Antes de dejar el cargo de procurador del Tesoro, Carlos Balbín no sólo dejó un dictamen en contra del acuerdo por el que el gobierno de Mauricio Macri había aceptado una fuerte quita de la deuda a la ex concesionaria Correo Argentino propiedad de sus hijos, hermanos y sobrinos. Su sucesor, Bernardo Saravia Frías, se ha encontrado con que le ha quedado pendiente terminar un sumario administrativo sobre el caso del Correo y una propuesta de nuevo convenio con los Macri. Una vez que se conozca esa proposición, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Oficina Anticorrupción (OA) deberán intervenir en la negociación con la empresa en concurso de acreedores desde hace 16 años. Así lo establecieron los decretos anti-conflicto de intereses que firmó Macri en marzo pasado después de los escándalos del Correo y de Avianca, compradora de Macri Airlines (Macair) y beneficiaria de la concesión de rutas áreas domésticas. Ya no será el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, quien negocie con el ex concesionario postal, como lo había hecho el año pasado.
El expediente de Avianca llegó a la Procuración del Tesoro justo cuando una de las máximas autoridades de la Jefatura de Gabinete le comunicaba a Balbín su despido. Para entonces la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC) había recomendado al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que aprobara las rutas para el grupo del brasileño Germán Efromovich que había adquirido Macair en 2016. Dietrich se las concedió el mes pasado a partir de dictámenes de la Sigen y la OA, pero la Procuración del Tesoro aún debe dictaminar al respecto. Habrá que ver qué decide el nuevo jefe del Cuerpo de Abogados del Estado. Claro que no es lo mismo Balbín, camarista porteño que desarrolló toda su trayectoria entre la justicia y la academia, que Saravia Frías, un abogado de la City.
Balbín solía chocar con el Gobierno porque los letrados del mundo financiero que asesoran a Macri están acostumbrados a fijarse un objetivo y después sostenerlo jurídicamente.
El pariente lejano del ex líder radical Ricardo Balbín también esperaba que le llegaran dos expedientes por Autopistas del Sol (Ausol): uno es por el aumento de entre el 60% y el 100% del peaje en febrero pasado y otro por el presunto conflicto de intereses porque la Dirección Nacional de Vialidad, dependiente de Dietrich y a su vez de Macri, autorizó ese incremento que benefició al concesionario del Acceso Norte, cuyo 7% pertenece a la familia presidencial. Además, en mayo los Macri vendieron su 7% en Ausol a Natal Inversiones, propiedad de un empresario inmobiliario llamado Juan Carlos Fernández. La diputada Margarita Stolbizer denunció en los últimos días al jefe de Estado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito por el tarifazo y la posterior venta de Ausol.
Además Balbín había pedido revisar el contrato del soterramiento del ferrocarril Sarmiento después de que en diciembre pasado la constructora brasileña Odebrecht reconociera el pago de coimas en la Argentina y de que diversos indicios judiciales indican que sobornó para conseguir ese negocio en sociedad con Iecsa, la compañía que el primo de Macri, Angelo Calcaterra, acaba de vender a Marcelo Mindlin.
Por lo pronto, Balbín se fue rechazando el acuerdo de Macri con los Macri por el Correo por dos motivos. En primer lugar, porque no era cierto lo que decía Aguad de que la ex concesionaria carecía de activos: los tenía y eran los juicios contra el Estado por quitarle el negocio postal y por el uso de inmuebles y tecnología en las que había invertido entre la privatización (1997) y la reestatización (2003). En segundo término, porque el entonces procurador coincidió con la fiscal del caso, Gabriela Boquín, en que debían calcularse los intereses de la deuda. En su dictamen, Balbín también pidió mejorar los montos reconocidos del pasivo y los plazos de pago, determinar la existencia de garantías y analizar la conveniencia de pedir su quiebra.
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