El presidente Mauricio Macri y su sucesor en la jefatura de gobierno porteña, Horacio Rodríguez Larreta, avanzan en la privatización de tierras públicas. Macri comenzó el plan en Buenos Aires y lo continúa en la Nación. Larreta lo prosigue en la ciudad. Ambos lo justifican con el argumento de poner en valor propiedades inutilizadas, impulsar la inversión y generar empleos. Pero también se alzan las voces de alerta. La discusión va mucho más allá de si resulta razonable que el Tiro Federal ocupe valiosas terrenos estatales en Núñez.
El Presidente firmó cuatro decretos que pusieron a la venta 87 inmuebles. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que preside Ramón Lanús, asigna un plazo de tres años para comenzar a construir en los predios transferidos y y de seis años para finalizar la obra. Si los compradores llegaran a incumplir con los plazos, los terrenos volverían al Estado. La AABE puso en venta desde edificios hasta campos, en la capital, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza,Jujuy y Salta y en el extranjero (sedes diplomáticas en Estados Unidos, Colombia, Brasil y Uruguay). También ha difundido el listado de los diez que ya se vendieron, por qué monto y a qué comprador.
Compradores. El mayor precio fue para un terreno en Núñez que fue adquirido por 42 millones de dólares por Raghsa, la desarrolladora inmobiliaria de Moisés Khafif que hizo famosa la marca Le Parc. El segundo puesto fue para un predio en el límite de San Telmo con Puerto Madero que se vendió por 26 millones a Argencons, la compañía de Luis Camps que creó la marca Quartier. El tercer lugar fue para una propiedad de 13,6 millones que está en Villa Crespo y que quedó en manos de Koolhaas, sociedad de Ariel Naistat y Gustavo Esses que construyó las torres Mirabilia.
En sus ocho años como jefe de gobierno porteño, Macri había impulsado la privatización de 46 inmuebles a través de cinco leyes que logró aprobar en la Legislatura en 2009, 2012 y 2013 con el apoyo de kirchneristas. El gobierno de Larreta suministró a NOTICIAS la lista de esas propiedades y los montos por los que se vendieron, pero en la mitad de los casos omitió difundir el nombre de los compradores. Según aquellas leyes, aún quedan por vender otros 22 activos que se subastarán por una base total de 357 millones de pesos.
Hace ocho años, Macri vendió por 24 millones de dólares una propiedad en Catalinas al grupo de Eduardo Elsztain, IRSA. Al año siguiente transfirió por 19 millones otro bien en la misma zona a Luis Carlos Cerolini, ex director del Banco Macro. Por 40 millones otro inmueble de Catalinas quedó en manos de la empresa de Eduardo Costantini, Consultatio.
En 2016, Larreta vendió por 61 millones cuatro propiedades céntricas, una de ellas, el Edificio del Plata, al Banco Hipotecario, de mayoría estatal y con un 30% en manos de IRSA. Ese mismo año logró que la Legislatura, con el voto de las huestes de Martín Lousteau, Sergio Massa y parte del peronismo, creara la Agencia de Bienes de la ciudad. Este organismo aún carece de un plan de acción aprobado por los legisladores y por eso todavía sigue sin definir qué propiedades venderá.
La Agencia de Bienes porteña, que depende del ministro de Modernización, Andy Freire, ha recibido además los terrenos ferroviarios que la Nación tenía en la capital. “A los playones ferroviarios como el de Colegiales les vamos a dar constructividad y deberán cumplir con el 65% de uso público y 35% de uso privado”, afirman en el Ministerio de Desarrollo Urbano, que dirige Franco Moccia. Este ministro tiene en sus manos dos obras que se financiarán con ventas de terrenos: el Paseo del Bajo, que se hará con lo que se recaude de la comercialización de los restantes en Catalinas; el Parque de la Innovación y la urbanización de las villas 31 y 31 Bis, que se costearán con la privatización de diversos predios por un total de 15.000 metros cuadrados, comenzando por unos linderos a la avenida del Libertador.
Lanús, el presidente del AABE, defiende las ventas de la Nación: “Estamos vendiendo 20 hectáreas en el centro de Mendoza que hoy son un taller ferroviario que impide circular por la ciudad. Ese taller se va a mudar a 20 kilómetros. Antes se vendían terrenos sin ninguna norma y el comprador discutía después con el municipio.
Nuestro criterio es urbanístico, no comercial. Sí se va a generar actividad comercial, pero también un espacio para vivir, parte de las viviendas serán para el Procrear”, se refiere al plan de créditos hipotecarios subsidiados para la clase media. “Es verdad que hay negocio inmobiliario, pero dan trabajo y de las 20 hectáreas el 65% va a ser para espacio público: calles, plaza, hospital, escuela. En la costa de Campana hay 6 o 7 hectáreas que son la playa de maniobra de los trenes de carga. Eso se va a vender, pero el 65% se va a destinar a espacio público que se construirá con los fondos que se obtengan en la venta. Después han departamentos que sólo se venden. Son todos inmuebles que es mejor que estén en manos privadas que en las del Estado”, defiende Lanús.
Club. “Hay inmuebles que por su tipo solo pueden ser comprados por grandes desarrolladores”, admite el presidente de la AABE ante las acusaciones de que se beneficia sólo un club de pocos empresarios. “Pero estamos invitando a inversores extranjeros a sumarse”, agrega.
¿Por qué no se dedican tierras a la construcción de viviendas sociales en un país con un déficit habitacional que afecta a un cuarto de los argentinos? “Cuando asumió esta administración, la AABE tenía 19.600 inmuebles registrados. Hoy ya hay 51.000. Al tenerlos registrados, vamos a poder hacer un banco de tierras”, responde Lanús. “Estamos haciéndonos cargo del Plan Arraigo, para gente asentada en tierras estatales. Además soy vicepresidente del Procrear. Este año queremos entregar tierras a desarrolladores que destinen el 15% o 20% de las viviendas al Procrear, lo que serían 4.000 en total”, añade.
En el campo también hay debate. Una de las ventas polémicas es la de las 7.216 hectáreas que el Ejército tiene en La Remonta, un paraje del departamento mendocino de Tunuyán. “Son tierras únicas para el vino. De mínima hay 2.700 hectáreas sin usar que podrían dar trabajo a la gente de la zona, generar impuestos y exportaciones. Hay 900 hectáreas que están usando nueve productores que pagan precios viles por el arrendamiento. También hay 16 colonos que trabajan la tierra y viven ahí. Con ellos estamos hablando para darles el derecho de propiedad. Pero a los productores les vamos a decir que participen en la subasta de fracciones”, anticipa Lanús, aunque un juez ha frenado los remates.
En la localidad cordobesa de Ordóñez también hay polémica por la venta de 45 lotes con unas 8.000 hectáreas rurales. “Venimos trabajando con la Federación Agraria”, se defiende Lanús. “Hay una discusión ideológica, de que queremos sacar a las pymes, pero nosotros vamos a evitar la concentración dentro de lo económicamente viable. ¿Pero por qué los cordobeses van a tener más derecho sobre un campo que es del Ejército? Si hacemos fracciones chicas y establecemos que nadie puede comprar más de dos, sólo van a comprar los de la zona. Además buscamos financiarlos con los bancos Nación y de Córdoba.”
Oposición. Las críticas a la privatización de tierras apuntan a diversos aspectos. Facundo Di Filippo, jefe del Centro de Estudios de Acción por la Igualdad, critica “la venta de un recurso finito como el suelo urbano para el desarrollo inmobiliario”. Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, agrega que ese negocio “queda en manos de pocos y después el Estado compra caro cuando necesita hacer viviendas o espacios verdes”. Una integrante del observatorio, la escritora Gabriela Massuh, publicó en 2014 el libro ‘El robo de Buenos Aires. La trama de corrupción, ineficiencia y negocios que le arrebató la ciudad a sus habitantes’. Eduardo Reese, urbanista de la Universidad de General Sarmiento y director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dispara: “Estoy en contra de la idea de que el patrimonio público sólo tenga como destino el negocio inmobiliario. Después el Instituto de Vivienda de la Ciudad dicen que no puede hacer más viviendas sociales porque no tiene tierras. También hay déficit de espacios recreativos, educativos, de salud, de acción social, de tierras para pequeños productores”. Diego Montón, representante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, reclama contra la venta de tierras agrícolas en Mendoza: “Están pensando en un precio base de 30.000 dólares la hectárea y un parcelamiento base de 50 hectáreas, lo que da una suma de dinero que es muy difícil que junte una persona local”.
Gabriel Lanfranchi, urbanista del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), matiza: “No estoy en contra de la venta de tierras, incluso puede hacer un bien cuando se recupera un baldío, pero la tierra es un bien no renovable, difícil de recuperar. Si tenés tierras de más, no pasa nada con vender porque movilizás el mercado inmobiliario. El problema es privatizar sin un fin claro. Pareciera que hay un apetito un poco excesivo por vender tierras, que a su vez va en contra de la necesidad de crear bancos de tierras, que son la forma de garantizar de que el crecimiento de las ciudades no dependa sólo del sector privado”. La otra campana es la de los empresarios como Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC): “Es fantástico que vendan tierras para hacer viviendas urbanas porque así la gente no tiene que ir a vivir a zonas suburbanas y se reduce el transporte, que tiene su impacto económico y ecológico. Es mejor que haya viviendas y no tipos tirando tiros”.
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