Más allá del factor psicológico que acaso pudo condicionar el suicidio del expresidente peruano Alan García, es evidente que su drástica decisión sucedió en un contexto nacional donde el gigantesco caso de sobornos destapado por la confesión del magnate brasileño Marcelo Odebrecht sacudió a la clase dirigente local con una intensidad que nos parece poco habitual a los argentinos, más acostumbrados a que, como decía el inefable capo del negocio futbolístico Julio Grondona, “todo pasa”.
El impacto del Lava Jato en Perú queda muy claro por el simple hecho de que, además de la investigación que atormentaba a Alan García, otros exjefes de Estado sufren las consecuencias de la megacausa: un presidente tuvo que renunciar y está en terapia intensiva por una crisis cardíaca, otro huyó a los Estados Unidos, otro está preso junto a su esposa, y hasta la hija del tristemente célebre Alberto Fujimori (que también sigue preso por otros delitos) cumple prisión preventiva por presuntos sobornos para su propia campaña electoral. Todo esto sin contar otros funcionarios, gobernadores y alcaldes en problemas judiciales serios. Un dato quizá relevante: la Justicia peruana posee un juzgado especializado en tramas de corrupción.
(Leer también: Alan García: la justicia siguió los pagos de Odebrecht a su secretario privado)
No hace falta recordar en detalle el vendaval institucional que provocó el megaescándalo de la constructora en el propio Brasil, con la caída del PT y sus principales líderes y la prisión del mismísimo heredero del imperio Odebrecht. El caso de sobornos para la obra pública también ha tenido graves consecuencias para altísimos funcionarios de otros países de la región, como Ecuador, Panamá y República Dominicana. Sin embargo, llama la atención el otro club de vecinos que, aunque están severamente salpicados por las dádivas de Odebrecht, parecen haber blindado a buena parte de su dirigencia de los castigos más duros correspondientes a tamaño escándalo de corrupción. La lista está integrada por Venezuela, México, Colombia y la Argentina: sería interesante que se ponga en marcha un estudio de criminología institucional comparada para indagar los puntos en común que expliquen la indolencia compartida por estas cuatro sociedades respecto de la cultura de la impunidad.
En lo que respecta al caso argentino, el consorcio internacional de periodistas “Investiga Lava Jato” (integrado por PERFIL) viene demostrando que los dólares de Odebrecht han lubricado al establishment nacional más amplia y profundamente de lo que reflejan las causas judiciales existentes y sus módicas consecuencias. Pero esa tibieza no se limita al caso de la constructora brasileña en la Argentina. A diferencia de Perú, en el Senado conviven actualmente dos expresidentes, Carlos Menem y Cristina Kirchner, multiprocesados por delitos de corrupción. Y del otro lado, uno de los empresarios más poderosos del país y de la región, Paolo Rocca, acaba de ser desprocesado por desconocer las coimas que habría pagado Techint, un desconocimiento parecido al que le otorgó un rápido sobreseimiento al primo presidencial Angelo Calcaterra. Un país piadoso.
(Leer también: Tras la tapa de NOTICIAS, denuncian al primo de Macri: Ángelo Calcaterra)
¿Acaso los argentinos somos genéticamente más corruptos que otros? No parece: hasta en los prolijos países nórdicos estallan escándalos por sobornos y diversos abusos financieros de funcionarios públicos y privados. La diferencia es que las consecuencias institucionales son inmediatas e irrevocables, síntoma probable de una tolerancia cultural mucho menor al robo de guante blanco.
En la Argentina, no se pudo o no se quiso implementar un acuerdo para que Odebrecht contara todo lo que sabe. Y en la causa de los cuadernos, parece quedar claro que solo un tribunal especial como el que existe en países vecinos podría haber llevado a buen puerto la megainvestigación sin que se empiojara a mitad de camino, acaso de manera irremediable, como otros grandes escándalos que nunca concluyeron con castigos ejemplares para la clase dirigente. Otra deuda que deja pendiente tanto Macri como Cristina, excavadores de una grieta impune.
*Editor ejecutivo de NOTICIAS.
por Silvio Santamarina*
Galería de imágenes
Comentarios