Horror. Sorpresa. Estupor. El orden de las sensaciones no cambia el resultado final, la conmoción social provocada el miércoles 29, cuando se hizo pública la detención del pediatra Ricardo Alberto Russo, ex jefe del servicio de Inmunología y Reumatología del Hospital Juan P. Garrahan. Acusado de producir y compartir pornografía infantil, el médico de 55 años tenía en dos de sus computadoras más de 800 imágenes y 70 videos en los que se ven abusos a menores de entre seis meses y catorce años de edad.
Tal es la dimensión de lo que hallaron los investigadores, que la fiscal a cargo del caso, Daniela Dupuy, solicitó la prisión preventiva del médico. Aunque en un primer momento había trascendido que había imágenes que sugerían la existencia de filmaciones dentro del hospital, la fiscal aclaró el jueves que Russo no aparece en ellas y que tampoco fueron realizadas en las instalaciones del Garrahan.
Uno de los datos que llamaron la atención fue que Russo hubiera sido allanado el 22 de noviembre del 2018 y detenido recién esta semana, pero es algo que tiene su explicación en el largo camino que deben hacer los investigadores para llegar hasta un miembro de una red de pedofilia cibernética y establecer su posible grado de culpabilidad. ¿Cómo hace un pedófilo para recolectar e intercambiar materiales multimedia sobre chicos que pueden ser de Buenos Aires, de Jujuy, de Serbia o de Thailandia? ¿Qué caminos siguen los expertos en cibercrimen para detectarlos? ¿En qué medida personas con una vida aparentemente “común” a simple vista son en realidad abusadores de niñas y niños?
Mundo aparte. Es un universo que transcurre y se desarrolla en la oscuridad, en todos los sentidos posibles. Los pedófilos utilizan muchas formas de conectarse e intercambiar información, fotos, videos. Como lo que hacen es ilegal buscan básicamente no ser detectados y para eso se valen de mensajes encriptados, codificados, en foros cerrados de internet.
Una de las formas más nuevas es armar grupos en WhatsApp. Pero los más avezados saben que esta red social tiene muchos riesgos, el más común de los cuales es que, un día, algún integrante poco ducho envíe una imagen, un video, un link, a otra persona, por error. Allí es cuando llegan las denuncias de la comunidad a las oficinas de investigación policial.
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Quienes son más precavidos y tienen más experiencia eligen otros caminos y herramientas, como usar redes privadas virtuales (VPN) para navegar en internet ocultando su identidad cibernética, y a foros privados a los que sólo se puede entrar a través de una membresía. El recurso más elaborado, el que esconde un verdadero submundo está en lo que se conoce como Deep Web o internet profunda.
La característica de los sitios web oscuros es que no se pueden encontrar a través de los motores de búsqueda comunes como Google o Yahoo!, sus contenidos no están indexados, y los usuarios deben tener la dirección URL específica para aterrizar en un sitio determinado. Los especialistas aseguran que la internet común, esa que usamos todos los días, contiene menos del 1% de la información que circula en la red de redes. El resto (el gran resto) se esconde en la web invisible.
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Ese lugar, a su vez, alberga otro mundo, la internet oscura, donde se promueven desde el contrabando de armas y la venta de drogas hasta los sitios de pedofilia. Durante un congreso denominado Chaos Computer llevado a cabo en la ciudad de Hamburgo (Alemania) en el año 2015, un investigador de ciencias de la computación presentó los resultados de estudios que demandaron seis meses de trabajo: el 83% de los contenidos que circulan a través de la web oscura están vinculados con el abuso sexual infantil.
Es así que más de cuatro de cada cinco visitas a los servicios ocultos de la red Thor (The Onion Router, el navegador que más se usa para acceder a la web profunda) están dirigidos hacia direcciones online que comparten materiales sobre pedofilia. El mundo de la libertad absoluta, acechado por imágenes y videos que los investigadores expertos en ciberdelitos sexuales describen como “algo con lo que es muy difícil vivir una vez que lo ves”.
Médico cazador. Ricardo Alberto Russo tuvo un método menos elaborado: compartió sus materiales a través de una red de intercambio de archivos torrent, la vieja eMule, una de las más antiguas del formato P2P.
¿Cómo se llegó a él? A través de la cooperación internacional. Todo comenzó con una investigación originada en una denuncia ante la fundación National Center of Missing and Exploited Children (NCMEC) de los Estados Unidos, que recibe informes acerca de movimientos potencialmente relacionados con pornografía infantil de parte de los grandes sitios y redes sociales de internet de origen estadounidense, por ejemplo Google, Facebook, Twitter. Como es de rigor, la NCMEC analiza si el contenido sospechoso fue originado en los Estados Unidos o en territorio extranjero para más tarde notificar a la Homeland Security Investigation (Investigaciones de Seguridad del Territorio Nacional, HSI). Luego de un chequeo, y en caso de que el material haya sido compartido en otros países, la HSI notifica a aquellos países con los que tenga convenio para un trabajo conjunto. En el año 2013, el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires firmó un convenio de este tipo con la HSI, que detectó movimientos de intercambio en redes P2P en Brasil: todo apuntaba hacia Russo.
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Así, el pediatra fue allanado el 22 de noviembre del año pasado y los investigadores comprobaron que dos computadoras tenían 3 terabytes de imágenes y videos con menores de entre seis meses y 14 años de edad. El punto es que una vez que los peritos tienen los discos rígidos con toda esa información precisan analizarla puntillosamente para establecer si quien la posee es consumidor de pornografía infantil o más que eso, productor, y si tiene contacto con víctimas de trata.
Desde un centro de investigación en ciberdelito, describen a NOTICIAS: “El análisis es muy minucioso. Si, por caso, aparece una botella de gaseosa en una imagen, tenemos que buscar si ese envase se vende en la Argentina o en otro país. A veces hasta una bolsita de supermercado que alguien se haya olvidado en la escena nos ayuda, porque los videos no tienen voz, ni música, la ropa es común. Tenemos que ir a buscar el detalle más fino, imagen por imagen, video por video”.
Y es que del grado de participación del sospechoso dependerán las penas de la Justicia, muy bajas en el caso de la posesión de material pornográfico infantil, salvo que sean en concurrencia real con otros delitos, como abuso sexual y producción de contenidos.
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Años de trabajo. Casos resonantes en los últimos años hubo. Tanto en la Argentina como a nivel global. La operación Blackwrist estalló en el 2018, cuando un grupo internacional de agentes de Interpol arrestó a nueve personas en Tailandia, Australia y los Estados Unido: 50 niños fueron rescatados luego de que los investigadores detectaran e investigaran una red online de pedofilia. Intervino la policía de 60 países, a partir de rastros hallados en un sitio oculto de la web oscura basado en suscripciones que tenía 63.000 usuarios en todo el mundo.
En la Argentina, uno de los casos más escalofriantes fue el de Miguel Abdón Janco, en Jujuy, condenado a 32 años de cárcel por abuso sexual y producción de pornografía infantil. La división Delitos Informáticos Contra la Niñez y la Adolescencia de la Policía Federal llegó a él luego de analizar imágenes y detectar una remera del club Atlético de Tucumán. A Janco se la habían regalado, y fue a partir de ese detalle que finalmente los investigadores lograron rescatar a diez chicos víctimas de abuso infantil.
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