En el monte de Santiago del Estero, en la localidad sureña de Añatuya, hay una carpa negra. Allí los campesinos montan una guardia permanente para resistir un desalojo en el paraje rural Lote 48, donde vive la familia Quiroga. Un foco de 25 watts, cargado durante el día por un panel solar, alumbra a una ronda que toma mate alrededor de un brasero para engañar los estómagos nocturnos. Mientras ceba, Damián Quiroga (22) interrumpe el silencio y pregunta: -Si el francés viene ahora, ¿qué hacen?
-Sigo tus órdenes-, le responde Abril, una brigadista de escolarización del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Vía Campesina).
-Es fácil decirlo en la comodidad de una charla, pero cuando aparecen las armas la mente se nubla y hay que actuar rápido - le contesta Damián.
-¿Y ustedes que harían?-, pregunta Noticias.
-Resistir. Hasta la última gota de aire-, se oye decir a Dalila, de 14 años.
El francés es Patrice Lannou, un hombre de 57 años que vive en San Isidro y es gerente de KSB Compañía Sudamericana, una empresa de bombas hidráulicas, en Villa Adelina, provincia de Buenos Aires. En 2003, Oscar Quiroga, padre de la familia que habita y trabaja hace tres generaciones el campo de 1395 hectáreas, comenzó los trámites en la Municipalidad de Añatuya para conseguir los títulos de tierra que correspondían en vigor de la Ley Veinteañal, que especifica: una comunidad que tenga la posesión de tierras por más de 20 años y ha hecho diferentes mejoras, criado ganado o cultivado tiene derecho a las escrituras del territorio. Así lo demanda el artículo 1928 del Código Civil (y el 1894 del antiguo Código Civil). Pero el francés apareció con un título de tierra -que le afirmó a Noticias haberlo comprado en Buenos Aires, aunque no reveló el documento- y comenzó el conflicto por la posesión.
Desde ese entonces, el asunto tuvo sus vaivenes entre órdenes de desalojo firmadas por el Juzgado de Añatuya, a cargo de Álvaro Mansilla, en favor del francés, y retomas del campo por parte de los Quiroga con ayuda de otros indígenas agrupados en el Mocase VC. Pero en 2015 la violencia escaló y el francés envió al ex policía de Santiago del Estero Luis “Gordo” Suárez a liderar una banda armada de cuatro personas para que invadieran el campo donde se encontraban los Quiroga. Claudia Coronel, esposa de Oscar hace 27 años y madre de los cinco hijos que tienen juntos, recuerda que se instalaron en el monte con una escopeta, un revólver y un machete. “Hicimos la denuncia al Comité de Emergencia, dependiente de la jefatura de gabinete provincial, y la policía les quitó el armamento pero ninguno fue detenido. Nosotros mismos los echamos”, afirma Coronel.
Sin embargo, Oscar Quiroga cuenta: “En febrero último, el juez Mansilla firmó una nueva orden de desalojo en favor del francés para el Lote 48 y fue acompañado otra vez por el ‘Gordo’ Suárez con el mismo armamento que había sido incautado, en custodia de Mansilla”. Fuentes confiables de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ex Registro Nacional de Armas) le confirman a Noticias que Patrice Lannou posee la tenencia de las mismas armas utilizadas en la invasión: una escopeta calibre 12 y un revólver 9 milímetros. También informan que no hay ningún escrito que prevea algún procedimiento judicial por el armamento, ni siquiera el secuestro de 2015. Noticias intentó comunicarse con Mansilla pero no obtuvo respuesta. Por su parte, Lannou no niega tener las armas en discordia y dice que no quiere dar declaraciones al respecto.
Gustavo Vasallo, uno de los referentes del Mocase, denuncia que el juez Mansilla forma parte de organización ilícita que opera dentro de la Justicia santiagueña para desalojar a las familias campesinas. En este sentido, el pasado 30 de junio Mansilla firmó una nueva orden de desalojo –aún vigente- para el Lote 48. El oficio lo retiró Walter Niccolai, abogado e hijo del actual Ministro de Desarrollo Social de la provincia, Ángel Niccolai. El funcionario es un hombre histórico del radicalismo que tiene fuertes vínculos con Emilio Rached, el referente de Cambiemos en Santiago del Estero y candidato a Diputado nacional en las próximas elecciones.
El conflicto de tierras en Santiago del Estero se remonta a las últimas épocas en las que Carlos Juez fue Gobernador de la provincia y vendió varias de las tierras fiscales que estaban pobladas por los indígenas. Algunos casos lograron resolverse pacíficamente, pero muchos otros tuvieron la marca de la violencia parapolicial, como en los asesinatos de los campesinos Cristian Ferreyra, en 2011, y Miguel Galván, en 2012. Una de las disputas más cruentas la protagonizó Orlando Canido, accionista de la empresa de gaseosas Manaos, en la localidad de Bajo Hondo. En Tacañita, como pudo constatar la revista Veintitrés, también se encontraría implicado Roberto Jaime Goldfarb, fundador y ex dueño del mayorista Diarco, quien está vinculado en la estafa fiscal del Banco HSBC de Ginebra. Por su parte, también en Añatuya, el empresario Domingo Tonani está apuntado de querer apropiarse las tierras de Symbol Bajo y Lote 29 mediante la extorsión.
Tonani es un productor algodonero de 73 años, dueño del supermercado La Rural y una radio en Añatuya. Tiene la voz ronca y pausada. Cuenta que está orgulloso de ser agropecuario, pero que también carga con el estigma de una clase terrateniente que representa “el pecado capital más grande de un ser humano”. Cuando sus nietos le preguntan qué es ser poderoso, él les contesta que “es darle de comer a 40 millones de argentinos”. Tonani es un hombre que puede ser tan solidario para donarle un terreno a Margarita Barrientos para que instale un hogar para ancianos, como tan severo para no pagarle los aportes jubilatorios a sus empleados de Agrotex, hace al menos un año. Barrientos dijo que si Tonani se llega a presentar como Intendente en Añatuya, ella “mueve a toda la familia para votarlo”. Sin embargo, Tonani afirmó que no quiere meterse en política.
Darío Ponce (26) nació y fue criado en el campo Symbol Bajo de 700 hectáreas, al igual que su madre Estela Sequeira. Ponce cuenta que Tonani se molestó porque junto a su hermano Juan construyeron en 2014 una pequeña casa, y los acusó de que poblarían todo el campo con más familias. Para resolver el asunto, Tonani ofreció un acuerdo: el reconocimiento de 40 hectáreas de campo, una casa de material, 10 animales vacunos que cotizaban $75.000 y la suma neta de $150.000. El arreglo entre partes lleva la firma de Domingo Tonani, Estela Sequeira y su hermano Enzo
Sequeira. Sin embargo, los hermanos Ponce no estaban dispuestos a aceptar el acuerdo porque “40 hectáreas no alcanzan para nada en una zona donde no llueve nunca y porque correspondía más territorio”. Además, Ponce sostiene que su madre y su tío fueron presionados para que firmara el acuerdo “como pasó con otros campesinos que solo le dieron 5 hectáreas”.
La insurgencia de los Ponce hizo que Tonani cercara con postes los límites de ambos terrenos. Pero la familia prontamente retiró los postes que “invadían su territorio”. Hasta que una tarde de septiembre de 2015 Tonani se presentó con una camioneta, acompañado por su abogado Rodolfo González y tres policías armados. Según consta la denuncia penal radicada en la fiscalía de Añatuya, en turno de Gustavo Cejas, González les dijo a los campesinos: “Les conviene arreglar por las buenas porque si no van a terminar todos presos”.
Tonani fue consultado por Noticias y dice que solicitó todas las matriculas de sus bienes para “demostrarle a la justicia todas las propiedades que están registradas a su nombre”. Admite que tiene un conflicto de tierras que “no generó” y desmiente que haya extorsionado a los campesinos. Sostiene que “el Mocase le genera mucho miedo”.
Aunque no se registran ni siquiera imputaciones, la ley 26.160 de reconocimiento indígena prevé penas de cárcel de hasta seis años para las personas que invadan sus tierras. A su vez, la reglamentación tiene la misión de relevar los territorios indígenas y otorgar los títulos de propiedad. Pero un informe de Amnistía Internacional constata que hasta el momento solo se relevaron 459 de las 1542 comunidades registradas. La ley ya tuvo dos vencimientos, pero el pasado 8 de noviembre la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por unanimidad la prórroga de la ley 26.160 hasta el 23 de noviembre de 2021, con aceptación previa del Senado. Desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas le aseguran a Noticias que en Santiago del Estero las próximas carpetas son las de Lule Vilela: las comunidades que tienen los conflictos en Añatuya.
por Santiago Carrillo
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