Fue para ayudar a su amigo Hugo Chávez a formar una coalición antioccidental de países paria que Cristina decidió poner fin al enfrentamiento con la República Islámica de Irán que, según la Justicia nacional, había organizado el atentado devastador contra la sede de la AMIA en que murieron 85 personas y quedaron heridas más de 300. Aunque se trataba de una iniciativa fea y, en opinión de muchos, vergonzosa, el Congreso, dominado como estaba por el kirchnerismo, la ratificó. De tal modo, 131 diputados y 39 senadores se hicieron cómplices de lo que según el fiscal Alberto Nisman era “encubrimiento” en beneficio de enemigos del país y que, casi dos años más tarde, el juez Claudio Bonadio, un hombre del peronismo, redondearía, siguiendo al fiscal Germán Moldes, calificándolo de “traición a la patria”.
En términos morales, puede argüirse que el “memorándum de entendimiento”, que firmó el entonces canciller Héctor Timerman y que Cristina defendió con su vehemencia habitual, con el propósito de congraciarse con el exportador de terrorismo más notorio del planeta, sí fue un acto de traición, pero ello no quiere decir que fuera ilegal y por lo tanto justiciable. Bien que mal, las cuestiones políticas suelen permanecer fuera del ámbito judicial. Caso contrario, buena parte de la clase política correría peligro de terminar recluida en una cárcel; lo mismo que en otras latitudes, aquí lo que un año se toma por legítimo podría ser condenado el siguiente por todos los biempensantes.
Así las cosas, estamos ante una paradoja. De las acusaciones enfrentadas por Cristina y sus incondicionales, la de haber pactado con Irán por motivos ideológicos o a cambio de algunos favores económicos para el país es con toda seguridad la más grave, pero jurídicamente es la más precaria. Lo mismo no puede decirse de las vinculadas con la corrupción sistemática o del presunto asesinato del fiscal Nisman y los intentos de obstaculizar la investigación. Resultó sorprendente, pues, que el primer pedido de detención formal de la ex presidenta se inspirara en el pacto con los iraníes que, dicho sea de paso, pronto perdieron interés en el asunto ya que el Majlis no se dio el trabajo de ratificarlo.
Mauricio Macri no tiene por qué festejar el recrudecimiento repentino de la ofensiva judicial contra Cristina y sus socios. Por motivos evidentes, hubiera preferido que la gente de Comodoro Py esperara algunos meses, tal vez años más, antes de procurar encarcelarlos por los delitos cometidos cuando iban por todo. Además de convenirle al presidente que Cristina sea la representante más conspicua y más locuaz de la oposición, no es de su interés que, tanto en el país como en el exterior, se difunda la idea de que haya puesto en marcha una campaña de persecución política; entiende que no le será del todo fácil convencer a los muchos que lo creen un “derechista” autoritario de su prescindencia cuando de temas judiciales se trata.
Cristina lo sabe muy bien, razón por la que no tardó un minuto en declarar que “Macri es el director de orquesta y Bonadio ejecuta la partitura judicial”. Quiere que su sucesor en la Casa Rosada se comporte como un kirchnerista y que, un telefonazo mediante, ordene a los jueces, empezando con Bonadio, dejarla en paz, ahorrándose así los disgustos políticos que le supondría adquirir la reputación de ser un mandatario vengativo resuelto a aplastar judicialmente a sus adversarios del campo “nacional y popular”.
A pesar de la multitud de cargas en su contra, Cristina aún cuenta con un nivel de apoyo popular que no podrían sino envidiar Miguel Ángel Pichetto, Sergio Massa, Florencio Randazzo, Juan Manuel Urtubey y otros que fantasean con erigirse en el próximo gran caudillo peronista. Pero el poder de convocatoria que conserva la señora no es transferible. Escasean los dispuestos a levantar un solo dedo para apoyar a Amado Boudou, Carlos Zannini, Timerman o, huelga decirlo, personajes como el piquetero Luis D’Elía, el malandra Fernando Esteche o Jorge “Yussuf” Khalil, el que reaccionó frente a su detención profiriendo el grito de guerra islamista “Allahu Akbar” para que no quedaran dudas en cuanto a dónde están sus simpatías, pero la mera posibilidad de que Cristina comparta el mismo destino tuvo un fuerte impacto en el país y en el exterior.
Con todo, antes de que Cristina comience a familiarizarse con la vida carcelaria, quienes quisieran verla entre rejas tendrían que superar la barrera de los fueros, o sea, persuadir a los senadores peronistas de que les convendría soltarle la mano, algo que, por ahora, Pichetto –el que cuando la Argentina era otro país votó a favor del memorándum con Irán–, no está dispuesto a hacer. De avanzar un poco más las causas relacionadas con la corrupción, se modificaría la situación, ya que es una cosa reivindicar el principio según el cual sería ilegítimo o, por lo menos, demasiado riesgoso, permitir que la Justicia pronuncie sobre cuestiones políticas y otra muy distinta cerrar filas en torno a la jefa de una banda acusada de apropiarse de muchísimo dinero, contribuyendo así a la depauperación de millones de familias.
Por verosímil que sea la denuncia formulada por Nisman, para que prosperaran legalmente los argumentos en que descansaba sería necesario probar que Cristina, Zannini y Timerman, además de otros acusados de preparar el pacto con Irán, percibieron algunos beneficios personales, lo que, a juzgar por lo que ya es de dominio público, no parece haber ocurrido en el caso de los funcionarios más destacados del antiguo régimen.
La prioridad de la gente de Cambiemos y muchos otros, incluyendo a los peronistas más lúcidos, es “normalizar” el país, o sea, deskirchnerizarlo. Puede que en la actualidad una mayoría amplia, debidamente aleccionada por lo sucedido en los meses que precedieron a las elecciones de 2015, también quisiera que la Argentina se “normalizara” cuanto antes, pero hay que reconocer que, mientras duró la “década ganada”, los kirchneristas disfrutaban del respaldo mayoritario, de ahí el 54 por ciento de los votos que obtuvo Cristina en las elecciones de 2011.
¿Ignoraban los casi 12 millones que la apoyaron lo que sucedía en el país, o es que a su entender era normal que políticos exitosos cobraran por sus servicios llenando sus bolsillos y cuentas bancarias de dinero? ¿A muchos les ocasionó indignación el acercamiento a un país como Irán en 2013? No hay demasiados motivos para creerlo. Aunque una minoría protestó, tuvo que transcurrir mucho tiempo antes de que la “traición a la patria” así supuesta perjudicara al gobierno responsable.
A esta altura, Cristina no tiene más alternativa que la de politizar al máximo los cargos en su contra, afirmando que realmente creía que pactar con Irán facilitaría el procesamiento de los acusados de planear los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA, aun cuando se tratara de personajes que ocupaban puestos clave en el régimen de los ayatolas, que el saqueo debería atribuirse a la necesidad de acumular dinero para que el campo popular sobreviviera a un eventual invierno neoliberal y a la voluntad de impulsar el desarrollo de una todavía embrionaria burguesía nacional.
Hasta hace relativamente poco, una estrategia de tal tipo pudiera haber conseguido la aprobación de sectores capaces de aportarle los votos que, en última instancia, pesan más que las lucubraciones jurídicas o los sermones moralizadores, pero parecería que aquellos tiempos ya se han ido. ¿Volverán? Es factible, pero para que lo aprovecharan Cristina y sus compañeros en la desgracia, el pasado tendría que reemplazar el presente dentro de un par de años, algo que, tal y como se perfilan las cosas, parece muy poco probable.
Los conformes con el rumbo tomado por el Gobierno creen que, para parafrasear a Antonio Machado, hay una Argentina, la de los Kirchner, que muere y otra Argentina, la de Cambiemos y quienes se le oponen de manera que esperan sea “constructiva”, que bosteza. Se tratará de una transición que no podrá efectuarse de golpe. Como la rehabilitación de una persona gravemente herida, o de una economía crónicamente enferma que según los halcones ortodoxos pide un tratamiento de shock ya, uno que, a juzgar por la experiencia propia y ajena, tendría consecuencias desastrosas, será necesario proceder con mucha cautela. De detenerse a todos los corruptos, quienes permanecerían libres tendrían que resignarse a ser guardiacárceles, pero no es del todo fácil discriminar entre los claramente culpables de crímenes imperdonables y los que cometieron delitos meramente veniales.
Todo sería más sencillo si Cristina se hubiera limitado a dejar enriquecerse a los funcionarios de su gobierno y sus amigos del empresariado sin robar ella misma un solo centavo, ya que sería virtualmente nulo el impacto político del encarcelamiento de medio centenar de emblemáticos, pero es tan contundente la evidencia en su contra que sería impensable indultarla o tratarla como si fuera Isabelita, una pobre víctima de circunstancias ingratas. Para que haya justicia, tarde o temprano tendrá que pagar por lo que hizo, pero a menos que sea por crímenes comunes, no por una decisión política perversa, podría seguir desempeñando el papel de víctima de persecución ideológica que tanto le gusta, lo que no beneficiaría al país en absoluto.
por James Neilson
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