El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció este martes un conjunto de medidas destinadas a reorganizar la administración pública provincial en el marco del Plan Integral de Reordenamiento del Estado. Entre las principales disposiciones se encuentra la eliminación de 168 cargos políticos y la cesantía de empleados que cobraban sin cumplir funciones, conocidos como "ñoquis".
Tras un exhaustivo Censo de Empleados Públicos, el gobierno detectó irregularidades significativas en el funcionamiento estatal. Según los resultados, el 0,3% de los 46.000 trabajadores públicos será cesanteado por ausentarse de manera sistemática, mientras que el 13% enfrentará sanciones administrativas por no participar del censo y otro 1,3% verá suspendido su salario por situaciones laborales irregulares.
“No habrá excepciones”, afirmó Torres, al tiempo que subrayó que estas acciones buscan terminar con lo que calificó como "estafas a los contribuyentes". Entre los cargos eliminados se cuentan 40 direcciones, 21 direcciones generales, 8 subsecretarías y otras posiciones jerárquicas consideradas ineficientes.
Ajustes y normativas
El mandatario también adelantó la implementación de la Ley 3x1, que establece que para incorporar un nuevo trabajador al sector público, deberán darse previamente tres bajas, ya sea por jubilación, retiro o desvinculación. Asimismo, Torres confirmó que los ingresos, recategorizaciones y reubicaciones en los tres poderes del Estado deberán realizarse exclusivamente mediante concursos, dejando atrás décadas de discrecionalidad en los nombramientos. “Queremos garantizar un procedimiento justo y transparente que respete las normas administrativas. Nadie más ingresará al Estado por ser amigo de alguien”, declaró.
Otro dato relevante del censo reveló que 6.080 empleados públicos no han finalizado sus estudios primarios o secundarios. En respuesta, el gobierno anunció un programa de acompañamiento educativo para facilitar la obtención de títulos, apuntando a mejorar la profesionalización de los trabajadores estatales.
Además, se informó que alrededor de 6.500 agentes están próximos a jubilarse. El Ejecutivo provincial revisará la situación de estos empleados para acelerar los trámites jubilatorios y liberar espacios en la administración pública.
Torres enfatizó que estas medidas no solo buscan ordenar el Estado, sino también promover un cambio cultural profundo. “Es hora de que los representantes de los trabajadores estatales sean quienes verdaderamente trabajan. Esta reestructuración es un compromiso con la eficiencia y la justicia para todos los chubutenses”, concluyó. Las reformas, que prometen generar un fuerte impacto en el ámbito público de la provincia, marcan un antes y un después en la gestión estatal de Chubut.
Ajuste a las provincias
En este 2024, el Gobierno nacional giró apenas $40.800 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias en lo que va de 2024, una cifra que representa una drástica reducción frente a los $128.525 millones distribuidos en 2023 por la administración de Alberto Fernández. Este recorte evidencia parte del ajuste fiscal que impulsa el presidente Javier Milei en su gestión.
El ajuste se refleja en una caída real del 77% en las transferencias no automáticas, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Además, las provincias enfrentan una menor recaudación por coparticipación de impuestos como Ganancias e IVA, lo que agrava su situación fiscal.
Los ATN son fondos discrecionales destinados a emergencias provinciales, pero su asignación este año no fue uniforme. Solo nueve provincias, todas alineadas políticamente con el oficialismo libertario, accedieron a estos recursos. Misiones lidera el ranking, con $13.000 millones, más del doble de lo recibido en 2023. Catamarca y Tucumán también figuraron entre las principales receptoras tras apoyar iniciativas clave del Ejecutivo en el Congreso, como frenar el avance de un proyecto anti-DNU.
Según la Jefatura de Gabinete, los ATN de 2024 respondieron a emergencias específicas, como inundaciones, incendios o crisis financieras. Misiones, que declaró emergencia hídrica, recibió desembolsos récord, incluido uno de $7500 millones en junio. Catamarca obtuvo $3000 millones tras declarar una emergencia económica y educativa, mientras que Tucumán, en emergencia hídrica y social, percibió $4500 millones en noviembre. En la vereda de enfrente, Formosa (-93%), La Pampa (-91%) y La Rioja (-90%) encabezan las provincias más afectadas por la reducción de fondos. En contraste, la Ciudad de Buenos Aires, beneficiada por acuerdos judiciales, logró sortear el impacto.
Los gobernadores buscan recuperar recursos en la discusión del Presupuesto 2025, presionando para incluir el financiamiento de cajas previsionales y transferencias de fondos subejecutados. Sin embargo, el Gobierno central resiste estos reclamos, lo que podría derivar en la extensión del Presupuesto 2023 y la continuidad de asignaciones discrecionales.
Mientras tanto, los gobiernos provinciales intentan paliar el impacto con medidas locales, como el anticipo de Ingresos Brutos en Buenos Aires. Sin embargo, la presión de la “motosierra” libertaria amenaza con profundizar la crisis en las economías regionales, obligándolas a buscar nuevas fuentes de financiamiento o recortar aún más sus gastos.
por CEDOC
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