Al ingresar al majestuoso gran salón del Departamento de Justicia de EE.UU., Donald Trump hizo una pausa para admirar su propio retrato antes de subir a un escenario especialmente construido para la ocasión. Detrás de él, dos estatuas art déco que simbolizan la "Espíritu de Justicia" y la "Majestad de la Justicia" habían sido cuidadosamente ocultadas tras un pesado telón de terciopelo azul.
El presidente, quien desde el año pasado es además un criminal condenado, aprovechó la oportunidad para despotricar contra sus enemigos, lanzar una grosería y acusar a la prensa de actuar de manera "totalmente ilegal" sin presentar pruebas. "Solo espero que todos puedan verlo", dijo a los empleados del Departamento de Justicia. "Pero es totalmente ilegal".
La violación de la independencia tradicional del Departamento de Justicia no fue ni impactante ni sorprendente. El episodio rápidamente se desvaneció en el torbellino del caos noticioso. Sin embargo, los historiadores podrían considerarlo un hito en el camino de la democracia más antigua del mundo hacia un destino impensable: el autoritarismo.
Trump ha socavado al gobierno federal y sometido al Congreso. Ha desafiado órdenes judiciales, deslegitimado jueces, deportado inmigrantes y detenido manifestantes sin el debido proceso. Ha presionado a universidades y medios de comunicación, fomentando la autocensura. Respaldado por un ecosistema mediático de derecha que refuerza su narrativa y una oposición dividida y débil, su proyecto de concentración de poder avanza sin mayores obstáculos.
"Las alarmas están encendidas", advierte Tara Setmayer, exdirectora de comunicación del Partido Republicano y crítica de Trump. "Nos acercamos a un nivel de alerta máxima para nuestra democracia y muchos en los medios y en la oposición no parecen transmitirlo con la urgencia necesaria. Lo más peligroso es la normalización de este proceso".
Las advertencias de que Trump, quien intentó un golpe de Estado el 6 de enero de 2021, podría destruir la democracia estadounidense se repitieron durante su campaña electoral. Él mismo prometió en televisión ser "dictador, pero solo por un día". Ahora, tras 60 días en el poder, la pregunta es si esas advertencias fueron lo suficientemente contundentes.
El 45.º y 47.º presidente ha emprendido una ofensiva para consolidar su poder ejecutivo, socavar los contrapesos institucionales y desafiar normas legales establecidas. Y no oculta sus intenciones. Ha declarado que "somos la ley federal" y publicado imágenes suyas con una corona y la frase "Larga vida al rey". Ha citado a Napoleón con la frase: "Quien salva a su país no viola ninguna ley". Frase que algunos aquí interpretaron como un guiño a Javier Milei. Pero Trump solo se salva a sí mismo.
Uno de sus primeros actos fue indultar a los responsables del ataque al Capitolio y colocar leales en el FBI y el Ejército. Ha purgado el Departamento de Justicia, lo que provocó renuncias en protesta por la desestimación de cargos de corrupción contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, luego de que este accediera a endurecer políticas migratorias.
Trump ahora apunta contra los tribunales. Su gobierno ignoró la orden de un juez que bloqueaba la deportación de 250 venezolanos a El Salvador, usando una ley de 1798 diseñada para tiempos de guerra. Luego, atacó públicamente al juez James Boasberg, calificándolo de "corrupto" y pidiendo su destitución. La respuesta del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, fue inusual: "La destitución no es una respuesta apropiada a un fallo judicial". En una entrevista con Fox News, Trump negó desafiar órdenes judiciales, pero advirtió: "Tenemos jueces muy malos. En algún momento, hay que preguntarse qué hacer con jueces rebeldes".
El exasesor presidencial David Frum advirtió en redes sociales: "Casi todas las acciones de Trump son intencionalmente ilegales. Está apostando a que el sistema democrático de EE.UU. está demasiado roto para detenerlo". Las deportaciones masivas son apenas un ejemplo del abuso de poder. Recientemente, 40 inmigrantes indocumentados fueron enviados a la prisión de Guantánamo, hasta que un juez ordenó su retorno al territorio continental. Observadores advierten que el gobierno está probando los límites del público antes de justificar medidas aún más drásticas, como invocar la Ley de Insurrección para reprimir manifestaciones.
El control sobre los medios es otra señal alarmante. Trump ha vetado a periodistas de eventos oficiales, demandado a medios críticos y lanzado investigaciones contra NPR y PBS. Su administración suspendió fondos para Radio Free Asia y despidió al personal de Voice of America, emisora creada en 1942 para contrarrestar la propaganda nazi.
La política exterior refleja su visión interna. Ha puesto en duda el compromiso de EE.UU. con la OTAN y ha favorecido a Rusia en negociaciones sobre la guerra en Ucrania. Ha alabado a líderes autoritarios como Vladimir Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un, replicando estrategias de Viktor Orbán en Hungría, quien desmanteló el sistema judicial y cooptó los medios para consolidar su poder.
El mayor peligro es la falta de resistencia. La aprobación de Trump ha alcanzado su nivel más alto con un 47%, mientras que su manejo de la seguridad fronteriza es respaldado por el 55% de los votantes. En el Congreso, los republicanos son más leales que nunca, evitando cualquier crítica por miedo a represalias en redes sociales o desafíos electorales financiados por aliados como Elon Musk.
Los demócratas, en contraste, parecen paralizados. Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, apoyó un presupuesto republicano que recorta fondos para vivienda, educación y transporte. Aunque argumentó que evitaba un cierre gubernamental, su decisión generó indignación entre activistas y legisladores progresistas.
La última línea de defensa podría ser el poder judicial. Hasta ahora, tribunales han bloqueado decenas de iniciativas de Trump, incluyendo intentos de eliminar agencias federales y terminar con la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, el presidente sigue desafiando estas decisiones y la posibilidad de una crisis constitucional es real.
El abogado Norm Eisen, quien ha liderado demandas contra abusos del gobierno, reconoce la gravedad de la situación: "Trump está empujando al país hacia el autoritarismo. La buena noticia es que ha encontrado resistencia legal firme. Pero si su administración ignora órdenes judiciales, el futuro de nuestra democracia estará en peligro".
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