Lula da Silva toma distancia de la izquierda autoritaria

Hay dirigencias progresistas y dirigencias que se auto-perciben progresistas. En la vereda de las dirigencias que no son lo que proclaman ser, están todas las que defienden los Derechos Humanos y la democracia pluralista cuando son atacados por regímenes derechistas, pero justifican represión, censura y proscripciones cuando los perpetran regímenes izquierdistas.

Quienes se proclaman marxistas-leninistas no tienen por qué estar comprometidos con los Derechos Humanos y las libertades públicas e individuales, ya que adhieren a una ideología que promueve desde sus dogmas fundacionales una dictadura, la del “proletariado”. Por eso la mayoría de los procesos revolucionarios marxistas derivaron en Estado policiales con regímenes totalitarios. Pero el progresismo es otra cosa.

Así como hubo falsos liberales que defendían dictaduras como la de Pinochet porque, con economistas neoliberales como Hernán Büchi, impulsaron el mercado y retiraron al Estado de la economía, ahora impera una falsificación del progresismo que apuesta al autoritarismo, usando como vía el secuestro de la democracia mediante el copamiento y degradación paulatina de sus instituciones.

Resulta enigmática la dificultad para condenar a regímenes de izquierda que violan Derechos Humanos de manera tan evidente como brutal y sistemática. Es increíble que, a esta altura de la historia, la portación de discurso y simbología con carga ideológica les permita contar con la complicidad de dirigencias “progresistas” a regímenes calamitosos, como el cubano y el venezolano, así como a déspotas inescrupulosos que mantienen la economía capitalista pero persiguen a sus opositores, como Daniel Ortega en Nicaragua.

Lula da Silva comenzó a corregir esa defección deplorable, precisamente con el caso nicaragüense. El tono que usó no es acorde con la gravedad de lo que ocurre en el país centroamericano, pero al menos dijo lo que otros presidentes que se auto-perciben progresistas callan de manera ensordecedora.

El ex presidente de Brasil recomendó a Ortega “no abandonar la democracia” y respetar “la libertad de expresión” y la alternancia en el poder, señalando incluso como positivo que el próximo gobierno de Nicaragua fuese de otro signo político.

Debió haberse referido a los muertos por la represión que aplastó las últimas protestas en Mangua. Pero no lo hizo. Tampoco dijo nada sobre la ola de exiliados nicaragüenses que inundó Costa Rica, ni sobre los presos políticos y la razia que encarceló a dirigentes opositores y aspirantes a competir en la próxima elección presidencial.

La realidad opresiva que vive Nicaragua amerita un tono más enérgico que el utilizado por líder centroizquierdista brasileño. Pero en el marco del vergonzoso silencio que mantienen los gobernantes y dirigentes de la izquierda en la región, lo que dijo Lula da Silva tiene un valor importante.

Aún adeuda denunciar los crímenes del régimen de Maduro en Venezuela y la feroz represión a las protestas en Cuba. Las izquierdas y quienes se auto-perciben progresistas les permiten ejecuciones extrajudiciales, hacer juicios sumarísimos, colmar cárceles de manifestantes y torturar, porque esos regímenes son portadores de discurso y simbología con carga ideológica. Pero si Lula dio un paso en dirección contraria, tal vez dé los que faltan para actuar como genuino progresista.

La manera democrática con que gobernó Brasil expresa progresismo, pero sus alineamientos regionales no.

Con el reclamo que hizo a Ortega, el hombre que podría vencer a Bolsonaro en la próxima elección anunció sus diferencias con las autocracias y los regímenes que acumulan poder hegemónico, diferenciándose también con quienes los justifican o callan.

Esa actitud no es sólo una defección de las izquierdas. Los países del Grupo de Lima guardan silencio sobre lo que ocurre en países gobernados por derechistas que avasallan el Estado de Derecho. En Guatemala, el presidente conservador Alejandro Giammattei está desactivando los dispositivos anticorrupción con que cuenta el sistema judicial. Valiéndose de la fiscal general Consuelo Porras, expulsó sin causa alguna al titular de la Fiscalía Especial contra Impunidad, Juan Francisco Sandoval, quien llevaba adelante investigaciones sobre corrupción.

A pesar de haber sido ejemplar la acción de la Justicia que terminó encarcelando a un presidente, Otto Pérez Molina, y una vicepresidenta, Roxana Baldetti, se volvieron sistemáticos los ataques desde el poder a la Comisión Interamericana Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y evidentes las proscripciones, como la que excluyó de la última elección presidencial a la ex Fiscal General Thelma Aldana.

Ahora, fue expulsado injustamente del cargo Juan Francisco Sandoval, quien además huyó del país buscando protección en Estados Unidos, convencido de que en Guatemala su vida corre peligro.

Sólo el gobierno norteamericano ha manifestado claramente preocupación por la deriva autoritaria de Giammattei y ha empezado a tomar medidas al respecto. En Latinoamérica no se escucha a gobernantes hablar de Guatemala. Tampoco de El Salvador, donde se multiplican las señales de probable persecución política contra la dirigencia del izquierdista frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN).

Por casos de corrupción en el gobierno de Mauricio Funes que ya habían sido juzgados, varios ministros del posterior gobierno del FMLN fueron detenidos y se ha librado una orden de captura contra el ex presidente Salvador Sánchez Cerén. No es difícil sospechar que el actual presidente salvadoreño está detrás de esta posible persecución judicial porque, desde que llegó al poder, Nayib Bukele se colocó por encima del sistema de leyes, arremetiendo contra todo lo que pone límites a su poder.

Aunque no se trate de situaciones totalmente equiparables, la lentitud de la OEA y de su titular, Luis Almagro, para dar centralidad a los casos de Guatemala y El Salvador, contrasta con la estridencia de los pronunciamientos contra el autoritarismo de regímenes izquierdistas. También aturde el silencio de gobiernos y dirigencias centroderechistas respecto a Colombia, donde se han vuelto sistemáticos los asesinatos de dirigentes campesinos, defensores de DD.HH. y ex guerrilleros desmovilizados.

Desde hace años funciona en Colombia una maquinaria de asesinar a la que los sucesivos gobiernos no han enfrentado de manera decidida y total. El silencio que los líderes de centroderecha mantienen frente a estos casos, resta credibilidad a sus denuncias y repudios a las violaciones de Derechos Humanos que se cometen en Venezuela, Nicaragua y Cuba con la complicidad deplorable de gobiernos y dirigencias que se auto perciben progresistas, o simulan serlo.