Una nueva izquierda parece incubarse en Latinoamérica. Una izquierda que no quiere ser cómplice de regímenes autoritarios que violan Derechos Humanos e imponen culto personalista. Una izquierda que no confunde distribución de riqueza con distribución de renta ni creación de riqueza con el alza de los precios de un commodity, y que entiende la necesidad de crear riqueza con inversión genuina para que la distribución sea sostenible.
Esa nueva izquierda, que está dispuesta a denunciar los crímenes de Estado sin importar el carné ideológico que muestre el régimen que los comete, está dando señales de su advenimiento a través del presidente electo de Chile Gabriel Boric y del presidente peruano Pedro Castillo.
El joven líder chileno que venció en las urnas al conservadurismo recalcitrante, seguramente rechazaría cualquier intervención militar extranjera en Venezuela o Nicaragua, pero no tartamudeó al decir que esos regímenes violan Derechos Humanos, cosa que nunca ha podido hacer el kirchnerismo ni el correísmo ni el MAS de Evo Morales.
Al presidente de Perú se le pueden cuestionar muchas cosas, en general torpezas y falta de experiencia que generan problemas y complicaciones graves. Pero ha dejado claro que no adhiere en absoluto a los modelos de poder de Nicolás Maduro y de Daniel Ortega. Además, dejó en claro que donde haya presos políticos, farsas electorales, censura y persecución política él hará lo mismo que Gabriel Boric: no dudará en denunciarlo.
También emitió señales en ese sentido la nueva presidenta de Honduras. La primera jefa de Estado de toda la historia hondureña, y la cuarta en América Central junto a la nicaragüense Violeta Chamorro, la panameña Mireya Moscoso y a la costarricense Laura Chinchilla, ha dado indicios de algo nuevo.
Por un lado, logró romper el eterno bipartidismo de Honduras. Con ella llegó al poder una fuerza política que no es ni el Partido Liberal ni el Partido Nacional, equivalentes centroamericanos a lo que representan el Partido Demócrata y el Partido Republicano en los Estados Unidos. El bipartidismo hondureño tiene origen decimonónico. La centroizquierda llegó por primera vez a la presidencia de Honduras en la última década del siglo XIX, con Policarpo Bonilla, el fundador del Partido Liberal.
De esa centroizquierda surgió en los últimos años el partido izquierdista que llevó a Xiomara Castro al cargo que un golpe de Estado le arrebató a su marido en el 2009. ¿Significa eso que su gobierno llevará el país, desde la derecha corrupta que la gobernó con Porfirio Lobo y con Juan Orlando Hernández, a una izquierda que intente reemplazar la institucionalidad republicana como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela? ¿Procurará retomar el rumbo al que apuntó su marido al incorporar Honduras al ALBA, la alianza de gobiernos que recibían petróleo venezolano subsidiado si se alineaban al liderazgo regional de Chávez?
Manuel Zelaya ha regresado a la residencia presidencial de la que lo sacaron, en pijama y apuntado por fusiles, a las cinco de la madrugada del 28 de julio del 2009. Pero esta vez, al cargo que le arrebató aquel golpe de Estado no lo tiene él sino su esposa. Y si bien Xiomara militaba en el Partido Liberal y fue impulsora de su rama femenina, hasta el derrocamiento de su marido fue sobre todo una empresaria abocada a la administración de los negocios familiares.
El golpe perpetrado por el diputado liberal Roberto Micheletti con el respaldo del Poder Judicial y la cúpula militar la llevó a batallar en el centro del escenario político. Impulsó la multitudinaria marcha en Tegucigalpa que reclamó el regreso de Zelaya meses después del derrocamiento. Junto a su marido escindió un sector del Partido Liberal y fundó el partido Libertad y Refundación, más conocido por su sigla: LIBRE. Perdió como candidata a presidenta contra Juan Orlando Hernández. También perdió ante la reelección de Hernández, esta vez como candidata a vicepresidenta (en Honduras el cargo se llama designada presidencial) de Salvador Nasralla. Pero ganó el tercer intento, con Nasralla como candidato a vice.
Sobre el rumbo que tomará su gobierno, lo que parece revelador es que a su asunción del mando no hayan sido invitadas las máximas figuras de los regímenes que imperan en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Por Venezuela acudió la hija de Hugo Chávez pero no fue invitado Maduro ni Diosdado Cabello ni la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Tampoco fue invitado el déspota nicaragüense Daniel Ortega ni la vicepresidenta Rosario Murillo. Por Nicaragua acudió el canciller Denis Moncada.
Con Kamala Harris como figura estelar, la postal de Tegucigalpa contrastó con la de Managua al reasumir Ortega flanqueado por Maduro, el presidente cubano Díaz Canel y el vicepresidente iraní para Asuntos Económicos y responsable de la masacre en la AMIA, Mohsen Rezai.
Si a eso se suma la bancarrota en la que cayó PDVSA por regalar petróleo para financiar la construcción de liderazgo que Chávez realizaba más allá de Venezuela, la conclusión es que no hay motivos para que Xiomara Castro retome el trayecto que había iniciado su aparatoso y demagógico marido, cuya deriva en absoluto justifica el golpe de Estado que lo derrocó, dando inicio a una década de corruptos y calamitosos gobiernos conservadores.
La otra razón es que la administración Biden apoyó la campaña electoral de la nueva presidenta. El secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, viajó a Honduras a mostrar el apoyo de la administración demócrata. Después hizo lo mismo Uzra Zeya, subsecretaria de Estado para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos.
La razón inicial de ese respaldo norteamericano está en las sospechas de la CIA y de la DEA sobre posibles vínculos de Juan Orlando Hernández con carteles de la droga. De hecho, el hermano del dirigente conservador que acaba de dejar la presidencia está preso por narcotráfico en Estados Unidos.
Pero además de la corrupción y los vínculos mafiosos de Hernández, el gobierno norteamericano parece confiar en Xiomara Castro, apostando a que intentará transitar un camino de reformas como el que está planteando Gabriel Boric para Chile: que no implique modelos autoritarios de poder, ni culto personalista, ni economías estatistas que no sean sustentables.
En síntesis, un progresismo institucionalista de corte liberal-demócrata.
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