El silencio, de repente, se apoderó del pueblo. Nadie habla y la gente huye cuando se les pregunta por lo sucedido en la madrugada del lunes 20 de mayo. Tras la persecución policial que derivó en la muerte de Camila López (14), Gonzalo Domínguez (14), Danilo Sansone (13) y Aníbal López (22), San Miguel del Monte no volvió a ser el mismo. “Acá está todo podrido”, afirma un vecino antes de meterse rápidamente a su casa para evitar ser visto hablando del caso.
En el pueblo ya nada es igual. El ritmo cansino de la localidad se mezcla con la abundante presencia de fuerzas de seguridad. Es una ciudad sitiada. Gendarmería, cuerpos de infantería y hasta el Regimiento de Caballería de Pilar se apostan en lugares estratégicos evitando una potencial pueblada, pero también tratando de brindar una mínima sensación de seguridad. Es que luego de la muerte de los jóvenes, el temor asecha a los habitantes. Motivos no les faltan. No sólo los propios policías que debían protegerlos están involucrados y acusados de manipular la escena del crimen para ocultar pruebas y de mentir en sus declaraciones, sino que tras las muertes se repitieron extraños episodios de tinte mafioso.
Juan Carlos Sansone, padre de una de las víctimas, cuenta con custodia permanente de efectivos de Gendarmería ya que fue amenazado para que guardara silencio. “Se le acercó un auto negro sin patente y desde adentro una persona le dijo que si seguía pidiendo Justicia la 'iba a pagar'”, explica a NOTICIAS Sandra Raggio, directora General de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo que patrocina a las familias Sansone y López.
No fue el único. Yanina Zarzozo, madre de Camila, también está custodiada las 24 horas luego de que, el domingo 26, efectivos de la Policía Bonaerense se apersonaran en su casa con el pretexto de que eran su custodia y le pidieran permiso para ingresar a tomar agua y usar el baño. Según relataron a este medio, la mujer entró en pánico y se angustió ya que se trataba de la misma fuerza de seguridad que, tras el inicio de la investigación judicial, se determinó que había participado de la masacre y que había buscado la manera de ocultar la escena del crimen. Yanina llamó a sus abogados y ellos confirmaron que no había ninguna orden para que la policía estuviera ahí sino que esta había sido enviada por el comisario motu proprio. “Acá siempre la policía trata de amedrentar. Lamentablemente, no nos sorprende”, apunta a NOTICIAS otro vecino que procura hablar bajo para que sus vecinos no se enteren de que habla con los medios y agrega: “Fijate lo que pasó en Varela con Rocío”.
Esa situación, a la que hace referencia, es la sugestiva visita que dos efectivos de la Policía Bonaerense intentaron hacerle a Rocío Guagliarello (13), la única sobreviviente de la masacre. La joven se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital El Cruce de Florencio Varela y mientras pelea por su vida, se convirtió en una testigo que podría resultar clave para echar luz sobre lo sucedido. Según explicaron a esta revista allegados a la joven, dos uniformados intentaron ingresar al sanatorio para saber cómo se encontraba, aunque su presencia generó malestar y fue tomada como una intimidación.
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En un pueblo en que los propios lugareños tildan como “tierra de nadie”, el orgullo de la movilización y organización civil que se juntó para exigir Justicia, ahora cede lentamente lugar al pánico de los vecinos hacia los sectores vinculados al poder, la policía y el narcotráfico.
NOTICIAS recorrió la localidad y no sólo se encontró con que los habitantes sostienen que los policías tendrían relación con los narcos, sino que además encontró testimonios de testigos de la persecución fatal que aún no declararon en sede judicial.
Origen. “Te voy a decir todo”. Así se presentó ante el equipo de esta revista una vecina de la localidad que afirma haber visto el inicio de la persecución. Según su testimonio, en las primeras horas del lunes 20, escuchó una detonación y pensó que se trataba del caño de escape de una moto. Sin embargo, a ese ruido le siguieron otros cuatro: “Ahí me arrimé a la puerta de mi casa y pude ver cómo el patrullero perseguía al Fiat”. Tras esta secuencia salió a la calle y halló dos vainas servidas. Presa del pánico y ante el consejo de un familiar, arrojó los proyectiles a un baldío del barrio Los Pinos, lindero a la laguna. “No te puedo decir nada más. Por favor no digan que hablaron conmigo ni que me conocen”, se apuró a decir antes de salir corriendo nuevamente a su casa.
Este testimonio inédito no sólo se condice con los primeros pasos de la investigación, que sitúan el inicio de la persecución en esa zona, sino que además se complementa con el único testimonio de un policía que se atrevió a hablar: la subayudante Melina Bianco, una de las detenidas por la causa y que iba a bordo del segundo patrullero que participó de la persecución. Según la declaración judicial de esta policía, los disparos habían comenzado ya en el barrio y eso es lo mismo que vio la testigo, lo que en un primer momento había sido negado por los efectivos ahora detenidos.
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Cobertura. Mientras avanza la investigación judicial, las certezas son pocas. Se conoce la zona desde dónde arrancó la persecución y que dos móviles participaron de la situación hasta que el Fiat 147 conducido por López se estrelló contra el camión.
Aún no se sabe por qué la policía disparó contra el auto. Lo que sí se pudo determinar es que existió la intención por parte de la fuerza de que el hecho sea caratulado como un accidente. Según consta en el expediente, poco después de la colisión se hizo presente el subcomisario Julio Franco Micucci, jefe del cuartel, y ordenó a los bomberos que procedieran a levantar el vehículo y se llevaran los cuerpos. El 147 partido al medio fue llevado a un taller del mismo mecánico que arregla los patrulleros del municipio.
Pero las maniobras no acabaron ahí. El ex secretario de Seguridad municipal y ex comisario Claudio Martínez es el único civil detenido por esta causa acusado de manipular las imágenes del sistema de monitoreo. De hecho, este detalle trascendió debido a que un empleado de esa oficina filmó los monitores con su celular.
De los 12 efectivos detenidos, cuatro están acusados de homicidio agravado, aquellos que participaron del raid por el pueblo. Los otros ocho están siendo investigados por falsedad ideológica de instrumento público y encubrimiento agravado. Fraguaron documentos públicos como, por ejemplo, actas.
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Es que al informar que se trataba de un accidente y no de un homicidio, el Ministerio Público Fiscal no se hizo presente en la escena y la policía pudo armar un escenario a su antojo. Por ejemplo, según el acta policial, un testigo “M” aseguró que se tiró al piso luego de escuchar varias contraexplosiones de motos. Pero cuando fue citado por la fiscalía afirmó que él nunca dijo eso: escuchó disparos.
Una de las principales hipótesis indica que los jóvenes habrían visto a los efectivos participando de una situación comprometedora relacionada con una supuesta venta de drogas en el bar conocido como “La cueva del oso” y que por ese motivo arrancó la persecución. Otros explican que los tenían marcados y que quisieron darles una lección. “No se descarta ninguna hipótesis”, asegura Julio Conte Grand, procurador de la Provincia de Buenos Aires.
Poderes. La intención de la policía de modificar la escena no sorprendió a los montenses. Dicen que los policías formarían parte de negocios oscuros en la ciudad. “Monte está estratégicamente ubicada. Hay campos donde se sabe que aterrizan avionetas con drogas pero nadie hace nada. Si lo sabemos todos los vecinos, ¿cómo es que ellos no?”, dice un vecino. Según señala, la ciudad se convirtió en un punto estratégico para el comercio de droga.
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En ese contexto, la policía se volvió un problema más que la solución. Incluso señalaron ante NOTICIAS postes donde había cámaras que desaparecieron de un día para el otro. “Liberan las zonas y se mueven como los dueños”, señalan.
La magnitud de los testimonios llevó a que la ayudantía Fiscal especializada en drogas de La Plata abriera una nueva investigación para determinar cómo opera esta supuesta red narco. “Por el momento no hay ningún imputado”, afirmó Julio Conte Grand.
Así, mientras el pedido de Justicia sigue siendo el principal reclamo de los vecinos, el miedo vuelve a apoderarse de la ciudad. El poder para amedrentar sigue intacto. “A mi mamá que es maestra le prohibieron hablar de lo que pasó. Quieren acallar todo”, dice un joven que afirma que ya no tiene más ganas de vivir en Monte. El miedo va ganando, sólo una investigación judicial a fondo permitirá inclinar la balanza.
por Marcos Teijeiro, Giselle Leclercq
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