Friday 22 de November, 2024

LAS + LEíDAS | 25-10-2017 10:30

La Salada: presiones y aprietes detrás de la investigación judicial

Los abogados los poderosos Jorge Castillo y Enrique “Quique” Antequera juegan todas sus influencias para cambiar el rumbo de un conjunto de causas que ya suman 45 detenidos.

Los pasillos judiciales de Lomas de Zamora están más calientes que nunca. “Los vamos a sacar de la cárcel, cueste lo que cueste. Basta, se terminó el show del gobierno y la Justicia”. La frase, carente de todo tipo de metáforas, sale de la boca de uno de los abogados que más conoce las luces y sombras de los Tribunales de la zona, un hombre abocado en estas horas a esgrimir la defensa “técnica” de varios de los personajes más reconocidos detrás de La Salada. Cuando el “cueste lo que cueste” sale de su boca, los labios dibujan una perfecta sonrisa socarrona. Sabe lo que dice. Sabe cómo hacerlo. Sabe dónde presionar. Y está dispuesto a todo, dice, para cambiar el rumbo de un conjunto de causas que ya suman 45 detenidos, entre ellos los poderosos referentes Jorge Castillo y Enrique “Quique” Antequera.

Marco. Después de las caídas de los administradores de Punta Mogote y de Urkupiña, que terminaron en desgracia junto a barrabravas y líderes territoriales de dudosa honestidad, el fiscal general adjunto Sebastián Scalera y su equipo vienen trabajando para robustecer los principales lineamientos de su investigación: que detrás del mercado popular hay al menos cuatro asociaciones ilícitas destinadas a infringir la Ley de todas las formas posibles.

Con este panorama, los rumores de posibles presiones, aprietes y coimas están a la orden del día. Y todas las miradas apuntan a lo que pueda resolver la sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial lomense; es que en pocas semanas los jueces Jorge Tristán Rodríguez, Martín García Díaz y Tomás Bravo van a tener que definir el futuro de todos los imputados en relación a sus actuales prisiones preventivas.

Una altísima fuente judicial y conocedor del mundo de las ferias admite sin medias tintas lo que muchos dicen por lo bajo en las últimas semanas: “Hay comentarios de personas muy relacionadas en estas causas que dan cuenta de cierta protección hacia La Salada que podría incidir en las próximas etapas procesales”. Y agrega: “Algo raro se está pactando. Y ningún pacto es gratis: se paga con devolución de favores mutuos o con guita”. Se refiere, en concreto, a la posibilidad de que la Cámara morigere las imputaciones de Castillo, Antequera o algunos de los cabecillas de las asociaciones ilícitas. “Basta que sostengan que no son los líderes sino simples miembros para que aparezca en el horizonte la posibilidad de excarcelarlos. Sería un escándalo, pero es posible”, analiza la fuente.

La causa. ¿Cuál es el germen de los expedientes de los que habló toda la Argentina? La progresiva ocupación de las callecitas que rodean a los tres grandes galpones que conforman La Salada. Ya desde el año 2010 los “administradores de la calle” se sentían amos y señores de los alrededores; poco a pocos se fueron conformando grupos de mayor o menor envergadura delictiva conocidos como Los Chaqueños (a quienes en tribunales vincularon con Jorge Castillo y muchos de sus allegados), La Banda de River (o “de Adrián”, en referencia al sobrino del hombre fuerte de la feria), Los de Boca (cercanos a Antequera) y Los Cucos (un rejunte de personajes de Ingeniero Budge con antecedentes penales). Pero no son los únicos.

Las imputaciones de la Justicia incluyen: “Ocupar ilegítimamente mediante la utilización de violencia y/o engaño y/o clandestinidad de las aceras y calzadas”; “Cobrar ilegalmente para permitir que funcione el juego clandestino”; “Utilizar y/o vender ilegalmente armas de fuego”; “Actuar algunos de sus miembros como sicarios en ajustes de cuestas vinculados a disputas territoriales y/o económicas”; y “Actuar ilegalmente como fuerzas para-policiales y castigar de manera ilegítima, mediante violencia física y con armas, a quienes ellos mismos sindican como mecheras y/o feriantes que no pagan”.

“Con el silencio o la complicidad de los fundadores de las ferias, los delincuentes y los violentos fueron ganando cada vez más poder”, explica un funcionario judicial que se involucró con al menos una decena de denuncias. “Antes, cada vecino ponía unos puestos frente a su casa para ganarse unos mangos, pero estos tipos fueron copando todo. Un hombre que tuvo una pelea con algunos de ellos porque quiso entrar el auto a su hogar y se encontró con que le habían llenado el garaje; le dijeron de mala manera que se iban a quedar ahí, discutieron y le rompieron la cabeza de un culatazo”, cuanta un vecino. Y los relatos así se amontonan en los juzgados.

El fiscal. Sebastián Scalera, hoy a cargo del cuerpo de instructores que viene investigando los posibles delitos detrás del mercado popular, es consciente de que está ante un complejo desafío pero destaca el apoyo que viene teniendo: “La firme decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal y el amplio apoyo institucional del procurador bonaerense Julio Conte Grand, dirigido a combatir las mafias y el crimen organizado enquistados en la provincia desde hace años, componen un escenario único para que la Justicia pueda dar esa pelea y estar a la altura de las circunstancias. No hay excusa”, le dice a NOTICIAS.

Mientras tanto, Jorge Castillo es el único de los acusados que se anima a hablar: “Soy un preso político y voy a luchar hasta que se demuestre”, repite una y otra vez en conversación con este medio. Y le pega, sobre todo, al presidente Mauricio Macri, a Vidal, al ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo y a la diputada nacional Elisa “Lilita” Carrio.

La historia de La Salada, como revela en detalle el libro “La Salada, Radiografía de la feria más polémica de Latinoamérica” (Editorial Planeta), es una suerte de culebrón con picos de tensión dignos de una producción cinematográfica. El mercado se fue convirtiendo en un submundo cada vez más popular y poderoso. Y aun así, sobrevive a sus propios monstruos. Sin embargo, las detenciones de sus líderes históricos dejó al negocio en estado de emergencia: miedo en los compradores e incertidumbre en los vendedores, mientras todos debaten si esta vez verdaderamente llegará la necesaria regularización o si, por el contrario, los malos de la película volverán como siempre a hacer de las suyas.

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por Nacho Girón

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