Mucho se ha escrito sobre el nepotismo en los diferentes gobiernos de turno y los nombramientos de parientes en el Congreso de la Nación. Pero en otro poder del Estado, el Poder Judicial, también existen lazos familiares entre los distintos funcionarios que incluso exceden los tiempos de un periodo presidencial o legislativo. En algunos casos, esos vínculos responden a nombramientos influidos por los propios jueces y en otros son lazos que se crean dentro del mismo Poder Judicial.
La expresión “familia judicial” que se usa para graficar cómo los miembros de la Justicia se mueven en forma de clan, en algunos casos es más literal. NOTICIAS buscó los lazos familiares de los jueces más mediáticos del país y abordó el universo de los tribunales de Comodoro Py y la Corte Suprema. El método de búsqueda se centró en la base de datos de personal de la CSJN y el fenomenal trabajo de cruce de información de Justiciapedia, una aplicación del portal Chequeado.com.
“Chuchi”. María Romilda Servini (se quitó el “de Cubría”), titular del juzgado federal Nº1, tiene dos hijos que trabajan para la Justicia. Uno es Juan Carlos Cubría, quien trabaja como administrador general del Consejo de la Magistratura. Juan Carlos mantiene un enfrentamiento con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, por los millonarios fondos del máximo tribunal. En una entrevista con el diario Perfil disparó que “la Corte está parada sobre un colchón de 11.000 millones de pesos y nosotros sobre un déficit de 800 millones mensuales”. El otro hijo de Servini es Eduardo Cubría, quien trabaja como fiscal de instrucción Nº 48 de la ciudad de Buenos Aires. A su vez, las esposas de los dos hijos de Servini también pertenecen a la “familia judicial”. Nora Dorado, la esposa de Juan Carlos, es jueza de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, y Stella García Vigo, ex esposa de Eduardo, es defensora Nº 6 de menores.
El juez federal Nº 2, Sebastián Ramos, quien investiga la pata argentina del Lava Jato, el escándalo de corrupción brasileño que involucra a políticos y la empresa Petrobras, también tiene familiares en la Justicia. Los hermanos Ramos tienen una larga carrera en el poder judicial. Sebastián trabajó más de 20 años en el juzgado federal Nº 3, que hoy está a cargo de Daniel Rafecas, pero en el pasado tuvo jefes como Néstor Blondi o Carlos Liporaci. Martín, por su lado, se desempeñó entre 1991 y 1994 en el juzgado de Servini y luego en el de Norberto Oyarbide con el cargo de secretario, que ostenta hasta hoy. El miércoles 9 de noviembre se trató en la Comisión de Acuerdos del Senado el pliego para que Martín Ramos sea designado como juez federal Nº 1 de Morón. No tuvo impugnaciones y ya tiene dictamen y sólo queda ser tratado en el recinto. El año que viene, cuando se hable del juez federal Ramos, habrá que preguntar: ¿cuál de ellos?
Ariel Lijo, el juez federal Nº 4, también tiene familiares. A sus dos esposas las conoció en tribunales. Su actual pareja es Magalí Mazzuca, prosecretaria en la Secretaría de Juicios Ambientales de la Corte Suprema, mientras que su ex esposa, Silvina Cavallo, hermana del ex juez Gabriel Cavallo, es fiscal federal de Quilmes. El dato anecdótico es que Lijo, cuando se hizo cargo del juzgado en el 2004, reemplazaba a su entonces cuñado, quien por esos tiempos había sido ascendido a camarista. En el juzgado de Lijo, Mercedes Cavallo, hija de Gabriel, es secretaria.
Rodolfo Canicoba Corral, el más antiguo de los jueces, pero no el más anticuado, tiene un hijo que también es juez federal. Se llama Emiliano Canicoba Corral y tiene a cargo el juzgado federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de San Martín. El nombramiento de Canicoba Corral Jr. fue cuestionado porque fue uno de los últimos pliegos que envió Cristina Kirchner al Senado y se interpretaba como una devolución de gentilezas hacia su padre por dos sobreseimientos que dictó a favor de la ex presidenta. El primero fue en agosto del 2012 en una una de las tantas causas de enriquecimiento que tuvo CFK y el otro fue en junio del 2015 en una causa por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Marcelo Martínez de Giorgi, el juez federal Nº 8 de Comodoro Py, conocido por haber sido plantado por Hebe de Bonafini cuando la llamó a indagatoria, tiene a su esposa trabajando en el mismo edificio, pero dos pisos más abajo. Él está en el cuarto piso y su mujer, Ana María Juan, es la prosecretaria de la Sala I de la Cámara Federal. La sala I está integrada por Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, y el tercer lugar quedó vacante tras la renuncia de Eduardo Farah, quien es titular en la Sala II.
El camarista Jorge Ballestero tiene dos hermanas que trabajan para el Ministerio Público Fiscal. María Esther Ballestero es secretaria letrada y está a cargo del Unidad de Apoyo y Control de Actuación Funcional de la Procuración. Su otra hermana, María José, trabaja palmo a palmo con Eduardo Cubría, el hijo de “la Chuchi”, en la fiscalía de Instrucción Nº 48 de la ciudad de Buenos Aires.
La Corte. El máximo tribunal tampoco escapa a los códigos de la “familia judicial”. Mara Perren, la flamante esposa del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, es secretaria administrativa del juzgado federal de Rafaela que se inauguró en marzo del 2014.
Elena Highton de Nolasco tuvo problemas el año pasado cuando se supo que su hija “Elenita” Nolasco había sido nombrada al frente de la Secretaría Judicial de Relaciones de Consumo de la Corte Suprema. Antes de eso, la hija de Highton de Nolasco había trabajado casi 10 años como secretaria letrada en el equipo de Lorenzetti. Por el nombramiento de “Elenita” hubo una denuncia por incompatibilidad, ya que la secretaría había sido creada en la órbita de la Corte Suprema y dependía directamente de su madre.
Uno de los nuevos ministros del máximo tribunal, Horacio Rosatti, también tiene un familiar dentro del Poder Judicial. Su hijo Emilio es secretario electoral del juzgado federal N° 1 de Santa Fe. El primer contrato de Rosatti Jr. para trabajar en el juzgado de Santa Fe, según la base de datos de la Corte, es del 5 de julio del 2011 y fue para ser designado como prosecretario administrativo. Con los años ascendió. La resolución fue firmada por Ricardo Lorenzetti. Cuando Lorenzetti fue propuesto para integrar la Corte Suprema, su pliego fue firmado por Horacio Rosatti. Destinos circulares.
Ley. El 2 de noviembre ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que en todos los poderes del Estado quede prohibido nombrar y contratar familiares. El proyecto fue presentado por el diputado de Cambiemos Lucas Incicco, quien propone que ningún funcionario que tenga poder para contratar gente puede designar un pariente directo, cónyuge/pareja o familiares de estos. El proyecto no tiene efecto retroactivo, pero cuenta con un costado que generó polémica: pide confeccionar una lista con todos aquellos empleados que con anterioridad a la ley sean familiares de funcionarios. El registro deberá tener nombre, apellido, cargo y se publicará por 3 días en el Boletín Oficial.
Entre los fundamentos del proyecto, el diputado Incicco dice que el nepotismo “perturba la disciplina laboral debido a la falta de imparcialidad del superior para ejercer sobre sus familiares”.
por Rodis Recalt
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