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Mundo, Opinión / 30 de marzo de 2019

Brasil: unidos por la corrupción

La complicada realidad judicial de las máximas autoridades del país, obedece a la independencia de algunos jueces federales.

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De los últimos 7 ex presidentes de Brasil, Lula da Silva está preso con dos sentencias en su contra, Michel Temer está siendo procesado y tuvo prisión preventiva en su contra (ya salio en libertad por un habeas corpus), Dilma Rousseff está siendo investigada por la venta de la Refinería de Pasadena en USA y un hijo del actual presidente, y Jair Bolsonaro –a partir del escándalo que rodeó a su hijo Flavio– están siendo investigados por depósitos incompatibles con su sueldo.

Esta complicada realidad judicial de quienes fueron (y en el caso de Bolsonaro, es) las máximas autoridades del país, obedece a la independencia de algunos jueces federales que aplican leyes promulgadas con el objetivo de un futuro mejor.

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La ley de la “Ficha Limpia” impide que sentenciados en segunda instancia, puedan ser electos u ocupen cargos públicos. La ley de “Leniencia”, permitió recuperar algo próximo a los U$S 1.000 Millones de funcionarios corruptos. Y la ley del “Arrepentido” posibilitó que ex ministros confiesen sus delitos, complicando más a los ex presidentes investigados.

La no existencia de la “Lista Sábana Cerrada” como medio electoral, impidió que muchos de los investigados ocupen bancas en el Congreso (cuando deberían ocupar celdas en prisiones federales) y por último, una determinación de la Corte Suprema determinó que el “fuero privilegiado” no sea aplicado a investigaciones anteriores al período del mandato de los legisladores.

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Sumando todo esto, es posible imaginar una depuración política en los detentores del poder brasileño, ya que la corrupción comenzó a ser penalizada para los que tradicionalmente, disfrutaban de lo robado, riéndose de la sociedad.

Suerte de algunos ex presidentes de Argentina que si vivieran en Brasil, estarían presos.