El 24 de junio, Venezuela vivió un doblete sísmico con magnitudes de 7,2 y 7,5 separados por 38 segundos. El balance oficial trepó a más de 6.400 muertos y decenas de miles de heridos y damnificados. El 10 de agosto, un sismo de 7,4 con epicentro en San José del Palmar, en el Chocó, sacudió a Colombia y dejó al menos 181 muertos y más de 1.300 heridos: el Servicio Geológico Colombiano lo calificó como el más fuerte del siglo en ese país. Antes había temblado México, frente a Chiapas, y después lo haría Perú. Cuatro terremotos de magnitud superior a 7 sacudieron América Latina en menos de sesenta días.
Mientras tanto, el hemisferio norte ardía. La temporada de incendios de 2026 lleva quemadas más de seis millones de hectáreas entre Europa y América del Norte: unos 3,8 millones en Canadá, 1,85 millones en Estados Unidos y más de 434.000 en el continente europeo. España encabeza el ranking europeo con más de 200.000 hectáreas calcinadas, el doble de su promedio histórico anual. En Francia, los fuegos de la Gironda devoraron unas 42.000 hectáreas de pinares y forzaron la evacuación de decenas de miles de personas. En Grecia el fuego llegó a los alrededores de Atenas y en Creta obligó a evacuar a 8.000 personas. En Italia ardieron más de 11.000 hectáreas en Piamonte, Cerdeña y Sicilia. Nueve de cada diez incendios forestales, recuerda la ONU, son provocados por la actividad humana.
Y en el sudeste asiático, el agua. Solo en la primera quincena de agosto, las lluvias monzónicas y los ciclones dejaron más de 50 muertos y millones de evacuados en China, Filipinas y varios países vecinos, con inundaciones en cuatro provincias de Laos. En Bangladesh, el monzón acumula medio centenar de víctimas fatales, más de un millón de afectados, 54.000 hectáreas agrícolas sumergidas y 268.000 hogares anegados o aislados. Lo que viene puede ser peor: la NOAA advirtió que El Niño se extenderá hasta la primavera boreal de 2027 y que la actividad ciclónica del Pacífico seguirá en alza.
La tentación es leer esta acumulación como fatalidad. Los especialistas insisten en lo contrario. La definición que circula en los organismos técnicos es tan simple como incómoda: el terremoto no es el desastre. El fenómeno natural es inevitable; lo que se puede modificar es todo lo demás. Las pérdidas dependen de tres variables: la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. Una ciudad sobre una falla no está condenada a ser vulnerable. Chile, con su código sísmico nacido del terremoto de Chillán de 1939, es el ejemplo regional de que la ingeniería y la norma salvan más vidas que cualquier operativo posterior.
De ahí se desprende la primera acción de gobierno que reclaman los expertos: alertas tempranas universales. Según la Oficina de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), apenas 24 horas de aviso ante una tormenta o una ola de calor recortan los daños un 30 por ciento. El plan Alertas Tempranas para Todos, que impulsan la UNDRR y la Organización Meteorológica Mundial, calculó una inversión de 3.100 millones de dólares entre 2023 y 2027, unos 50 centavos por persona cubierta. La Comisión Global de Adaptación estimó que 800 millones de dólares invertidos en sistemas de alerta en países en desarrollo evitarían pérdidas anuales de entre 3.000 y 16.000 millones.
La segunda es un giro presupuestario: pasar de la gestión reactiva a la gestión prospectiva, es decir, dejar de financiar reconstrucciones para financiar la prevención de riesgos que todavía no existen. El informe regional de la UNDRR es contundente: cada dólar destinado a reducción del riesgo puede ahorrar hasta cuatro dólares en pérdidas futuras, y las soluciones basadas en la naturaleza (humedales, manglares, cuencas restauradas) resultan hasta un 50 por ciento más rentables que las obras tradicionales. Traducido a decisiones concretas: códigos de construcción exigibles y controlados, reforzamiento sísmico de escuelas y hospitales, planificación del uso del suelo que impida urbanizar laderas y llanuras de inundación, y gestión forestal preventiva en lugar de flotas de aviones que llegan cuando ya no hay nada que salvar. Solo en la Unión Europea, los incendios cuestan unos 2.500 millones de euros por año.
La tercera es financiera y suele quedar afuera del debate. En los países en desarrollo, apenas el 5 por ciento de las pérdidas por desastres está cubierto por seguros, contra el 40 por ciento en los países desarrollados. Fondos de contingencia con reglas claras y esquemas regionales de aseguramiento evitan que cada catástrofe se pague con endeudamiento de emergencia o con recortes en otras áreas. Oxford Economics ya bajó dos puntos su proyección de crecimiento para Venezuela por los sismos de junio, con un lógico efecto de arrastre sobre 2027.
El obstáculo, claro, es de decisión política. Todo esto se propone en el peor momento del financiamiento humanitario global. Más de 252 millones de personas necesitan asistencia urgente y, a mitad de año, los planes de la ONU para 2026 tenían cubierto apenas el 24 por ciento de los 33.000 millones de dólares requeridos. Estados Unidos desmanteló USAID, Francia recortó su ayuda oficial al desarrollo, el Reino Unido la bajará al 0,3 por ciento del PBI desde 2027 y varios países europeos siguen el mismo camino mientras aumentan el gasto militar.
Ahí está el nudo del problema. Los gobiernos siguen tratando a las catástrofes como accidentes y no como lo que son: resultados previsibles de decisiones tomadas años antes sobre dónde construir, con qué materiales, con qué controles y con qué presupuesto. La prevención no da fotos, no corta cintas ni cierra campañas electorales. Pero el desastre, cuando llega, tampoco perdona a quienes decidieron mirar para otro lado.
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