes de la salida de Prat-Gay empezó a repartir entre otros ministros las copias de los artículos publicados por el economista en el diario La Nación.

–Léanlo –les recomendaba–. El tipo es brillante.

Valían más las notas periodísticas del sucesor de Prat-Gay que los evidentes logros de la gestión del ex ministro.

Le trasladé a Prat-Gay este mensaje: “Me confirmaron en su entorno que no estaba de acuerdo con el decreto que incluía en el blanqueo a los familiares de funcionarios. ¿Eso es cierto?”.

Pero el ex ministro no respondió, al menos no con un grabador encendido.

El segundo caso de este capítulo de funcionarios echados por meterse donde no los llaman es el de Isela Costantini, la CEO de Aerolíneas Argentinas que perdió su cargo solo cinco días antes que Prat-Gay, el 21 de diciembre de 2016. A ella la decisión también la tomó por sorpresa. Sus colaboradores en la aerolínea del Estado contaron que ese día la vieron llorando, sin llegar a comprender lo que ocurría.

–Si estábamos haciendo todo bien… –sollozaba.

Isela venía de ser la CEO de las oficinas en la Argentina de la automotriz General Motors cuando la convencieron de sumarse al Gobierno. Y en las reuniones semanales con sus superiores, la luz de la evaluación nunca estaba en rojo. Siempre verde, y algunas veces amarilla.

Nada hacía prever el desenlace.

Costantini no sospechó que se estaba metiendo en graves problemas cuando recibió a Germán Efromovich, el dueño de la aerolínea colombiana Avianca que con el aval del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y del “controller” Gustavo Lopetegui, ex gerente de LAN, fue a proponerle un sistema de código compartido entre su firma y Aerolíneas. Efromovich no era cualquier empresario: en marzo de 2016, su compañía Avianca había comprado MacAir, la firma de vuelos privados de la familia del Presidente. Le pagó 10 millones de dólares por esa adquisición, un precio que parecía algo inflado, pero que se justificaba por el potencial de la aerolínea. Con Macri en el poder, la promesa de obtener nuevas rutas aéreas era más que tangible. Ahora todo dependía de la buena voluntad de Costantini.

Pero ella rechazó la propuesta.

Ni aceptaba los vuelos de código compartido, ni tampoco veía con buenos ojos que la intrusa Avianca empezara a disputarle el mercado interno a Aerolíneas.

Efromovich le recordó que venía de parte del CEO Lopetegui y el ministro Dietrich.

Isela no dijo nada.

El visitante entonces le contó cómo había adquirido la empresa aérea de los Macri y conservado como segundo al ex gerente de esa firma, Carlos Colunga, al mismo tiempo que seguía usando las oficinas en Buenos Aires de la anterior compañía. La promiscuidad era tanta que el cambio de dueños todavía ni siquiera se había cristalizado en los registros de la Inspección General de Justicia (IGJ).

Pero Isela no se dejó conmover:

–Lamento no poder ayudarlo –despachó con frialdad al visitante.

Carlos Colunga, el segundo de Efromovich, también intentó suerte en paralelo a su jefe. Al diario Perfil le contó que se reunió tres veces con Isela.

–A todo me dijo que no. Yo le erré, le quise decir lo que éramos nosotros y ella no sabía de qué le estábamos hablando...

El Presidente ya había recibido a Efromovich en la Quinta de Olivos tras venderle su compañía, y en esa ocasión acordaron informalmente que Avianca se presentaría a la licitación de rutas aéreas que prometía el Gobierno para los próximos meses. Y que las ganaría, claro. Pero ahora, Isela se metía en el medio. ¿El Presidente cumpliría su promesa?

Efromovich le trasladó la pregunta por medio de Colunga, el ex CEO de MacAir ahora reconvertido en vicepresidente de Avianca, además de viejo amigo de Macri padre e hijo.

La respuesta llegó enseguida:

–Que se quede tranquilo –le mandó decir el Presidente.

En octubre de 2016, poco después del áspero encuentro de Efromovich con Costantini, terminó de formalizarse en los papeles la transferencia de MacAir a Avianca. Solo un mes más tarde, la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) convocó a una audiencia entre las partes involucradas para el 27 de diciembre.

Si Costantini, como CEO de Aerolíneas, hubiera participado de ese encuentro, su posición habría sido vetar el llamado a licitación de nuevas rutas.

Pero eso no ocurrió.

Porque la echaron seis días antes, el 21.

El Gobierno informó que se fue por “motivos personales” y ella directamente no habló. Poco después, el ministro de Transporte, Dietrich, dio una segunda versión: que el ajuste presupuestario en Aerolíneas no había sido suficiente porque Costantini se negaba a hacerlo. De caso Avianca, en cambio, nadie dijo nada.

En la asamblea convocada por la ANAC se avanzó con el llamado a licitación de las rutas aéreas y la participación de la empresa colombiana. El nuevo representante de la aerolínea estatal, Mario Dell'Acqua, no tuvo reparos, y eso que un dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la línea de bandera fechado el 22 de diciembre –un día después de la renuncia de Isela– alertaba que, según la legislación vigente desde 1967, las empresas extranjeras como Avianca no podían participar del proceso. Un detalle explosivo.

El director de Aerolíneas en representación de los trabajadores, Rodolfo Casali, lo resumió de esta manera:

–Uno puede sospechar que acá hay un tráfico de influencias porque el grupo Macri vendió MacAir, Avianca le pagó por ella lo que no valía, pero comenzó a valer porque Macri llegó al Gobierno.

El 13 de febrero de 2017, la ANAC firmó los dictámenes por los que recomendó al ministro Dietrich que aprobase sin restricciones las 26 rutas pedidas por Avianca. La aerolínea colombiana había conseguido el 100 por ciento de lo que exigió, mientras que las restantes cinco competidoras solo obtuvieron el 36 por ciento de las rutas pedidas.

Aunque una de ellas, Flybondi, también parecía correr con el caballo del comisario: le dieron 78 rutas de las 99 solicitadas, aunque fuera una empresa sin ningún antecedente, sin aviones y con un capital declarado de apenas 6000 dólares. Un sello de goma. Su propietario es el francés Richard Guy Gluzman, un antiguo socio de Mario Quintana –uno de los CEOs que secundan a Marcos Peña– en el grupo inversor Pegasus, dueño de la cadena Farmacity.

Colunga, el amigo de Macri, ex CEO de MacAir y actual vice de Avianca, se quejó:

–Mientras todos se distraen conmigo, dejan pasar al elefante que es Flybondi. Ese es el escándalo, el negociado.

Con tal de que no lo señalaran a él, no le importaba incinerar a otro competidor también avalado por la Casa Rosada.

Si Avianca tenía el aval del propio Macri y Flybondi el del CEO Quintana, la chilena LAN, otra de las aerolíneas favorecidas en la repartija de las rutas, contaba con el silencioso auspicio de Lopetegui, el segundo “controller” de Peña en la Jefatura de Gabinete y ex gerente en Buenos Aires de la misma compañía trasandina. Por ese antecedente laboral, Lopetegui en los papeles estaba inhibido de participar del lobby que fluía alegremente entre el Estado argentino y los privados.

Otro dato espinoso. El organismo estatal que ayudó a impulsar todo esto, la ANAC, está presidido por Juan Pedro Irigoin, un ingeniero que recién por entonces debutaba en la función pública y que es hermano de otro Irigoin, Jorge, que había dirigido el Correo Argentino SA de los Macri y ahora está al frente del Correo estatal. Siempre de los dos lados del mostrador.

Por esos días, un allegado a Isela Costantini le preguntó si estas irregularidades guardaban alguna relación con su despido.

–¿Te echaron por oponerte al ingreso de Avianca y las otras aerolíneas low cost? –le planteó sin vueltas.

El allegado me transmitió la respuesta de ella:

–Puede ser... Recién ahora estoy empezando a entender algunas cosas.

El mismo informante también llamó a la pareja de la ex funcionaria, Fernando Cinalli, quien confirmó que ella tenía sospechas sobre el verdadero porqué de su renuncia.

–Lo de Avianca y las low cost fue decisivo, pónganle la firma –dijo el hombre.

Cuando se le preguntó si Macri le había propuesto volver al Gobierno en otro cargo, acaso para asegurarse su silencio, Cinalli respondió con un emoticón desde su cuenta de WhatsApp: una carita con los ojos mirando para arriba.

Lo cierto es que el operativo de contención del Gobierno empezó ni bien la prensa posó su lupa sobre Avianca y el reparto discrecional de las rutas aéreas. Si alguien sabía del tema, esa era Isela.

Una ex secretaria de ella me confió por entonces:

–Le siguen pagando el sueldo a ella. Eso va a ser así hasta que consiga nuevo trabajo.

En la Casa Rosada, como era de esperarse, lo desmintieron. Tal vez el supuesto pago no era en blanco.

También hubo una foto que Macri festejó como si fuera una reconciliación tácita: él y Costantini juntos en Chapelco, donde habían coincidido para las vacaciones a mediados de febrero. Esa postal buscada por el Presidente pretendía aventar las sospechas sobre el ingreso de Avianca al mercado aéreo local, confirmado por esas mismas horas.

Pero la calma duró poco. Dos semanas después, el 1º de marzo de 2017, el fiscal Jorge Di Lello le sumó otra imputación a Macri, esta vez por los supuestos cargos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias, todo por el caso Avianca. En el Gobierno, en vez de esa catarata de figuras legales, prefieren hablar de conflictos de intereses no comprobados.

Además de Macri, también fueron imputados su padre Franco –el fiscal desconocía que MacAir ya era propiedad de sus herederos–, el ministro de Transporte, Dietrich, y los titulares de la aerolínea colombiana, Efromovich y Carlos Colunga, además del hijo del segundo, Diego.

Colunga junior es el dueño de Unidos Air, una aerolínea contratada por el Gobierno para algunos vuelos del Presidente. El responsable de esas contrataciones, que favorecieron al hijo, fue el sobrino de Colunga, Carlos Cobas, también imputado. Fue directivo de MacAir, es empleado de Avianca y además trabajó para la Casa Rosada hasta que tuvo que renunciar por este caso.

En cuanto a Carlos Colunga, el histórico piloto de los Macri, fue él quien levantó las primeras sospechas cuando el Gobierno intentaba explicar que la renuncia de Isela Costantini había sido por “motivos personales” o falta de capacidad para ajustar los números de la empresa.

Dos días después de que la echaran, Colunga declaró:

–La gestión de Isela fue pésima, al menos para el erario público. Si te defienden los gremios, es porque algo mal hiciste.

Después lo hicieron callar: que uno de los principales beneficiados por el alejamiento de la funcionaria encima saliera a bailar sobre su cabeza cortada podía leerse como otro gesto calabrés.

En ese reportaje vengativo, el periodista del diario Perfil le había preguntado:

–¿Pero les interesan rutas que ya brinda Aerolíneas?

–Imaginate –dijo Colunga– destinos como Paraná, donde van aviones de cien plazas para traer 14 pasajeros. Así, Aerolíneas cuanto más vuela, más pierde. Las rutas no rentables tenía que licitarlas o entregarlas, y trabajar las más rentables.

–¿Pero no habría despidos en Aerolíneas?

–Sin echar gente. Si ella hubiera sido viva, lo hacíamos juntos. Yo le pagaba a ella por las rutas...

Pero Isela no fue viva. Por eso el Presidente y su amigo Colunga la sacaron del medio. Y Avianca tuvo sus propias rutas en vez de compartir las de Aerolíneas.

Antes del desenlace, es cierto, el Gobierno tuvo que dar un sigiloso rodeo. El 6 de marzo de 2017, cinco días después de la imputación del fiscal Di Lello contra Macri, el ministro Dietrich –otro de los investigados– anunció que la adjudicación de rutas a Avianca y Flybondi quedaba en suspenso hasta que la Oficina Anticorrupción del Gobierno analizara ambos casos para desechar que hubiera una irregularidad. Finalmente, con el escándalo ya lejos de las primeras planas de los diarios, el 8 de mayo se le dio luz verde a Avianca. Flybondi tuvo que esperar unas pocas semanas más.

La causa judicial, como la del blanqueo que incluía a los familiares de funcionarios, tampoco tiene apuro en avanzar. El juez Sergio Torres aún no citó a declarar a Isela Costantini como testigo, una de las medidas exigidas por el fiscal.

La funcionaria echada además consiguió trabajo en el sector privado, en paralelo a la habilitación de la aerolínea de Efromovich y Colunga, también en mayo de 2017, una coincidencia astral.

¿El empleador? El Grupo ST, un holding financiero entre cuyos principales accionistas está Marcelo Mindlin, el empresario favorito de Macri. Es el mismo que compró la constructora Iecsa, del primo del Presidente, Angelo Calcaterra, cuando esa empresa cayó bajo sospecha por las coimas del caso Odebrecht.

¿Contratar y solventar a Isela es otro favor que Mindlin le hace a Macri?

Ella, que tiene su carácter, igual envió un mensaje cuando la entrevistaron por su nuevo trabajo:

–La próxima empresa en la que quería trabajar debía ser una que tuviera valores compatibles con los míos. No hay empleo ideal, pero la parte de la integridad y los valores es importante.

Integridad. Valores. Isela no puede con su genio.

El tercer caso de este capítulo es el de un viejo conocido de Macri, Carlos Melconian. Lo echaron de la jefatura del Banco de la Nación el 19 de enero de 2017, solo un mes después de las salidas de Costantini y Prat-Gay.

El que lo llamó la noche anterior fue el CEO Quintana, uno de los alfiles de Marcos Peña.

–Te tenés que ir del banco –le dijo– porque estamos buscando un equipo económico más homogéneo, alineado...

Melconian fue a la Quinta de Olivos a la mañana siguiente para pedir explicaciones. Macri no se las dio. Al contrario, incluso elogió su trabajo al frente del Banco Nación.

–¿Entonces por qué me echan? –se irritó el economista.

El jefe volvió con la cantinela del alineamiento y le recordó sus diferencias públicas con otros integrantes del equipo económico.

¿Pero era ese el único motivo?

Repasando su paso por el banco, Melconian recordó un reciente entredicho. Fue con la Jefatura de Gabinete de Marcos Peña, que le había pedido 70 mil millones de pesos del Banco Nación que servirían para financiar el déficit fiscal. A cambio, le darían un bono.

Él contestó:

–Ni en pedo, esa plata la necesito. ¿Qué hago si no con mis proyectos para Pymes?

A su sucesor en el cargo, Javier González Fraga, fue sencillo convencerlo por más que el Banco Nación, en los papeles, se considere un ente autárquico. Le sacaron casi 90 mil millones de pesos.

Pero Melconian no tenía certezas de que el motivo hubiera sido ese. Cuando la prensa le preguntó por su destitución, solo dijo:

–No hubo nada en particular. Me voy a remitir a la versión oficial. Se me transmitió, tal cual ha sido publicado en un comunicado, la búsqueda de homogeneidad en el equipo y el agradecimiento por la pasión, dedicación, profesionalismo y éxito en el banco.

Sin embargo, había algo más. Algo que enlazaba a Melconian con la que fue la peor patinada del Gobierno.

El 8 de febrero de 2017, veinte días después de la salida de Melconian, trascendió que la fiscal general Gabriela Boquín había dictaminado que debía rechazarse el acuerdo alcanzado entre el Estado y el grupo empresario de los Macri por la deuda que el holding mantenía por la concesión cancelada del Correo. Socma jamás había pagado el canon por ese negocio que le dio Menem en 1997. Kirchner se lo quitó en 2003, luego de que Correo Argentino SA, la empresa creada por los Macri, estuviera en concurso preventivo durante dos años.

¿Qué decía la fiscal Boquín? Que el acuerdo entre el Estado y Correo Argentino SA, o entre el Macri presidente y el Macri empresario, “equivalía a una condonación de la deuda” y “debía considerarse abusivo”. Se había firmado en junio de 2016, sin que por entonces trascendiera a la prensa.

Socma proponía pagar 600 millones de pesos (no dólares, a pesar de que la deuda era de los tiempos del “uno a uno”) y exigía hacerlo en cuotas que se extenderían hasta el año... ¡2033! Y en paralelo, no desistía de su reclamo judicial contra el Estado por haberle quitado la concesión y pedía un resarcimiento de 300 millones de pesos. Ese fue el cálculo que hizo el actual CEO del grupo Macri, Leonardo Maffioli.

–Nos robaron –clamaba Maffioli.

Para la fiscal Boquín, en cambio, el Estado debía cobrar, si se actualizaba la deuda, unos 4700 millones de pesos en el momento exacto de ese acuerdo. Y si se aceptaba el cómodo plan de cuotas que pedía Socma hasta el lejano año 2033, esa suma, según la fiscal, ascendería a 70 mil millones de pesos. Le tenía poca confianza al combate del PRO y sus sucesores contra la inflación.

Cuando el escándalo tomó estado público, la primera reacción de Macri fue el silencio. Hasta que días después llegó una nueva imputación judicial contra el Presidente, esta vez del fiscal Juan Pedro Zoni.

Entonces sí, el jefe habló en una conferencia de prensa:

–Si me equivoco doy un paso atrás y me corrijo. He instruido que todo vuelva a fojas cero.

Así de fácil: se había equivocado, puede pasarle a cualquiera.

Cuando un periodista lo consultó por los dichos del CEO Maffioli, el Presidente entrecerró los ojos y respondió con la voz apagada: dijo que esperaba que todo se resolviera en la Justicia. Que el curioso apellido de su CEO hubiera trascendido en una conferencia que era seguida por cientos de miles de televidentes no le causó gracia.

Su parte de las acciones de Socma hoy no está a su nombre, sino al de sus hijos mayores, como ya se dijo. Pero la maniobra de todos modos era indefendible: el Presidente intentaba condonarles una deuda millonaria a sus familiares, y decía que se trataba de un simple error.

¿Macri realmente se había “equivocado”, como él lo definía? Un integrante de la mesa chica del Gobierno me confió que costó bastante convencer al jefe para que diera marcha atrás. Estaba encaprichado en que no había ningún delito.

–Es injusto –se quejaba–. A Repsol le pagaron cuando los K le sacaron YPF…

Al final, como siempre, las encuestas lo disuadieron: desde el comienzo del escándalo, hacía más de una semana, su imagen positiva había bajado 5 puntos o más.

¿Pero qué tiene que ver con todo esto el echado Melconian? Mucho. Cuentan que él mismo ató cabos por esas horas calientes y que les confió su hipótesis a varios periodistas amigos.

Al día siguiente de la marcha atrás de Macri, en el diario Clarín apareció un artículo firmado por su columnista estrella Marcelo Bonelli. Se titulaba: “Un informe oficial desaconsejó el polémico acuerdo con el Correo”. Y revelaba que fue el Banco Nación dirigido por Melconian quien objetó el plan de pagos propuesto por Socma. Lo hizo a mediados de 2016, pocos días antes de que el Gobierno avanzara con el acuerdo a pesar de esa advertencia explícita.

Bonelli escribió: “Los cuadros técnicos del Banco Nación tuvieron una posición similar a la de la fiscal que cuestionó el contrato. Se trata de documentos que incomodan, y mucho, a la Casa Rosada. La Jefatura de Gabinete estaba al tanto de la 'bolilla negra' que el Banco Nación le había puesto al arreglo, pero eso se ignoró a la hora de acordar con Correo Argentino”. Socma le adeudaba unos 50 millones de pesos al banco del Estado, pero a los funcionarios de Melconian les pareció ridícula la tasa de interés y la cantidad de cuotas que planteaba el holding de la familia Macri.

La nota agregaba que el episodio ocasionó una fuerte pelea entre Melconian y el CEO Quintana, el mismo que medio año más tarde, paciente, le pidió la renuncia.

El Presidente, como debe ser, desde un principio estuvo al tanto de la objeción del Banco Nación a ese acuerdo ventajoso para el Macri privado y ruinoso para el Macri gobernante. Pero desoyó la advertencia, además de mantenerla en secreto.

–Carlos hoy cree que el verdadero motivo de su despido fue ese –me confió un allegado a Melconian.

El economista mantuvo un perfil subterráneo tras su salida del Gobierno hasta que en junio de 2017 participó del congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Allí criticó con dureza la política económica del Gobierno y su falta de resultados.

–Ojo… Porque esto se puede ir todo a la mierda –dramatizó.

El posterior tirón de orejas del Presidente hizo que se llamara nuevamente a silencio.

Eso sí, aún se deben una charla sobre el Correo.

El cuarto y último caso de este capítulo es el del ex titular del Pami, el radical Carlos Regazzoni. Lo echaron del organismo de los jubilados el 15 de marzo de 2017 y el modus operandi fue el mismo que con Melconian: primero un llamado de uno de los CEOs de Peña, esta vez Lopetegui, y luego una reunión de despedida con el Presidente.

Regazzoni tampoco se lo veía venir.

Lopetegui le comunicó:

–No es nada personal con vos, pero necesitamos profundizar el ajuste en tu área y para eso tenés que dar un paso al costado.

Regazzoni trató de defenderse, pero el otro fue impiadoso.

–Los números tuyos son malos –le dijo.

Otra vez la misma excusa para expulsar a alguien: el despedido no tenía estómago para ajustar lo suficiente.

Y eso que en enero de 2017 había anunciado el antipático recorte en los medicamentos gratuitos para los jubilados, que le generaría 1600 millones de pesos de ahorro anual al Estado porque dejarían de percibir ese beneficio los ancianos que tuvieran obra social, ingresos que superaran por muy poco la jubilación mínima o autos de menos de 10 años de antigüedad. Extrañísimos criterios.

–Es un acto de justicia social –fue la infeliz frase que eligió Regazzoni para respaldar esa vapuleada medida.

Luego de que el CEO Lopetegui le pidiera la renuncia, Macri lo recibió para darle su premio consuelo.

–Te necesito como candidato en la provincia –le palmeó la espalda el Presidente.

Regazzoni aceptó. Y todos felices.

Sin embargo, algo le hacía ruido al ex funcionario. Algo que había ocurrido tres meses antes de su salida, en diciembre de 2016. Por esos días le tocaba renegociar los precios de los medicamentos para 2017 con el sector farmacéutico, una tarea que por su cargo le correspondía.

Pero uno de los CEOs del jefe de Gabinete, Mario Quintana, le dijo que de eso se encargaría él, con el agravante de que seguía siendo accionista de Farmacity.

Regazzoni se opuso. Discutieron fuerte. Y el del Pami pidió una reunión con Macri.

–Esa es una función mía –le recordó al Presidente.

Y subrayó la incongruencia de que uno de los actores principales del rubro farmacéutico, Quintana, se ocupara de fijar los precios de ese sector.

Macri simuló comprensión y le dijo que él quedaría al frente del tema.

Pero tres meses después lo echó. Y los precios fueron los que determinó Quintana.

Interferir con los negocios del jefe y de sus colaboradores no era gratis.

Un cercano colaborador de Regazzoni le contó esa trastienda a la revista Noticias.

–Se la tenían jurada –concluyó el informante.

Pero cuando la historia salió publicada, el propio Regazzoni llamó desesperado para que se desmintiera.

En la revista publicamos su urgente rectificación, aunque señalamos también que la primera versión que él ahora pretendía borrar con el codo era la correcta.

El colaborador de Regazzoni volvió a llamar tras la segunda nota:

–No saben cómo lo apretaron a Carlos –dijo–. Le pidieron que desmintiera todo si quería ser candidato, por eso lo hizo.

Pero era tarde para explicaciones.

El nuevamente obediente Regazzoni al final ocupó su lugarcito en la lista del PRO: candidato a concejal en el distrito de Almirante Brown, nada muy descollante.

Lo curioso es que en alguna de sus recorridas de campaña lo acompañó su verdugo, Quintana, el hombre de Marcos Peña y de Farmacity, y el que lo había echado en nombre del “capo”.

Sí, otro gesto calabrés.