La última postal de la tragedia venezolana muestra un naufragio con al menos veinte muertos. Eran balseros que intentaban llegar a las costas de Trinidad y Tobago en navíos destartalados. Naufragaron en el marco de una deriva de la que es responsable el régimen residual chavista, pero que tuvo como punto de partida una medida tomada por Hugo Chávez.
En el año 2004, el exuberante líder caribeño agregó doce jueces supremos, llevando el número de miembros de veinte a 32. El final del Tribunal Supremo de Justicia como poder independiente es el origen del big bang que desembocó en esta larga pesadilla en la que votar ya no implica elegir.
La consulta popular realizada por la disidencia logró más de un millón de participantes por encima de los 2.264.104 que votó en los comicios legislativos que hizo el régimen. De todos modos, Juan Guaidó no puede probar los casi seis millones y medio de participantes que dijo haber tenido la consulta. Por lo tanto, se trata de un grito mudo al que la voz de la disidencia le pone palabras.
Tampoco se pueden verificar las cifras que dio el régimen sobre participación y resultados del comicio que organizó. No hay razones para creer en el 67 por ciento que dice haber obtenido el chavismo entre el PSUV y sus partidos aliados. Sin embargo, lo más revelador de este duelo de votaciones, está en la versión del régimen.
Sucede que la disidencia dijo que la abstención en el comicio legislativo superó el 80 por ciento, mientras que la cifra oficial señala que votó el 31 por ciento del padrón. O sea que, aún tomando en cuenta la poco creíble versión oficial, casi el setenta por ciento de los empadronados no votó. Y eso es un claro triunfo de la disidencia, porque sus dirigentes con Guaidó a la cabeza, habían llamado a la población a no votar.
Incluso es posible que la cifra oficial sea por demás alta. Sobre la elección del 2017 para la asamblea constituyente, la empresa Smarmatic, que provee desde el 2004 las plataformas de votación y conteo de los sufragios en Venezuela, dijo que se había agregado más de un millón de votos inexistentes al escrutinio. Pero aún en el caso de que fuese cierta la cifra que da el régimen, lo que prueba es que ni siquiera logró la participación que pretendía a pesar de haber utilizado todos los medios para arriar a la gente a los centros de votación.
Como Guaidó llamaba a la abstención, la pulseada entre el régimen y la dirigencia disidente se planteó en el nivel de participación. Por eso el PSUV y el Estado movieron sus estructuras para empujar a la gente hasta las urnas. Como para borrar dudas al respecto, Diosdado Cabello dijo públicamente “el que no vota no come”, una amenaza que puede concretar porque el régimen tiene el monopolio de la distribución de alimentos. A pesar de toda esa presión, la cifra oficial confirma una inmensa mayoría de los que se abstuvieron.
Ese dato es más revelador que las cifras que dio Guaidó sobre su consulta popular. También es revelador que hayan muerto decenas balseros intentando llegar a las costas de Trinidad y Tobago para huir del hambre y la represión. Y resulta igualmente revelador que Maduro impidiera el ingreso de ayuda alimentaria a Venezuela, porque no logró que la agencia de alimentos de la ONU aceptara que el régimen esté a cargo de la distribución.
Uno de cada tres venezolanos está subalimentado, pero el poder imperante condiciona el ingreso de la ayuda humanitaria a que la ONU acepte dejar la distribución en sus manos.
Los gobiernos y las dirigencias foráneas que aún defienden al régimen se vuelven cómplices de la obstrucción al ingreso de alimentos para una población en la que abunda el hambre. También de la muerte de balseros venezolanos y de los crímenes de lesa humanidad por los que la Corte Penal Internacional de La Haya podría iniciar un juicio contra Maduro.
Una cosa es oponerse a una invasión militar, pero otra muy distinta es la complicidad con la tragedia de los venezolanos. Represión con centenares de muertos y heridos, informes sobre violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos y una diáspora de dimensiones bíblicas imponen hacer esfuerzos para que la casta militar devuelva el Estado de Derecho a los venezolanos. Persistir en la complicidad con semejante situación sólo tiene tres posibles explicaciones.
Una explicación es la comunión ideológica con un sistema que elimina el pluralismo y las libertades: sostener que el régimen está construyendo el socialismo, que eso implica grandes sacrificios y que a los males que padece el pueblo los causan los enemigos de la revolución.
Otra explicación es la gratitud por favores económicos cruciales recibidos de Hugo Chávez: considerar que en virtud de aquellos salvatajes que permitieron revertir situaciones críticas, lo ético es apoyar al régimen residual que empoderó el líder de la revolución bolivariana.
La tercera explicación es la actividad ilegal y el chantaje: la posibilidad de ser extorsionados por Maduro en virtud de los oscuros negociados que facilitaba el régimen y las financiaciones ilegales que salieron desde Caracas hacia muchos países del mundo. También la continuidad de esas formas ilegales de financiación en la actualidad.
De esas tres posibilidades, la segunda (gratitud por salvatajes económicos y ayudas cruciales) es la menos cuestionable. El hecho es que por una de esas razones aún hay gobiernos y dirigencias dispuestas a ver elecciones donde no las hubo. Al fin de cuentas, votar no es lo mismo que elegir. Poder elegir implica decidir entre opciones diferentes. La palabra elección no proviene de votar, sino de elegir. Y en los comicios legislativos que organizó el régimen, el voto no decidía entre diferentes opciones.
Ocurre que el Tribunal Supremo de Justicia intervino las tres principales fuerzas opositoras, Voluntad Popular (de Juan Guaidó y Leopoldo López), Primero Justicia (de Henrique Capriles) y Acción Demócrática (de Henry Ramos Allup). A las dirigencias de esos partidos y otras cuatro agrupaciones políticas de la oposición, las impuso la burocracia judicial que responde a la casta militar imperante.
De ahí en más ¿por qué pensar que los venezolanos pueden elegir entre opciones verdaderamente distintas en las urnas?
La última elección en la que el chavismo no impuso el resultado mediante el fraude, fue la del 2015 para conformar la Asamblea Nacional. Y como ganó la oposición, logrando mayoría, el régimen aisló al poder legislativo y le aplicó una suerte de vasectomía institucional que le impidió legislar y actuar como poder independiente.
Galería de imágenes
Comentarios