Patricia Ramos no tiene dudas: detrás del crimen de su hijo, Kevin Cristaldo, está la Policía Bonaerense. Habla con firmeza de la investigación, corta el relato para recordar cómo era su vida antes del 11 de diciembre del 2016, cuando dos delincuentes le dispararon en el estómago al joven, llora, se seca las lágrimas y vuelve sobre la causa. “Estoy en estado de mucha vulnerabilidad pero no soy boluda. Los que hicieron esto o están al servicio de la policía o le pagan a la fuerza para que liberen el área”, insiste. Quiere dejar en claro que sus sospechas no se basan simplemente en la impotencia o el dolor de una madre.
Kevin había salido de su casa en Ezeiza a dar una vuelta en moto y fue asaltado alrededor de las cuatro de la tarde, en la rotonda de San Vicente. Los delincuentes lo dejaron tirado y se fueron con su moto. Patricia definió los días que siguieron como “un infierno” porque mientras ella peleaba para que a su hijo le dieran una buena atención médica en el hospital local, comenzaron a aparecer las primeras pistas de que algo raro sucedía detrás del crimen: la moto robada del joven habría sido vista en la comisaría que intervino y detectaron serias irregularidades en la investigación. ¿Otra vez, el fantasma de ladrones al servicio de la policía?
Después de pasar 17 días internado, Kevin falleció y, desde ese momento, su familia está convencida de que la investigación no avanza por la connivencia policial. Hicieron manifestaciones en San Vicente e intentaron contactarse con las autoridades de todas las formas posibles pero nada resultó. Desde hace unos meses, Patricia le escribe casi todos los días al ministro de Seguridad de Buenos Aires, Cristian Ritondo. “Hay días en que le mando diez tuits o mensajes privados. Quiero que intervenga el Gobierno”, insiste.
Las pistas. Patricia cuenta que se volvió común que llamen al teléfono de su casa para preguntar por detalles de su rutina familiar y ver autos extraños siguiéndola varios kilómetros. Sin embargo, hay dos hechos que, para ella, son los más reveladores: el destino de la moto de su hijo y la desaparición de su celular en manos de los efectivos.
El día del asalto Kevin llegó consciente al hospital y, después de haber sido operado, habló con su mamá. “Me dijo que le habían robado dos personas con determinadas características físicas y me describió la moto en la que iban los delincuentes. Dijo que era ‘una moto mechada’, es decir, que estaba personalizada. Era una Falcon negra”, cuenta Patricia. El joven le contó lo mismo al médico de guardia que lo atendía.
Al otro día, el padre de Kevin, Marcelo, fue a la Comisaría 1era de San Vicente a buscar la mochila del joven. “Lo hicieron esperar, se asomó por la ventana y vio la moto que describió Kevin. Se desesperó, empezó a gritar. A los costados había otras motos tapadas en tierra y esta estaba en el medio. Le dijeron que no era así y lo sacaron”, relata Patricia. La familia dice que nunca nadie les dio respuestas sobre cómo había llegado esa moto hasta ahí.
Poco después, dos mujeres policías se presentaron en la casa de los Cristaldo. “Venían a buscar el teléfono de Kevin para hacer un relevamiento del perfil de mi hijo”, cuenta Patricia. Ese día firmó un acta en el que decía que el móvil se iba a devolver en una semana.
Sin embargo, los días pasaban y el teléfono no regresaba. Patricia llamó al número que figuraba en la tarjeta que las policías le habían dejado y nadie atendía. Comenzaron a presionar en la fiscalía y recién cuatro meses después se lo devolvieron. “Prendí el teléfono frente a la fiscal y no pude creer lo que veía. Le dije: ‘Este no es mi hijo’”, recuerda.
El aparato había sido usado por otra persona, que borró toda la información de Kevin y asoció sus cuentas personales. Por las conversaciones y las fotos se presume que lo usó un policía. El teléfono estaba lleno de imágenes familiares y sexuales del efectivo. Todo quedó asentado en la causa.
Fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense confirmaron a NOTICIAS que hay una investigación al respecto y que se abrió un sumario en Asuntos Internos. Aclaran que durante la pesquisa se realizaron 12 allanamientos en distintas localidades, en los cuales “se secuestraron armas y motocicletas” pero que no se pudo conectar a los aprehendidos con el hecho. Además, aclaran que el llamativo cambio de cúpula de la Policía de San Vicente, que se produjo apenas 3 meses después del crimen, no tuvo nada que ver con lo sucedido.
Romper el silencio. Patricia y su abogado exigen que el Ministerio habilite una recompensa a cambio de información. Están convencidos de que hay personas que quieren romper el silencio. Esta hipótesis se basa en una serie de “apariciones” extrañas. Una tarde, durante los primeros días de la internación de Kevin, su padre salió del hospital a tomar aire y se le acercó un hombre mayor sin identificarse. “Le dijo que los responsables de todo eran un tío y un sobrino y que la Policía sabía”, cuenta Patricia. Días más tarde, el hermano menor de Kevin les contó a sus padres que, mientras estaba en la sala de terapia intensiva, un hombre grande le había dicho que “esto lo hicieron dos personas”. El chico no pudo retener los nombres que este personaje dio.
Meses después. Patricia encontró en el buzón de su casa un papel con dos nombres, de un tío y un sobrino y los dejó asentado en la causa. Según pudo averiguar por sus medios, esas personas tendrían las características descriptas por Kevin.
La recompensa, creen, motivaría a hablar a aquellos que tienen información. Desde el Ministerio de Seguridad confirmaron a NOTICIAS que el pedido está en trámite.
Patricia se negó a aceptar la custodia que le ofreció la fiscal y dice que no tiene miedo. “Si a mí me pasa algo es el favor más grande que me pueden hacer. Tengo otro hijo pero él ve unos pedazos de madre y no se merece esto”, se lamenta.
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