En una de las tantas y ya célebres reuniones en off the record con periodistas, el presidente Mauricio Macri contó una novedad sobre la empresa brasileña Odebrecht. Dijo que la compañía vendería su parte en el consorcio que conforma para hacer la obra del soterramiento del Sarmiento. De esta manera, la empresa que confesó haber pagado sobornos en la Argentina quedaría afuera de esta obra que recién lleva un 3% de avance. La novedad dispara una serie de interrogantes. Si Odebrecht se queda sin obras, ¿seguirá conservando el interés de “colaborar con la Justicia”? ¿Qué pasará con el contrato del soterramiento? La primera pregunta se responde con un antecedente: en Estados Unidos y otros países, como República Dominicana, Odebrecht aportó testimonios y pruebas sobre los sobornos a cambio de seguir cotizando en los mercados financieros y conservar los negocios. En la Argentina, una vez que se vea consumada la salida de la obra del tren Sarmiento, ya no habría grandes contratos para defender. La planta de AySA de Paraná de las Palmas está casi terminada y el contrato del Gasoducto del Norte fue rescindido. El resto de los negocios no tiene demasiado volumen. Pero hay algo más importante: el sistema judicial argentino no le ofrece herramientas a la empresa para poder colaborar en los expedientes. Al no haber delación premiada, resulta casi imposible la cooperación.
Sobre el futuro del soterramiento del Sarmiento quedan muchas incógnitas. Correr del ojo de la tormenta a Odebrecht no quiere decir que se solucione el problema de fondo. Si hubo sobornos o sobreprecios, la salida de Odebrecht no corrige nada. La obra sospechada de corrupción seguirá en manos de dos de las tres empresas que ganaron aquella licitación: Iecsa del primo presidencial Angelo Calcaterra, hoy renombrada como SACDE luego que la comprara Marcelo Mindlin, y la Italiana Ghella. Si Odebrecht pagó sobornos, ¿los pagó en nombre propio o se hizo una “vaquita” entre los tres socios? Esa información solo la tienen Flavio Bento de Faría y Mauricio Couri Ribeiro, los directivos investigados por su rol en la Argentina. También podría saberlo Javier Sánchez Caballero, el gerente general de Iecsa que negociaba los contratos con Odebrecht.
REVISIÓN. Para determinar si hubo sobreprecios en el contrato se deberá hacer una revisión integral, la cual debería ser llevada adelante por la Procuración del Tesoro y la Sigen y ser avalada por un juez contencioso administrativo. En esta parte será vital el rol de los operadores judiciales del Gobierno. Entre el ministro de Justicia Germán Garavano, el jefe de asesores José Torello, el presidente de Boca Daniel Angelici y el diputado del Parlasur Fabián Rodríguez Simón deberán conseguir que el contrato no se declare nulo en su totalidad, porque eso paralizaría la obra. Si se declarase parcialmente nulo, se podría volver a hacer el cálculo del valor de la obra y restarle lo que está de más. Aquí surge otro inconveniente para la gestión Macri. El 16 de junio del año pasado, el Gobierno, mediante un DNU, destinó $ 45.000 millones a Odebrecht y su por entonces socio, el primo Calcaterra. Con mucho timing, Macri no estaba en el país, por lo que el decreto fue firmado por Gabriela Michetti. Para ese entonces Marcelo Odebrecht ya llevaba un año preso y la decisión fue llamativa si se la compara con lo que pasaba en la región, donde los contratos de la constructora brasileña estaban todos caídos. Mientras a Odebrecht se le cerraban las puertas en el continente, acá se las abrían. La comisión parlamentaria que controla los DNU rechazó la medida del gobierno de Macri y Cristina Kirchner hizo alusión a esta situación cuando le tocó declarar por asociación ilícita en el juzgado de Ercolini. El decreto del primo Mauricio permitió consolidar la posición de Calcaterra durante las negociaciones para vender la empresa. El valor de Iecsa no era el mismo con esa obra en marcha, que detenida. Hoy, la compañía está en manos de Marcelo Mindlin, uno de los empresarios preferidos del Gobierno. En este contexto, mantener la obra a costa de eliminar a Odebrecht parece ser el camino más conveniente para todos. Excepto para quienes quieren saber quiénes, cuándo y cómo cobraron sobornos.
TRASPIÉ. Una de las polémicas de esta semana giró alrededor del viaje del ministro Garavano a Estados Unidos para coordinar la cooperación judicial. Luego de que trascendier en el diario Clarín que había llegado información por un canal informal y que entre los nombres de los beneficiarios estarían el ex ministro de Planificación Julio De Vido y su entorno, el Departamento de Justicia norteamericano se habría enojado por la filtración y cancelaron el encuentro. Desde el Ministerio de Justicia afirmaron a NOTICIAS que la reunión no se canceló, sino que podría haber un cambio de fecha, que aún no está confirmado. Es decir: se canceló, pero con elegancia diplomática.
por Rodis Recalt
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