Petri vs. Ziliotto: el Atuel, las regalías y la ruta a 2027

La pelea por Los Nihuiles no se mide en dólares sino en décadas. El viernes 11 de septiembre, el Decreto 982/26 firmado por Javier Milei y Luis Caputo derogó el Decreto 1560/73 de Alejandro Lanusse y le otorgó a Mendoza el 100% de las regalías del complejo hidroeléctrico de San Rafael. Cinco días después, el juez federal de Santa Rosa Juan José Baric suspendió los artículos 3 y 4 con una cautelar interina, bajo la Ley 26.854, y le pidió a Nación un informe en tres días.

El gobernador Sergio Ziliotto lo celebró en X: "La Pampa seguirá cobrando regalías del Rio Atuel. Una vez más, luchar por lo que corresponde al pueblo pampeano da sus frutos. El Juzgado Federal de Santa Rosa dictó una medida cautelar que ordena la suspensión inmediata de los efectos de los artículos 3 y 4 del Decreto 982/26 del Presidente Milei. Agradezco a las y los dirigentes y a organizaciones sociales y partidos políticos que apoyaron esta lucha por nuestro río Atuel. Seguiremos defendiendo La Pampa. Cada día, donde sea, ante quien sea."

La respuesta llegó desde Mendoza. Luis Petri, diputado de La Libertad Avanza, exministro de Defensa y probable candidato a gobernador en 2027, escribió: "Gobernador @ZiliottoSergio: Una causa entre provincias se resuelve en la Corte Suprema, no en un juzgado de Santa Rosa. Los Nihuiles están en territorio mendocino, se construyó con esfuerzo mendocino y la Ley 15.336 es clara: las regalías corresponden a la provincia donde está la fuente. El Decreto 982/26 no le roba nada a La Pampa, le devuelve a Mendoza lo que siempre fue suyo. Mi provincia y La Pampa se verán en la Corte."

Río o fuente

El expediente enfrenta dos doctrinas. Mendoza invoca el criterio de la fuente: la regalía nace del salto de agua y el salto está en su territorio. La Pampa esgrime el criterio del río: el Atuel es interprovincial desde el fallo de la Corte de 1987, ratificado en 2017 y 2020, y la energía se genera con agua compartida. Su carta fuerte es el convenio de 1992 entre Nación y las dos provincias, aprobado por ambas Legislaturas y homologado por la Corte. La cláusula quinta obliga a Nación, a Mendoza o al dueño del complejo a pagarle regalías a La Pampa según la Ley 15.336 y el Decreto 1560/73, y el acuerdo le dio un sistema de contralor sobre Los Nihuiles. La paradoja: el Decreto 982 cita ese convenio entre sus fundamentos. Mendoza replica que el acuerdo admitía revisión por normas o fallos posteriores.

Hay además un dato de calendario. Mendoza litiga desde 2022 contra el Estado nacional ante la Corte; el 27 de agosto el tribunal admitió citar a La Pampa, a pedido de la propia Nación, y catorce días después el Ejecutivo resolvió por decreto lo que estaba bajo juicio. Petri sostiene la otra cara: la causa es de competencia originaria de la Corte, por el artículo 117, y un juez de primera instancia no puede tocarla. Ambas lecturas coinciden: la última palabra no será de Santa Rosa. La cautelar, además, es provisoria hasta que el juez resuelva el pedido principal.
Poca plata, mucho en juego

Desde que la Ley 23.164 elevó la regalía al 12% en 1984, cada provincia cobra un 6%. Con centrales fuera de servicio y energía barata, las regalías rondan US$2,5 millones anuales. El volumen está en otra parte: la concesión por 30 años del complejo y la venta de las acciones de HEMSA, y la demanda mendocina por US$680 millones de regalías pasadas. El decreto rige hacia adelante; la deuda histórica sigue en manos de la Corte.

Para La Pampa, el dinero nunca fue sólo dinero. Desde que El Nihuil cortó el río en 1947, el oeste pampeano sufrió desertificación y éxodo, y el caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo que fijó la Corte en 2020 no se cumple, según denuncia Santa Rosa. La regalía funcionaba como el único reconocimiento material de que el Atuel también le pertenece. Quitarla con el criterio de la fuente separa la energía del agua y convierte un reclamo ambiental en un pleito contable.

2027 corre por el cauce

La disputa atraviesa los partidos. En La Pampa, radicales como el senador Daniel Kroneberger respaldaron al peronista Ziliotto. En Mendoza, hasta la peronista Anabel Fernández Sagasti defendió el 100% para su provincia. El Atuel es causa provincial antes que bandera partidaria, y por eso rinde en las urnas.

Ahí entra Petri. Alfredo Cornejo no tiene reelección en 2027 y no lo ve como su sucesor natural. El exministro, que dejó la UCR por La Libertad Avanza, recordó que en 2020 presentó el proyecto para derogar el decreto de Lanusse. Busca quedarse con un triunfo que Cornejo ya reivindicó como defensa del patrimonio mendocino. El gesto de la Casa Rosada admite, a su vez, una lectura evidente: favorece a un gobernador aliado y golpea a uno opositor.

El decreto no cerró el conflicto, lo trasladó a una Corte que tiene el Atuel en sus manos desde 1987 sin poder clausurarlo. La pregunta de fondo sigue intacta: de quién es un río que se corta en una provincia y se seca en la otra.