La larga pelea de Uber contra los sistemas regulatorios libra otra batalla en Argentina. Esta tarde, la jueza penal y contravencional de la ciudad de Buenos Aires María Fernanda Botana ordenó a las empresas proveedoras de internet que bloqueen el sitio web y la app para celulares de Uber, considerando que la compañía “viola la clausura impuesta” desde hace nueve meses y que “hay riesgos para presentar pruebas sumamente trascendentes”. Esto sucede después de otros rounds en los que la Justicia había impedido a diversos bancos y tarjetas de crédito concretar pagos a Uber. En los últimos meses, la empresa había funcionado en Buenos Aires de manera ilegal e imprevisible, ya que el éxito de los pagos dependía de que el cliente contara con una tarjeta de crédito emitida fuera del país. A la sombra de esta imprevisibilidad comenzó a crecer Cabify, una compañía que ofrece un servicio similar pero ajustado a derecho, con autos y conductores legalmente habilitados para servicio de remisería.
Es probable que Travis Kalanick, el CEO de Uber, no esté muy preocupado por esta movida de la Justicia porteña, que al fin y al cabo no es una excepción para la compañía: están acostumbrados a los embates de la justicia en todo el mundo. Kalanick tiene hoy entre manos un problema mayor: miles de usuarios de redes sociales llevan días popularizando los hashtags #deleteuber y #boycottuber, enojados por su actitud de tibio apoyo al presidente Donald Trump y sus medidas antiinmigratorias. Buena parte de los conductores de Uber son inmigrantes, así como los taxistas. Uber, que es conocido por ignorar globalmente las leyes que no le resultan adecuadas, en este caso se volvió legalista: Kalanick dijo a su equipo “Debemos trabajar con el presidente Trump”. Si bien luego el CEO manifestó por Facebook que intentará convencer al presidente Trump de rever la medida en su próximo encuentro el viernes -como parte del consejo asesor de negocios que integra junto a otros CEOs de empresas de Silicon Valley-, ya era tarde: los hashtags estaban rodando. Kalanick intentó detenerlos prometiendo US$ 3 millones para pagar la defensa legal de los choferes que se vean afectados por la medida de Trump.
Con un timing admirable, Lyft, la competencia de Uber -una empresa mucho más pequeña y menos agresiva- se puso abiertamente del lado de los refugiados e inmigrantes. El sábado a la noche, Lyft anunció que donaría un millón de dólares a la ONG que logró detener temporalmente el veto del presidente a los inmigrantes musulmanes, ACLU (American Civil Liberties Union).
Uber se encuentra así en el peor de los mundos en términos de reputación: para los que se apegan a la ley, son simplemente una empresa que no la respeta. Y para los liberales tecnófilos que solían mirarlos con simpatía, hoy representan a los intereses corporativos alineados con Trump. Una parada difícil para la compañía, que destina millones al lobby, el marketing y las relaciones públicas.
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