El fracaso de Javier Milei y su andamiaje en el recorrido parlamentario de la “Ley de Bases”, abre una nueva rueda de especulaciones sobre cuál será la siguiente jugada de un presidente que llegó al poder con discurso anticasta, el mismo que potenció las últimas semanas en abierta disputa con gobernadores y parlamentarios que alguna vez pudieron ser aliados.
La posibilidad de un referéndum ya está sobre la mesa. Milei descuenta el apoyo popular. Pero, por un lado el resultado no es vinculante. Y por otro, está el ejemplo cercano de Chile, donde la sociedad fue de banquina a banquina en las consultas populares para aprobar la reforma de una nueva constitución. Ambos deberían ser una alerta para el presidente. Si fracasa en las urnas frente a un descontento social creciente que refrendan variadas encuestas, y en vínculo directo con los ajustes al bolsillo de la clase media, quedará en flagrante offside.
El presidente estaba obligado a negociar para evitar ese derrotero. Pero fiel a su personalidad y discurso de campaña -al cual remarcan otros referentes de LLA, le insiste que suscriba su asesor más cercano, Santiago Caputo-, eligió la dinamita. La posibilidad de acuerdo voló por los aires y Milei entra ahora en otra narrativa. Una quizás sorpresiva para Argentina, pero que tiene paragón en casos de otros países latinoamericanos.
“Milei no tiene condiciones de gobernabilidad democrática porque, aunque haga la mejor elección del mundo, va a tener menos de un tercio del senado y menos de un tercio de diputados, y muy pocas posibilidades de coaligabilidad”, anticipaba el analista político Andrés Malamud el año pasado en medio de la campaña: el video de la entrevista en TN con Diego Seligman se va vuelto viral en las últimas horas.
“Enfrente está la casta. Y aunque elija algunos poquitos no va a llegar a dos tercios. Eso significa que una de dos: si se enfrenta con el Congreso y él quiere imponerse puede decidir cerrarlo como hizo Alberto Fujimori en Perú en 1992. Si se enfrenta con el Congreso y es superado con dos tercios de ambas cámaras, el Congreso lo destituye con juicio político como pasó en Perú con Pedro Castillo”, vaticinó el profesor de la universidad de Lisboa.
“Perú es el espejo de la Argentina que viene. Si Milei gana las elecciones, no tiene condiciones de gobernabilidad porque las instituciones son restrictivas. Están hechas así, la Constitución es así, las leyes están así, no va a tener más de 16 senadores, aunque saque el 80% de los votos, no va a tener más de 70 diputados sobre 257, y en Argentina para gobernar hay que ponerse de acuerdo. Y él rompió todos los puentes para ponerse de acuerdo. En hiperminoría no se gobierna este país, no democráticamente. Autoritariamente en hiperminoría alcanza con uno”, concluía Malamud.
El caso de Alberto Fujimori en Perú es la versión “exitosa” del autogolpe (no la única, Nicolás Maduro disolvió la Asamblea Nacional controlada por la oposición e instaló una nueva a sus órdenes en 2017). Hasta que la popularidad lo abandonó y fue preso: el presidente, que gobernó el país latinoamericano durante toda la década de los 90, disolvió el Congreso peruano en 1992 argumentando la necesidad de reformas económicas y la lucha contra el terrorismo.
Estableció entonces un régimen autoritario, el "fujimorismo", que todavía sobrevive, aunque no ha podido volver al poder. Sin embargo, ha sido partícipe de la caída de Pedro Castillo, líder popular de izquierda que llegó aclamado a la presidencia a mediados del 2021: pero fue depuesto en diciembre de 2022 por el Congreso cuando había intentado disolverlo, acorralado por la justicia, sin el apoyo de los propios, y tras algunos intentos de juicio político.
En Argentina el antecedente más cercano es el de Fernando de la Rúa (1999-2001), quien vaciado de poder luego de que el Congreso le retirara su apoyo, renunció en medio de protestas masivas y disturbios, y tras no lograr dar soluciones a una profunda crisis económica y política: un escenario que un sector de la oposición peronista agita frecuentemente en la comparación, aludiendo también al mismo espíritu mesiánico exhibido entonces por el ministro de economía Domingo Cavallo, a quien Javier Milei venera.
Finalmente, en Brasil, el Congreso tiene antecedentes de juicios políticos a mandatarios. De Fernando Collor de Mello (1990-1992), quien renunció antes de ser destituido y en medio de acusaciones de corrupción, hasta Dilma Rousseff, depuesta por el Congreso brasileño en 2016, en un derrocamiento que incluyó la traición de su vicepresidente Michel Temer, un fantasma que el círculo íntimo del presidente argentino convoca con frecuencia entre sus desconfianzas.
Luis Inácio Lula da Silva también se enfrentó a investigaciones de corrupción durante su mandato, con debates parlamentarios a propósito; y Jair Bolsonaro fue jaqueado por intentos de juicio político que no se concretaron. Un caso similar al de Donald Trump en Estados Unidos. Ambos, Bolsonaro y Trump, desconociendo los resultados de las urnas tras sufrir derrotas en sus intentos de reelección, buscaron tomar el Congreso, motivo por el cual hoy enfrentan causas judiciales.
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