Sociedad / 3 de junio de 2017

Al grito de #NiUnaMenos: los 5 puntos que no se cumplieron

A dos años de la primera marcha, el petitorio presentado y las promesas asumidas no se reflejan en la realidad de las mujeres.

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A 48 meses del primer grito Ni Una Menos, el petitorio realizado por periodistas, abogadas y representantes de ONGs no obtuvo respuesta en su totalidad. A pesar de que los femicidios tuvieron un impacto mediático más fuerte y políticos de diversa índole se comprometieron con el petitorio, los reclamos continúan. Los cinco puntos del petitorio siguen sin cumplirse.

El primer punto es implementar y monitorear el Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia contra las mujeres, presentado oficialmente en julio del 2016, tal como lo establece la ley 26.485. El proyecto contempla 69 medidas y 137 acciones, estructurados en dos ejes de acción: prevención y atención integral, y tres ejes transversales: formación, fortalecimiento institucional y monitoreo, y evaluación. El organismo encargado de monitorear su correcto funcionamiento es el Consejo Nacional de la Mujer, presidido actualmente por la activista Fabiana Túnez.

Según un comunicado emitido en la cuenta de facebook de Ni Una Menos, “no hay políticas integrales que contengan a las víctimas de violencia y les permitan seguir con sus vidas y tener un proyecto vital con acceso al trabajo, a la capacitación, a la salud y a la vivienda. Porque el 80% del presupuesto del Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia contra las mujeres se va sólo en la construcción de refugios”.

Florencia Alcaraz, periodista e integrante del colectivo, resaltó en referencia al Plan: “Nosotras no sabemos si está funcionando en su totalidad, lo que sabemos es que a principios de año sufrió un recorte por el gobierno, y por la presión de las organizaciones sociales se logró solucionar. Sin embargo, otorgar el 80% del presupuesto en ladrillos significa que no están observando la coyuntura”. Por este motivo, colectivos y organizaciones solicitan más información y transparencia sobre el tema.

En segundo lugar, se planteó la garantía del acceso a la Justicia, que implica un pedido de patrocinio legal gratuito y capacitación del personal que recibe las denuncias. A dos años, aún se encuentra en proceso de implementación, según las autoridades.

En este aspecto, desde Ni Una Menos fueron contundentes con la situación a nivel judicial: “Cada vez que una mujer joven desaparece, la organización popular se ocupa de la búsqueda. La policía y el Poder Judicial no activan todos los mecanismos necesarios para una búsqueda eficiente. Ocurrió con Melina Romero y también con Araceli Fulles: tardaron un mes en encontrarlas. Y con  las desaparecidas en las redes de trata, con amplias complicidades de agentes del Estado.”

En el 2015 se aprobó y reglamentó la  Ley 27210 para la Creación del “Cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia de género”. Desde el colectivo Ni Una Menos resaltaron que hay buenas intenciones, pero no una actividad concreta. “Este Consejo se anunció como un espacio de puertas abiertas y no ha sido así. Vienen siendo deficientes a las demandas concretas”, afirmó Alcaraz.

 

Sin datos

El Registro Oficial Único de víctimas de violencia contra las mujeres es otra tarea pendiente. Aunque algunas provincias han implementado un registro de víctimas de violencia de género en sus territorios, a nivel nacional no hay datos oficiales actualizados.

A pesar de ello, organizaciones sociales trabajan para conocer la situación en nuestra sociedad. Mumalá, la Casa del Encuentro, Fundación Wanda Tadei y “Contá la violencia machista” son ejemplos que constantemente sirven de fuentes estadísticas de esta problemática. En la encuesta realizada por “Contá la violencia machista”,  el 97% de las casi 60.000 participantes aseguró que sufrió de acoso en espacios públicos y/o privados, y el 92% fue estigmatizada.

 

En este contexto, la Secretaría de Derechos Humanos inició un registro para oficializar las cifras de violencia de género; organizaciones y colectivos como Ni Una Menos dijeron que no conocen el mecanismo por el cual se llega a esas cifras. La Corte Suprema de Justicia también publicó registros provinciales, pero al depender de la colaboración de las provincias “el informe es incompleto”, segúnAlacraz. En el reporte de 2015, Catamarca, Chubut, Río Negro y San Juan difundieron que no hubo femicidios, lo cual desde las organizaciones supone falta de información. Hasta el momento, los únicos informes presentados corresponden a los años 2014 y 2015.

“Estamos a 2017 y el principal órgano de la Justicia no difundió las cifras del año pasado. Las organizaciones siguen siendo la fuente más confiable para conocer cifras. Lo lamentable es que para pensar estrategias públicas y programas es necesario acceder a esta información. Todavía no tenemos cifras confiables, serias e integrales sobre la situación”, afirmó Alcaraz.

La Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, para formar y sensibilizar también se encuentra detenida hasta que el Estado logre su ejecución. La Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Ademys) denunció que en un comunicado del Ministerio de Educación con referencia al “Plan de recuperación de clase”, se eliminan las jornadas destinadas a la prevención de la violencia de género.

Frente a esto, Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, consultada por NOTICIAS, informó: “ADEMyS omitió que esas jornadas no existían, se iban a implementar por primera vez. La educación sexual en la Ciudad es ley, es obligatoria y es un contenido transversal. Este año íbamos a dar tres jornadas para presentar todo el material que se viene trabajado. ADEMyS también omite que con la reforma de la secundaria, se estableció un módulo obligatorio de clase que la escuela debe destinar a la educación sexual. A mí particularmente, me preocupa más la educación con perspectiva de género, tenemos que trabajarla más fuertemente como sociedad, no solo desde el estado”.

Finalmente, la protección de las víctimas de violencia a través del monitoreo electrónico de los victimarios sigue sin resolverse.  En abril, la Cámara de Diputados intentó discutir la creación del “Registro Nacional de Delincuentes Sexuales” (RENADESE), que iría en simultáneo con el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual, que entró en vigencia a mediados de mayo. La diferencia entre ambos es que el nuevo proyecto propone que se publique la información básica de los condenados por delitos sexuales, como el nombre, una foto actualizada, el domicilio, la carátula de la causa por la que fue condenado, en la página web del Ministerio de Justicia de la Nación y en las páginas de las provincias. El plenario no tuvo quórum y la sesión se canceló.

 

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