La revolución empezó en mayo. Diputados de Cambiemos, encabezados por Nicolás Massot, denunciaron por supuesta cartelización a los laboratorios presentes en la Argentina, nacionales y extranjeros, ante la Comisión de Defensa de la Competencia después de fuertes aumentos de precios que superaban ampliamente la inflación. La comisión, que preside Esteban Greco, incluyó entonces al sector farmacéutico en el conjunto de 13 mercados que investiga. Al mes siguiente, la Secretaría de Comercio, que dirige Miguel Braun, comenzó a negociar la inclusión de remedios en el programa Precios Cuidados. En julio, el PAMI, que conduce Carlos Regazzoni, le aplicó un recorte del 26% en el precio de los medicamentos que les compra a las farmacéuticas. Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud, con Jorge Lemus al frente, lanzó la licitación del programa de entrega gratuita de fármacos a personas de bajos recursos Remediar sin incluir la cláusula del compre nacional, que privilegia las ofertas de las empresas radicadas en la Argentina aunque coticen hasta un 5% más caro.
Diputados de Cambiemos liderados por el médico rionegrino Sergio Wisky prometieron en agosto en la Comisión de Salud que apoyarían el proyecto de ley de una colega kirchnerista para prohibir que los galenos prescribieran marcas en las recetas y se limitaran a mencionar los nombres genéricos. En septiembre, el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI), que preside Dámaso Pardo, estableció que los estudios para patentar productos por oficinas similares a otros países puedan ser considerados para otorgar o negar la licencia en la Argentina, en lugar de tener que examinarse aquí. El INPI, al igual que Comercio y Defensa de la Competencia, depende del ministro de la Producción, Francisco Cabrera.
Todas estas medidas han terminado de constituir una guerra entre el Gobierno de Mauricio Macri y los laboratorios nacionales, que dominan dos tercios del mercado local. Los extranjeros, afectados por algunas de las disposiciones, celebran otras, como la licitación de Salud o la norma de patentes.
Detrás de cada una de esas decisiones hay diferentes rostros, pero por lo menos tres ejecutivos de las farmacéuticas argentinas ven en todas ellas la misma cara, la de Mario Quintana, uno de los dos vicejefes de Gabinete y además fundador, accionista y ex presidente de la principal cadena de farmacias de la Argentina, Farmacity. El enojo con él va en aumento en un mercado en el que los laboratorios nacionales están encabezados por Roemmers, Gador, Raffo, Elea, Casasco, Bagó, Temis Lostaló y Richmond.
Palabra de Quintana. “No tomo ninguna decisión en temas del sector salud y laboratorios”, se defiende Quintana en diálogo con NOTICIAS. "Sí ayudo al ministro de Trabajo, Jorgito Triaca, en la negociación con los gremios por las obras sociales", aclaró el funcionario, que en diciembre pasado dejó la presidencia de Farmacity, pero que es accionista de la empresa y de un fondo que también invierte en ella, Partners I. A fines del año pasado tenía además acciones del fondo Pegasus, otro dueño de Farmacity, pero sus asesores aseguran que se desprendió de éstas a lo largo de 2016 y que con el dinero resultante apostó por títulos de la deuda pública. Dicen que a futuro también venderá Farmacity y Partners.
Uno de los ejecutivos principales del sector farmacéutico nacional descree de Quintana: "Él es dueño de fondos de inversión, que actúan para generar valor de una empresa y después la venden e invierten en otra. Para aumentar el valor de sus activos, hace como los supermercados y ataca a sus proveedores, los sectores productivos, que tienen enterrados miles de millones de dólares. En cambio, un fondo solo alquila locales, tiene personal y mercadería. Él quiere medicamentos genéricos, que nosotros hagamos remedios con su marca, quiere manejar los precios y si algún laboratorio desaparece, mala suerte. Pero él va a abaratar los precios hasta que domine el mercado, y después pondrá los precios que él quiere. La pelea con Quintana ya viene de antes de asumir en el Gobierno". El empresario agrega: "Después de años de presión tributaria y control de precios, pensábamos que con el nuevo Gobierno venía una etapa pro inversión, uno esperaba menos acoso, pero hay más".
En el equipo de Quintana afirman que al día siguiente de la victoria electoral de Macri, el 23 de noviembre pasado, el entonces presidente electo se reunió con él y le dijo: "La única área que vas a tener vedada es salud". El fundador de Farmacity le respondió que estaba de acuerdo porque así lo establecía la ley de ética pública, según relatan en su entorno. Esta norma establece que los funcionarios deben excluirse de la toma de decisiones de compañías en las que tengan acciones o en las que hubiesen ejercido como altos ejecutivos en los tres años anteriores a la asunción del cargo público. "No quiero influir ni decidir nada sobre salud, aunque se tomen buenas o malas medidas", agregó Quintana, según sus asesores.
La Oficina Anticorrupción, que dirige Laura Alonso, le escribió una recomendación a Quintana para que se mantuviera al margen de asuntos que incidieran en su compañía. De todos modos, en septiembre pasado, cuando Alonso sugirió al ministro de Energía, Juan José Aranguren, que vendiese sus acciones en Shell, también informó que mantiene investigaciones sobre presuntas incompatibilidades o conflictos de intereses de otros 35 funcionarios, incluido Quintana. Él y el otro vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, se han distribuido el control de los ministerios y organismos descentralizados. En el Gobierno dicen que Lopetegui, antiguo CEO de la aerolínea LAN Argentina, se hace cargo del Ministerio de Salud y del PAMI. Producción quedó en manos de Quintana, aunque en el Ejecutivo juran que siempre y cuando sean temas que excluyan a los laboratorios.
Seguidilla. “No hay una guerra. El Gobierno escucha y trabaja para la industria nacional”, responden en el ministerio que conduce Cabrera. “Defensa de la Competencia no ataca a los laboratorios, los investiga por ser sectores con alta concentración e importante impacto en el consumo y la producción”, agregan. En el sector fabril defienden que el mercado está atomizado. “La denuncia es un delirio, hay 250 laboratorios en el país”, responde Juan Carlos López, director ejecutivo de la cámara de laboratorios de especialidades medicinales Cooperala, que reúne a las firmas más pequeñas. La guerra comenzó.
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