En la Argentina, los abogados de la constructora brasileña Odebrecht se reunieron en febrero pasado con el ministro de Justicia, Germán Garavano, por un lado, y con el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, y la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por otro, para proponerles un acuerdo como el firmado en Brasil. Entre esos letrados figura Guido Tawil, que patrocinó en su momento a Siemens en su intento inútil para evitar que el gobierno De la Rúa anulara un contrato de elaboración de DNI porque la empresa alemana lo había ganado pagando coimas a funcionarios de la administración de Carlos Menem. Pero más allá de ese antecedente y de que prestigiosos abogados administrativistas consideran que un contrato logrado con sobornos es nulo, en Odebrecht sostienen que la culpable no es la empresa sino sus ejecutivos y abogan por mantener ese negocio, seguir como proveedor de obra pública (a diferencia de lo sucedido en Perú y Ecuador), pagar una multa por el pasado y contribuir con información, según fuentes ligadas al Lava Jato, el caso de coimas de 16 empresas en Brasil a media clase política de ese país. Eso sí, también piden que se unifiquen las diversas causas que tramitan sobre las coimas de la empresa, incluida la que involucraba al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas. En la firma brasileña niegan que el ex representante de futbolistas, ya sobreseído en la causa, hubiese intervenido como intermediario del primo de Macri, según informantes vinculados al escándalo brasileño.
Los conocedores del Lava Jato consideran que Garavano está interesado en el acuerdo, pero en las huestes del funcionario hincha de Ferro lo niegan. "Al ministro no le compete hacer un acuerdo ni sostener el contrato del soterramiento, sino a la fiscalía. No tenemos nada que ver con eso. Pero igual nos pusimos a disposición de Odebrecht, le ofrecimos el programa de protección de testigos", comentan en la cartera de Justicia. En el Ministerio Público Fiscal, que dirige Gils Carbó, consideran difícil un pacto entre el Gobierno, la Corte, la Procuración, los jueces y los fiscales y opinan que para salvar a la empresa se necesitaría que se aprobase en el Congreso una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, algo que parece difícil en tiempo electoral. Reconocen que una delación premiada podría manchar a muchos, desde el primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, ex socio de Odebrecht, hasta el exministro de Planificación Julio De Vido. El tiempo dirá: después del 1 de junio todo se hará más lento.
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