“Este negocio lo inventamos Néstor y yo”, gritó, frente a los atónitos oídos de los reunidos en el ministerio de Trabajo. “Quiero los contratos de Padilla y sus buques”, bramó, y, mirando al empresario a los ojos, dejó escapar la amenaza: “O te retirás del negocio o atenete a las consecuencias”. Juan Manuel Abud, gerente general de Cammesa, miró a la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, intuyendo que quizás ése era el principio del fin: el Caballo estaba desbocado.
El incidente, ocurrido el 15 de mayo de 2013, es uno de los tantos relatados en primera persona por el empresario naviero Máximo Padilla en la denuncia radicada este jueves contra el sindicalista Omar “Caballo” Suárez. En el expediente, al que NOTICIAS tuvo acceso en exclusiva, se describen los casi diez años de hostigamiento, boicots, intimidación pública y amenazas con armas de fuego, entre tantos otros delitos de los que declara haber sido víctima. Nada nuevo para Suárez, que lleva acumuladas varias decenas de denuncias penales en su larga, irregular y violenta vida sindical. Sin embargo, el ex líder del SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, ahora intervenido) es apenas la punta del iceberg de una gran cadena de corrupción: Padilla contó frente al juez Canicoba Corral cómo eran las maniobras de sobreprecios en la contratación de transporte de combustible para Cammesa y Enarsa, convirtiendo a esta denuncia en aquellas de las que se sabe dónde comienzan pero no dónde terminan. El tiro por elevación siempre es, por definición, hacia arriba.
Ya en 2007, luego de un incidente en el que el Caballo lo amenazó y le revoleó un llavero en la cara y tuviera que ser sacado del sindicato por una puerta trasera, el empresario denunciaba el accionar mafioso del gremialista preferido de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner ante sus interlocutores de las dependencias del Estado que tenían injerencia en la materia: el Ministerio de Planificación, el de Transporte, y otras áreas donde pudiera encontrar alguien que intercediera. José María Caula, jefe de asesores y amigo personal del Ministro Julio De Vido, conocido por muchos como “el embajador” ya que “arreglaba despelotes y pedía para la Corona”, fue uno de ellos. En una reunión en un conocido hotel céntrico a la que acudió en compañía del dentista del ministro –un renombrado profesional que vive en San Fernando- Caula –famoso por su vinculación con el caso Skanska- fue terminante: “es una instrucción que viene de arriba, te tenés que ir del negocio”.
¿Cuál era el negocio? El transporte de combustible por barco, para aprovisionar a las centrales eléctricas del país manejadas por la empresa estatal Cammesa, que por ese entonces recibía a borbotones la plata dulce de los subsidios. Un negocio millonario que se hacía llave en mano: Glencore, una multinacional que comercializa todo tipo de commodities, le llevó la propuesta al ministro e incluyó a su competencia, Vitol, para no generar rispideces que pusieran en peligro la operación. Las contrataciones eran directas y las dos empresas le facturaban un precio final a Cammesa. Entre ambas arrendaban los barcos encargados de llevar el fuel oil y el gasoil a las centrales. Las empresas de Padilla -Petrotank y la desaparecida Operadores Marítimos y Fluviales S.A.- propietarias de buques, eran dos de ellas. Hasta que, por “órdenes de arriba” metieron a una de las empresas del Caballo Suárez en el medio, San Jorge Marítima S.A. Entonces Padilla, durante cinco meses que duró el trabajo, pasó a alquilarle o, más bien, subalquilarle, sus naves a San Jorge –que no poseía ninguna- y San Jorge a su vez se las alquilaba a Glencore. Como lo prueba la documentación a la que Noticias tuvo acceso en exclusiva, la empresa del sindicalista era una intermediación innecesaria e injustificada, ya que San Jorge no cumplía ninguna función más que facturar un sobreprecio en dólares por dos barcos que podrían haber sido alquilados directamente a quien comercializaba el combustible. Noticias intentó comunicarse con el gerente general de la compañía, José Luis Musso, quien no quiso hacer comentarios.
El negocio, uno de los tantos que le facilitaba el Ministerio al Caballo, le reportó al dirigente no menos de 700 mil dólares. El perjuicio lo pagó Cammesa, o, lo que es lo mismo, el Estado argentino. Ningún funcionario del área podía desconocer la maniobra. Ni Roberto Baratta, uno de los cerebros de la política energética del kirchnerismo y subsecretario de Coordinación del ministerio de Planificación, sindicado como el “José López de Energía”, de cuya área salían las denominaciones de los buques, ni Horacio Luis Tettamanti, al frente de la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación . Todos tendrán que ser citados por el juez Canicoba Corral, que con el cambio de gobierno le imprimió otra velocidad a las más de 20 causas que involucran al SOMU y a su ex dirigente, que incluyen una denuncia radicada por el mismo Padilla por extorsión, en donde un audio difundido por el programa La Cornisa muestra una conversación en la que el Caballo deja claro que para terminar con sus “aprietes”, el empresario debía pagar.
Ese modus operandi –usar a los trabajadores para extorsionar y coaccionar a los empresarios, y forzarlos a cerrar o quebrar, lo que ocurriera primero- es el que también utilizó el Caballo a favor de otro gran amigo de la ex presidente: Cristóbal López. En 2007, Suárez, utilizando a los trabajadores del SOMU, paró durante meses la operatoria del barco-casino de Puerto Madero -en ese entonces en manos de la española Cirsa- forzando a los anteriores dueños a vender su parte al zar del juego. Esa batalla –en términos literales, ya que todo terminó en una verdadera batalla campal con varios heridos y detenidos- también tuvo su recompensa: 17 mil hectáreas en la zona de Península Valdés y un establecimiento denominado San Cristóbal, más cerca de Madryn, y que habría pertenecido al empresario de mismo nombre.
El mismo accionar le valió la conformación de su imperio, un verdadero holding de por lo menos 12 empresas que incluyen compañías remolcadoras, navieras, varios buques –entre los que se encuentra uno de nombre “Cometa”- hoteles, agencias de viajes, y hasta la radio Papa Francisco, en honor a su amigo, a quien fue a visitar varias veces al Vaticano, afinidad que comparte con otro colega, el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Es justamente Moreno quien tuvo que interceder en por lo menos una oportunidad para bajar el nivel de conflicto entre el Caballo y Padilla, cuando éste empezó a darse cuenta de que en realidad lo que el “Moyano del agua” buscaba era quedarse con sus empresas. En su desesperación, el naviero llegó a escribirle una carta al Sumo Pontífice, relatándole todas las maniobras que el amigo de éste hacía para quedarse con el negocio que había creado su padre y en el que también trabajan sus hijos. No obtuvo respuesta.
Todo está ahora en manos de la Justicia. Gerardo Pollicita, el fiscal que interviene en la causa, deberá investigar además graves derivaciones que manejan fuentes de Inteligencia, relacionadas con el narcotráfico. La hidrovía, como se sabe, es camino de entrada y salida de droga, y nada se mueve allí sin el conocimiento del Caballo. Además, deberá corroborar información que se maneja hasta ahora en forma confidencial: la presunta existencia de cuentas offshore a su nombre y de su familia, que sumarían no menos de 7 millones de dólares. Estas cuentas estarían en bancos suizos como Commerzbank, Spirito Santo y Lombard Odier, el mismo que usaba otro empresario nac & pop también caído en desgracia: Lázaro Báez.
por Guadalupe Vázquez
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