l escándalo va creciendo. Sus tentáculos ya alcanzaron a legisladores y dirigentes del partido gobernante y de las fuerzas políticas aliadas. También enlazaron y pusieron bajo arresto a dueños y CEOS de las principales empresas constructoras, no solo de Brasil sino de América Latina.
Pero no se detuvieron allí. Siguen avanzando. Y se acercan cada vez más al Palacio de Planalto. A esta altura, no parece imposible que los tentáculos del escándalo que sacude a Petrobras, ingresen dentro de poco al despacho más importante de Brasilia y empujen hacia el banquillo de los acusados a la mismísima presidenta.
Ni siquiera el reverenciado Lula da Silva, que hasta hace poco parecía cómodamente situado más allá del bien y del mal, está a salvo del cuerpo opaco que crece como las amebas gelatinosas de las malas películas setentistas de ciencia ficción.
Hasta Lula empieza a estar jaqueado por el escándalo que hunde en el lodo del desprestigio a las empresas Odebrecht, Andrade Gutiérrez y otros gigantes de la construcción y la ingeniería que se quedaban con todas las licitaciones de la petrolera estatal brasileña.
Lo que ya está a la vista es que esas compañías privadas pagaban millonarios sobornos a los funcionarios políticos de Petrobras, que nombraba el gobierno del PT, para obtener contratos con los costos inflados. Las certezas que existen al respecto ya implicaron la detención de jerarcas del empresariado privado, como Marcelo Odebrecht y Otavio Azevedo, además de otros empresarios que también parecían inalcanzables.
Si gente tan poderosa de las compañías más grandes e influyentes, espera en una celda que un tribunal empiece a juzgarlos por comprar licitaciones pagando sobornos suculentos a los funcionarios de Petrobras designados por la cúpula del PT y sus socios políticos, es posible imaginar que también Dilma y su mentor terminen imputados en esta causa de megacorrupción.
Sucede que la mancha resultó ser tan grande, que permite sospechar que la rigurosa presidenta de Brasil y su carismático antecesor no podían ignorar lo que estaba ocurriendo con las licitaciones de la petrolera estatal.
En definitiva, el solo hecho de que conocieran la existencia de un sistema de sobornos para otorgar contratos sobrevaluados a un puñado de empresas amigas del poder político, los hace por lo menos cómplices del truculento negociado. Mientras que ignorar semejante armado de corrupción, los muestra inútiles y negligentes.
Dilma y Lula pueden salir del escándalo judicialmente indemnes, pero políticamente bien parados, ya parece algo imposible.
La sombra que oscurece el futuro de Lula es, principalmente, su relación con la constructora Odebrecht. En la Procuraduría del Brasil van creciendo dos sospechas cada vez más cerca de convertirse en acusaciones: Lula habría actuado como lobista de Odebrecht ante gobiernos extranjeros para que le otorguen obras de gran envergadura. Y también habría presionado al Banco de Desarrollo de Brasil para que entregue más de mil millones de dólares en créditos a la empresa constructora.
En rigor, muchos mandatarios y ex mandatarios de las democracias desarrolladas salen al mundo a buscar grandes contratos para las empresas de sus respectivos países. Hay ejemplos muy visibles desde América Latina, por caso Felipe González. Y eso no está mal.
Lo que está mal es lo que sospechan los fiscales brasileños: Lula mediaba ante gobiernos amigos para que Odebrecht obtuviera contratos por cifras desmesuradamente infladas. Este es el esquema que, según algunos sabuesos de la Justicia del Brasil, se habría ejecutado en Cuba, Venezuela, Ghana y la República Dominicana, países donde Odebrecht obtuvo jugosísimos contratos.
Los viajes que hizo Lula y fueron pagados por este y otros grandes grupos económicos, no son cuestionables ya que fueron para que hable ante importantes auditorios y eventos internacionales, promoviendo en el mundo las empresas brasileñas. La cuestión es si medió para que Odebrecht consiga contratos inflados de parte de gobiernos que le debían favores políticos a Lula, como los de Cuba y Venezuela, fundamentalmente.
Si lo hizo en esos países, entonces no hay por qué descartar que también lo haya hecho en Petrobras, un escándalo que todavía no lo ha rozado directamente.
La pregunta es qué pasaría en Brasil si tanto la presidenta como el máximo referente de la política en la última década quedaran acusados de corrupción.
Lula y sus allegados explican que todo es parte de una conspiración de medios hegemónicos, que buscan debilitar al gobierno y al partido de la izquierda brasileña. Suena a eco de argumento escuchado en varios rincones del continente, pero eso no quiere decir que no pueda haber al menos parte de la verdad en ese razonamiento que también suena a coartada.
La conspiración antipetista denunciada tiene sus ramificaciones en la Justicia. Lo que se contrapone a este argumento, es que también están acosados por denuncias de corrupción gobiernos derechistas de la región, como el de Honduras y el de Guatemala.
Para cierta prensa, donde gobierna la derecha las denuncias son justas y las manifestaciones que exigen renuncias son el reclamo de pueblos concientizados que no se dejan robar; mientras que en los países donde gobiernan las izquierdas, las denuncias son patrañas conspirativas y las manifestaciones callejeras contra la corrupción son la nueva modalidad de golpismo.
En la propia historia de Brasil, está el juicio político por corrupción que volteó al presidente Collor de Mello. Y se trataba de un gobierno de derecha y neoliberal.
El millonario nordestino era el mimado del capital concentrado y del mundo financiero. Los medios hegemónicos lo defendían y el empresariado esperaba que cumpliera sus promesas de privatizaciones y desregulaciones. Pero cuando su hermano Pedro, resentido porque la familia no lo había elegido para impulsarlo hacia la presidencia, reveló a la revista “Veja” la financiación ilegal de la campaña electoral que había montado el tesorero Paulo Farías, comenzó el terremoto político, periodístico y judicial que interrumpió el mandato de Collor. Es un antecedente que Brasil puede exponer con orgullo, igual que puede exponer los juicios y encarcelamientos de altos cargos de la gestión Lula por el escándalo del Mensalão.
Ahora, sólo Lula y una parte del PT se victimizan ante el caso Petrobras. La presidenta Rousseff no ha dicho ni una palabra y, lo más importante, su gobierno pidió a los Estados Unidos una pesquisa como la del caso FIFA para rastrear en el sistema financiero norteamericano cuentas con dinero que pueda provenir del esquema de sobornos que se investiga en torno a la petrolera estatal y a las grandes empresas ayudadas por jerarcas de la coalición gobernante, a incrementar sideralmente sus ganancias dentro y fuera de Brasil.
por Claudio Fantini
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