La economía argentina vive un proceso singular, que tiene rasgos similares a otros anteriores, pero es difícil de encontrar un paralelismo idéntico. Según las estimaciones del Banco Mundial, el PBI crecerá este año 5,5%, un salto considerable comparado con la caída de 1,8% de 2024. Así como el año pasado la cifra final terminó sorprendiendo porque las proyecciones del primer trimestre daban una caída mucho mayor que, además, se agregaba a los malos resultados que había desde 2018, en 2025 también tuvieron que corregir los números previos porque la recuperación de la actividad empujó al resto de las variables. ¿Esto implica estar transitando un sendero de crecimiento sostenido?
Desaceleración. El comportamiento heterogéneo de los distintos segmentos de la economía tiene que ver con las variables atacadas principalmente por la política de estabilización que ya cumplió año y medio de recorrido. El primer dato es el derrumbe de la inflación, desde los más de 20 puntos mensuales (16% mensual promedio en el primer trimestre de 2024) a las actuales cifras en un rango que va de 2% a 3% mensual. El dato objetivo es el principal activo del Gobierno en materia económica y sobre el cual se monta para apalancar su campaña electoral. En un país con memoria inflacionaria como la de Argentina, el alza incontrolada del IPC está vinculad automáticamente con pérdida de poder adquisitivo y erosión patrimonial. Y la principal variable que oficia de termómetro es la cotización del dólar, en su versión más o menos libre (blue, MEP o lo que se le acerque).
La batalla dólar vs precios resultó una victoria aplastante de la segunda, algo que no debería extrañar de un proceso estabilizador: el IPC aumento 210% en los primeros 18 meses de gestión y el billete norteamericano sólo creció 20% en el mejor de los casos. Esto arrojó como primer resultado expectativas de inflación desinfladas (algo que dejó de alimentar la demanda especulativa o defensiva del dólar) pero un brusco cambio en los precios relativos. El resto, es historia conocida: recuperación del ingreso salarial y no salarial a partir del segundo trimestre de 2024, pérdida de competitividad basada en el tipo de cambio, crecimiento de la demanda de importaciones y la consecuente caída en el superávit comercial del primer semestre del año pasado.
La fórmula para frenar la retroalimentación inflacionaria puede reducirse a tres elementos: reducción del déficit fiscal, saneamiento del balance del Banco Central y cambio en las expectativas de mediano plazo. El instrumento podría simplificarse en la frase de licuadora y motosierra: una baja del gasto nacional a través del retraso de la indexación salarial del sector público, de las jubilaciones, el freno a la obra pública y la reducción de las transferencias no automáticas a las provincias a su mínima expresión. La pregunta que surge, entonces, es si este dato que constituye la piedra angular de la política económica es sostenible o es una mera “represión inflacionaria”, luego de la cual (probablemente luego de las elecciones) deberá encontrar otra salida.
Alternativa. Considerando la principal variable explicativa del proceso, la mirada se posa en el superávit fiscal. Según estiman los economistas Marcelo Capello y Nicolás Cámpoli, del IERAL, en el primer cuatrimestre de este año se mantiene el superávit primario nacional, pero cambia la composición del ajuste: hubo menos recortes en jubilaciones y universidades, pero más en subsidios. En cambio, las provincias aumentaron fuertemente su gasto, revirtiendo buena parte del ajuste que habían hecho en 2024. Así resulta que el superávit primario nacional fue de 0,6% del PBI (0,7% en 2024), pero en línea con la meta anual (1,6% para todo el año). Dicho ajuste se explica por menores subsidios energéticos y transferencias a familias (a excepción de la AUH); pero suben las jubilaciones, universidades e inversión.
Por su parte, en las provincias, el gasto primario subió 24% real interanual, en contraste con la fuerte baja de 2024. “De sostenerse, se diluye el ajuste logrado y se limita el margen para reducir impuestos”, explican. “Mientras el ajuste nacional se vuelve más selectivo, en muchas provincias se desarma. Entre 2023 y 2025, el gasto primario nacional cayó 27% real; en provincias, sólo 8% en las 13 provincias con datos disponibles”, concluyen.
Un ejemplo de esas dificultades para seguir conservando la meta superavitaria es en materia previsional el aumento del gasto que ocasionaría iniciativa como la que ya tiene media sanción. Se implementa una mejora excepcional del 7,2% para todos los niveles jubilatorios, como compensación del desfasaje del primer trimestre de 2024 y un aumento del bono fijo (de $70.000 a $110.000), la extensión de la moratoria caída, por dos años para los que no llegan a los 30 años de aportes, que se calculan en 240.000 beneficiarios sólo este año. La consultora Invecq estima que, de aprobarse, el impacto fiscal sería significativo: “el costo anual de las mejoras previsionales -aumento en jubilaciones y bono- alcanzaría el 1,2% del PBI, la reinstauración de la moratoria previsional sumaría 0,2% del PBI y las iniciativas vinculadas a discapacidad implicarían un gasto adicional de 0,3% del PBI”, detallan. La suma de todo esto daría un costo total anualizado de 1,7% del PBI.
Desiguales. Los cálculos del economista Lorenzo Sigaut Gravina, de Equlibra muestran la dicotomía entre performance del consumo masivo (fuerte caída y magra recuperación) y el segmento de bienes durables (fuerte expansión luego de la caída inicial). “Pero no sólo vuela el consumo durable sino todo lo importado: turismo (servicio) y bienes de consumo final” y la explicación tiene que ver con el cambio en los precios relativos -producto de apreciación cambiaria, reducción de trabas/impuestos y aranceles a las importaciones/durables-, un factor clave para explicar la dinámica dispar entre consumo masivo y durables/importados. Hasta abril de 2025, los precios de los bienes de consumo habían subido 21% en comparación con los durables. Los indicadores de volúmenes son también elocuentes: entre 50% y 65% más que en noviembre de 2023 (en términos desestacionalizados) contra una caída de entre 10% y 15% para los bienes de consumo final. Una brecha que tiene ganadores y perdedores, según la conformación de la canasta de gastos de cada cual.
Este paso de la reactivación al crecimiento no sólo dependerá de la ya difícil tarea de resguardar el superávit fiscal (ya todo un logro en la historia reciente) sino también de conseguir un equilibrio en la balanza de pagos que es reclamada por muchos economistas (de los “mandriles” y de los otros) para conseguir la meta deseada: un desarrollo sostenible. Los desequilibrios sectoriales, la falta de competitividad en algunos tramos de la cadena productiva y la expansión del crédito por el círculo virtuoso de ahorro e inversión. Son tareas que no se agotan en un calendario electoral, quizás tampoco en una sola administración, aún suponiendo la inexistencia de cisnes negros de todo tipo.
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