El viernes 25 de abril, la Oficina Anticorrupción (OA) publicó la Resolución 3/2026 con la firma de su nueva titular, Gabriela Carmen Zangaro. La norma corre el vencimiento de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de todos los funcionarios nacionales del 30 de mayo al 31 de julio. Dos meses de prórroga que, técnicamente, tienen justificación. Políticamente, el timing es difícil de ignorar.
La justificación de la OA es de orden administrativo: el formulario F-1245 de ARCA se alimenta de datos provenientes de las declaraciones de Ganancias y Bienes Personales, que vencen recién durante la primera quincena de junio. Sin esos datos cargados, los funcionarios no pueden completar correctamente su DJPI. El argumento tiene respaldo normativo en la Resolución General N° 4354-E/2018 y resulta técnicamente coherente. La OA aclaró que quienes no tengan realizadas sus presentaciones impositivas deberán completar los datos de manera manual.
El problema es el contexto político. La medida llega en pleno escándalo patrimonial del jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito ante el juzgado de Ariel Lijo, a instancias del fiscal federal Gerardo Pollicita. La causa ya contabilizó gastos en efectivo y en dólares que superan los US$ 48.720 que Adorni declaró en ahorros: solo el viaje familiar a Aruba demandó cerca de US$ 15.000 —alojamiento en dos hoteles y pasajes de LATAM con escalas en Perú y Ecuador—. A eso se suman los viajes a Punta del Este y el regreso desde Nueva York.
En materia de propiedades, el panorama es igualmente complejo. Adorni declaró un inmueble en La Plata y la mitad de un departamento en Parque Chacabuco, pero la Justicia tiene bajo la lupa una tercera propiedad en Indio Cua, registrada a nombre de su esposa en noviembre de 2024. No la había consignado en su declaración jurada; la informó recién este mes, con la causa ya abierta y tras el requerimiento judicial a la OA de la totalidad de su documentación.
Zangaro asumió hace menos de un mes, promovida por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques. Su primera resolución de relevancia beneficia —objetiva, aunque involuntariamente— al funcionario con la causa judicial más caliente del Ejecutivo. Adorni había prometido públicamente que su próxima declaración jurada echaría por tierra todas las dudas sobre su patrimonio. La prórroga de la OA posterga ese momento exactamente dos meses.
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