Salud / 10 de Mayo de 2013

Psiquiatría

Salud mental, un derecho

La represión en el Hospital Borda, y su relación con la limitación a los psiquiátricos públicos. Desmanicomialización polémica.

Por

Prejuicios. Los psiquiatras de hospitales mentales, como el Borda y el Moyano, coinciden en que hay más mitos que verdades en torno a ellos.

Serio, muy serio, el hombre preguntó, concentrada la mirada en un punto distante, entre los árboles. “¿La batalla continúa?”. Y se rascó la cabeza. Metros más allá, otro se escondía tras los árboles, mirando a su alrededor, temiendo, desconfiando, esperando. No son protagonistas de una película, tampoco de una novela, son dos de los internos del Hospital Neuropsiquiátrico José T. Borda. Ambos estuvieron presentes en la batalla campal que se desató el jueves 26 de abril cuando la policía Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos a médicos, pacientes y enfermeros que protestaban contra la demolición del Taller Protegido 19, además de a periodistas y legisladores.

Otro interno, en su pánico, esa mañana se atrevió a trepar y saltar los muros altísimos del hospital, con tal de escapar de la situación traumática, violenta, que alteraba su vida cotidiana en esa, que él considera su casa. Los médicos no pueden explicar muy bien cómo, pero “solo” se quebró un tobillo, y no la columna entera. Un compañero la sacó menos barata: 11 heridas de bala de goma en la espalda. Y “por suerte”, dicen quienes trabajan en el Borda, la situación no afectó a la guardería del hospital, llena de chicos, que está al lado del taller que se había ido a demoler con topadoras para instalar un centro cívico.
Esto, que según psiquiatras extranjeros, nunca habían visto antes (que la policía reprimiera abiertamente en un hospital con enfermos mentales internados, no en épocas democráticas al menos), no es lo único que está sucediendo en el ámbito de la salud mental pública. Todo el sistema está en un momento clave, en el que los próximos años serán decisivos: de aquí al 2020 la Argentina podrá estar o bien contando con un sistema de salud mental más moderno, más manejable, o con uno que deje en la calle a miles de enfermos, sin tratamiento ni albergue.

El nudo del problema. ¿Qué va a pasar en el 2020? La idea es que para ese año la sociedad esté “desmanicomializada”, lo que traducido es que ya no tenga lo que se conoce como instituciones de salud monovalentes, es decir, psiquiátricas. Quienes necesiten ser internados por enfermedades mentales, tendrán que ir a hospitales plurivalentes, comunes, a los que van quienes padecen desde una gripe hasta un infarto o un cólico renal.
Así lo establece la Ley Nacional de Salud Mental Nro. 26657 del 2011, que en su artículo 27 establece: “Queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados. En el caso de los ya existentes se deben adaptar [a los principios de la ley] hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos”.

El problema, dicen los especialistas, es que hasta el momento no se  instrumentaron esos “dispositivos alternativos” de los cuales habla la ley, y que son ni más ni menos que caminos intermedios: casas de convivencia, hospitales de día, residencias, familias sustitutas. Para eso, el art. 32 de la ley prevé que “en un plazo no mayor a tres años a partir de la sanción de la presente ley, el Poder Ejecutivo debe incluir en los proyectos de presupuesto un incremento en las partidas destinadas a salud mental hasta alcanzar un mínimo del 10% del presupuesto total de salud. Se promoverá que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten el mismo criterio”.
De acuerdo con Luis Herbst, secretario de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), “ya se están por cumplir esos tres años y tenemos un 20% de pacientes internados que podrían salir, pero no salen no porque el hospital no cumpla la ley sino porque no tienen adónde ir –enfatiza–. Porque no hay inversión en salud mental”.
Norberto Corti, jefe de servicio de la sala 25A del Hospital Borda, da un ejemplo en ese sentido: “Actualmente, el Estado le da a un paciente para externarse 800 pesos por mes, es todo. Y es obvio que eso no le alcanza casi para nada. Tanto es así que a veces lo que hacemos cuando el paciente logra alquilarse algo es permitirle que coma en el hospital, con lo cual estamos subsidiando el alta”.

Para leer la nota completa, adquiera online la edición 1898 de la revista NOTICIAS.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *