Berardo Dujovne, padre del ministro de Hacienda, es desde hace décadas un gran influyente en los desarrollos urbanísticos. Mucho antes de construir la Trump Tower de Punta del Este, estuvo entre los pioneros que levantaron Puerto Madero. Ex funcionarios y constructores recuerdan su poder de persuasión, amparado en una doble carta de presentación imbatible: prestigio académico (en esa época era decano de la Facultad de Arquitectura además de presidente de la Sociedad Central de Arquitectos) y el poder económico de sus proyectos. En mi libro “Puerto Madero, el barrio del poder” se cuenta un episodio que revela esa capacidad de presión para que ningún obstáculo se interponga con sus negocios. Corría el invierno del 2000 y el estudio Dujovne Hirsch y Asociados, que proyectaba las primeras torres de Puerto Madero –El Faro–, había presentado un informe destinado a eludir la necesaria audiencia pública para evaluar los efectos de la obra. Para un edificio levantado frente al río en terreno pantanoso, con 48 pisos y tres de subsuelo, la evaluación de bajo impacto ambiental que esperaba aprobación era a todas luces inconsistente. A las pocas semanas, Dujovne se acercó a la oficina de Claudio Lowy, por entonces director de Política y Evaluación Ambiental porteño. Ya habían tomado el primer café y la tensión no aflojaba.
–Es un edificio solo, ¿qué puede pasar?, intentó persuadir Dujovne al funcionario.
–Sí, ahora sí. Pero si se aprueba esto van a querer hacer un muro de edificios y se pueden afectar las corrientes de aire que limpian la atmósfera de Buenos Aires. Además, esos varios pisos de subsuelos pueden interrumpir el escurrimiento de las aguas subterráneas hacia el Río de la Plata, con el riesgo de inundar territorios de la ciudad por elevación de napas.
–Falta mucho para eso, ingeniero.
Dujovne se levantó para irse pero, camino a la puerta, tomó a su interlocutor del brazo y en voz baja le disparó una propuesta incómoda:
–¿Sabe qué lindo sería vivir ahí?
–A mí no me gustaría por el impacto que va a causar en la ciudad. Y porque se va a inundar...
Como Lowy no cedió, la autorización fracasó por esa vía. Pero la política tiene atajos. Después de un poco de lobby, los legisladores porteños borraron con el codo la ley 123 de evaluación de impacto ambiental que habían sancionado dos años antes y la reemplazaron por la 452 que exime a los grandes complejos habitacionales de la necesidad de ser sometidos a un estricto peritaje. Como se estila, Lowy presentó su renuncia al recién asumido intendente Aníbal Ibarra en septiembre de 2000. Se la aceptaron demorada, con el argumento de que los empresarios se quejaban porque no podían hablar con él. Nueva ley y nueva funcionaria a cargo eliminaron los escollos para El Faro.
por Alejandra Daiha*
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