Lejos de acusar el revés social que generó el arresto y asesinato de Masha Amini en todo el mundo, el gobierno iraní que preside Ebrahim Raisi insiste con ajustar clavijas: el poder judicial de Irán anunció que llevará a juicio a las más de dos mil personas detenidas durante las recientes protestas en Teherán y el interior del país.
Y mientras el mundo se hace eco de la violencia contra las mujeres en la nación árabe (el canciller alemán, Olaf Scholz, anunció que pedirá a la Unión Europea que sancione al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista), a Irán solo le preocupa que su equipo de fútbol sea excluido del Mundial de Qatar: Raisi se puso en contacto con los anfitriones del torneo para no ser vetado del grupo B que integra junto a Inglaterra y Estados Unidos.
Las últimas señales de apoyo externo a las protestas iraníes encabezadas por mujeres y estudiantes, incluyeron sentadas en las universidades europeas, y más de 500 periodistas mujeres firmaron un petitorio que exige que los comunicadores que ayudaron a publicar la historia de Amini sean liberados. Pero el gobierno iraní no está dispuesto a ceder. Y acusa a esos periodistas de espionaje: dos mujeres que fueron fundamentales para informar sobre la muerte de Amini, han sido etiquetadas por el régimen como agentes de la CIA. Niloofar Hamedi y Elahe Mohammadi, fueron arrestadas poco después de que se conociera la noticia de la muerte de Amini y están hoy encerradas en la prisión iraní de Evin.
El comunicado iraní al respecto, que se refiere a las dos mujeres como NH y EM, describe las protestas callejeras como una operación planificada previamente por la CIA, el Mossad y otras agencias de inteligencia occidentales. Y acusa a ambas mujeres de ser “fuentes principales de noticias para los medios extranjeros”. Marca que Hamedi se “hizo hacerse pasar por periodista para forzar a la familia de Mahsa Amini” a divulgar la foto de su hija internada en el hospital (tras la tortura y golpes de la Guardia Revolucionaria Islámica).
Hamedi fue la primera periodista en reportar desde el hospital donde Amini estaba siendo tratada tras los golpes de la Guardia Revolucionaria, quien la arrestó por usar el hiyab de manera incorrecta. Y Mohammadi ha sido acusada por el ministerio de inteligencia iraní de recibir entrenamiento como agente extranjera: está presa realmente por su reportaje sobre el funeral de Amini en su ciudad natal de Saqqez. Y fue detenida el 22 de septiembre cuando las fuerzas de seguridad derribaron su puerta y secuestraron su teléfono y computadora.
La declaración gubernamental iraní, que fue enviada a las agencias de noticias locales el pasado viernes por la noche, fue recibida con estupor. El delito de espionaje conlleva la pena de muerte en Irán, y más de 40 periodistas han sido detenidos desde que estallaron las protestas en las calles de todo el país.
La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos de Irán (HRANA) estima en tanto que más de 220 personas han muerto ya a manos de la represión gubernamental desde que comenzaron las manifestaciones hace más de seis semanas. “Nos están monitoreando de cerca y me han aconsejado que corte todos los lazos con los corresponsales extranjeros. Si revisan los registros de mi teléfono y descubren que alguien del oeste me llamó, incluso si es un amigo, será un gran riesgo para mi vida”, declaró al Washington Post un periodista iraní, cuya identidad se mantuvo lógicamente en secreto.
Los movimientos para etiquetar a los periodistas como espías son parte de un ataque concertado contra los medios en Irán, para imponer silencio. “Usarán esta declaración y conclusión para hacer más arrestos o, peor aún, ejecutar a ciudadanos por espionaje”, adelantó el mismo periodista.
Y la razia ya es un hecho: Mohammad Ghobadlo, un manifestante que fue arrestado bajo el cargo de “corrupción” después de participar en una manifestación antigubernamental, fue sentenciado a muerte tras mediar solo una audiencia. “Mi hijo tiene solo 22 años y está enfermo. Lo privaron de tener un abogado y no permiten que se defienda en la corte”, contó la madre de Ghobadlo en un video que se volvió viral
Unos mil manifestantes deben ser juzgados en tanto por “acciones subversivas”, que incluyen agredir a los guardias de seguridad, prender fuego a la propiedad pública y otros cargos, por los que podrían pasar años en prisión, lo que incrementa el tenso clima social.
No obstante, la élite gobernante iraní, sigue dividida entre quienes quieren tratar las protestas como el producto de una conspiración extranjera, y una minoría que entiende que los disturbios, ahora en su sexta semana, revelan profundos problemas sociales. El jefe del poder judicial iraní, Gholam-Hossein Mohseni Ejei, decretó que no habrá entendimiento: “Aquellos que pretendan confrontar y subvertir el régimen, dependen de los extranjeros y serán castigados”. "Querían derribar la República Islámica”, concluyó.
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