En la Margen Sur de Río Grande se cuentan las historias de la búsqueda de un techo digno de los operarios que migraron de otras provincias para trabajar en la electrónica. Mariana Morales llegó a los dos años con su familia, en 1991. Hace ocho fue una de las cinco fundadoras del asentamiento Provincias Unidas. “Acá aprendí a vivir en un asentamiento. Esto era pampa (tierra sin nada)”, recuerda Mariana, en un barrio rodeado de casillas en el que una grúa municipal está cavando las calles de tierras para instalar cañerías de agua. Allí llegó para mudarse con su pareja y comenzar una familia. Él trabajaba en una mina jujeña hasta que cerró y vino en 2007 a probar suerte por consejo de un primo que había migrado acá. Empezó como albañil tres o cuatro años y después consiguió empleo en la fábrica de aire acondicionado Carrier, primero como temporario, como todos los recién llegados, y mucho más tarde como efectivo. Tienen dos hijas. “Tenemos temor a que nos desalojen”, admite Mariana.
Ella trabajó en 2011 en la industria electrónica para juntar unos pesos y arreglar su casa, pero al año siguiente volvió a dedicarse al hogar y además abrió allí un comedor llamado Pasos Pasitos. “Mi marido me impulsó porque su mamá tenía uno en Jujuy. Yo no soy millonaria, pero de chica la pasé muy mal y por eso me puse a dar copa de leche”, cuenta Mariana. Allí se acercan hijos de los que se dedican a las changas, de empleados de seguridad o de los que llegan a la isla y no encuentran trabajo y sobreviven en casillas sin agua ni luz, sólo con una garrafa. “Hay gente que no soporta no conseguir trabajo y se vuelve”, describe la joven. “Este año hay más demanda en el comedor. Te piden también ropa y calzado y está más complejo conseguir donaciones”, cuenta. Asisten 73 adultos y niños de 15 familias. Otros quieren sumarse, pero Pasos Pasitos no da abasto. En 2014 habían llegado a alimentar a 132. “Ahora hay menos porque algunos vendieron su casita y se fueron y además porque ya no podíamos mantener a tanta gente en el comedor”, explica.
Mariana también atiende en su casa una despensa desde 2011. “2012 fue el mejor año. Ahora las ventas caen porque muchos vecinos son operarios de fábricas”, explica. Uno de ellos vendió por 100.000 pesos su casa que antes cotizaba a 350.000 y emigró. “Este barrio se inunda, pero es tranquilo. En otros los vecinos se roban entre sí, dejan a los bebés y se van a drogar. Antes eso no se veía. Acá mismo al mediodía ves pibes de 17 años que salen del cole y se ponen a fumar porro y tomar birra al mediodía”, lamenta Mariana.
El Provincias Unidas y otros barrios de la Margen Sur son bastante parecidos, algunos más nuevos y precarios que otros. El conflicto por la tierra también se vive en uno llamado 13 de Mayo. El presidente de la Comisión de la junta vecinal, Sergio Gutiérrez, trabajó en la industria electrónica, pero ahora es petrolero. Su vicepresidenta, Natalia Sierra, estuvo empleada por Mirgor hasta febrero último, cuando quedó desempleada. Desde entonces hace unos pesos cuidando a los hijos de una excompañera de trabajo. “El laburo en la electrónica es cíclico y empezó a caer a fines de 2015”, relata Sergio, que cada vez tiene más amigos a los que les dejan de renovar los contratos y se marchan de vuelta a Formosa o Santiago del Estero.
Sergio vino a Río Grande en 2001 porque había llegado a sus oídos en Salta que aquí había empleo en la electrónica. Él es técnico electromecánico. “Allá estaba mal y acá, con empeño y con mi capacitación, conseguí mi primer laburo en la industria plástica”, recuerda.
Natalia es de Buenos Aires, donde era operaria química, pero decidió marcharse de su ciudad en 2003 por la inseguridad. “Acá era tranquilo, me vine y conseguí trabajo al mes en BGH”, cuenta. En 2006 comenzó a trabajar como empleada en un comercio y allí estuvo hasta que se fundió en 2015. “Es que empezó a vender menos por la crisis del sector electrónico”, explica Natalia. Quedó boyando hasta que logró un contrato mensual en Mirgor. Lo renovó siete veces hasta que quedó en la calle. “Esos contratos no te dejan programar tu vida”, lamenta Natalia. Sergio lo confirma: “Un amigo me dice que consiguió un contrato de un mes y encima tiene que estar agradecido”. “¿Cómo hacés para comprar algo en 12 cuotas sin interés con un contrato así?”, se pregunta Natalia en su casa bien calefaccionada para enfrentar el viento frío que sopla día y noche. Cuando quiere distraerse se va a caminar al supermercado La Anónima, la cadena más grande de la Patagonia, que preside Federico Braun, tío del actual secretario de Comercio.
“Cuando la industria crece hay un aluvión de gente con deseo de progreso, pero la ciudad no se planifica”, lamenta Sergio. “Tenés que alquilar una casa precaria a precio elevado o venir a los asentamientos. Uno de los primeros en la Margen Sur fue el 15 de Octubre, en 2005. Fue el que sufrió más discriminación. Después se superpobló la Margen Sur”, relata el salteño, que también padeció la marginación. En una temporada en la que se quedó sin trabajo ni dinero para pagar un alquiler, se instaló en un baldío del 13 de Mayo con su esposa e hija. La primera noche se quedó sin dormir. Armó una casilla de madera. Otros vecinos estaban en carpa. Todos se calentaban con salamandras. “Al día siguiente discriminaban a mi hija en la escuela porque olía a humo y así sabían que estaban en una toma”, se entristece Sergio.
“En el 13 de Mayo empezaron a hacer casas por el plan nacional de mejoramiento de barrios”, continúa el petrolero. “Llevaban dos años paradas. Nosotros vivíamos a tres cuadras. En 2009, el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) informó que sólo algunos iban a recibir casas y entonces nosotros nos paramos en sus puertas. El IPV nos terminó dando las llaves. Eran las vacaciones de verano, cuando todos se van por un mes a sus provincias y no queda nadie. Cuando volvieron, nos llamaron ‘los usurpadores’”, recuerda el operario. Desde entonces pagan 500 pesos mensuales como canon de uso. No se actualizó el valor y así quedó muy por debajo de los 6.000 que pagan quienes alquilan casillas.
Este año, con el nuevo gobierno provincial, se reanudó el diálogo con los vecinos del 13 de Mayo. “Nos llamó el IPV y nos pidió un precio descabellado por las casas, que son de 36 metros cuadrados. Quieren 350.000 pesos, a pagar en 30 años con intereses… se va a un millón de pesos. Son casas que nos dieron sin terminar, sin cables, luz, agua ni calefacción. Esta es una provincia rica en gas que se calienta a leña… Y pagamos 1.300 pesos mensuales de luz”, se queja el operario petrolero.
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Esta investigación fue realizada para Chequeado.com y se publica en forma conjunto con NOTICIAS. Chequeado es una organización dedicada a la verificación del discurso que busca mejorar la calidad del debate público en la Argentina. Este artículo forma parte del proyecto “Investigación y datos: Chequeado sin corsé”, que incluye más de 12 producciones a publicarse antes de fines de 2016 en el sitio especial “Chequeado Investigación”, y que fueron financiadas gracias al apoyo de Open Society Foundations (OSF).
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Esta investigación se completa con otros textos:
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