A poco más de medio año de su asunción, Jair Bolsonaro ya enfrenta los primeros reclamos de un impeachment. Virulentas declaraciones públicas de las últimas semanas lo distancian de aliados e incluso de sus ministros, y avivan los pedidos de un juicio político entre la oposición.
En menos de quince días le restó importancia a la brutal matanza en una cárcel (62 presos fueron asesinados en la prisión de Altamira, en el norte del pais); justificó el trabajo infantil y afirmó que no hay hambre en Brasil. También ninguneó a los habitantes de la zona nordeste del país y les restó peso a los crímenes cometidos durante la dictadura: provocó al presidente de la Orden de Abogados de Brasil, al asegurar que él sabía cómo había muerto su padre, desaparecido durante la dictadura.
“Es importante que yo separe mi papel de hijo extremadamente agredido de mi rol como presidente de la OAB. La Orden no se debate el pedido de impeachment de Jair Bolsonaro, pero pide que el presidente se comporte como presidente y respete la Constitución y las leyes”, contestó Felipe Santa Cruz, de quien se esperaba esta semana una presentación ante la Justicia. Pero el fantasma del juicio político no se desvanece.
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“En estos siete meses, Bolsonaro se convirtió en el presidente más impopular de la historia brasilera. Pero no sé si están las condiciones dadas para un impeachment. Más importante que discutir si este presidente cometió un crímen, me parece entender si Bolsonaro está mentalmente capacitado para gobernar”, analiza el periodista brasilero Thomas Traumann.
“Yo soy así. No existe una estrategia. Si estuviese preocupado sobre 2022 (año en que podría buscar la reelección) no haría esas declaraciones”, contestó Bolsonaro en reportaje con el diario O Globo. Pero entre sus aliados militares hay alarma: una reunión de emergencia los convocó para trazar un plan para exponerlo menos y limitar sus declaraciones.
En la cuerda floja. En el círculo rojo de Bolsonaro insisten que el pedido de impeachment es un blef de la oposición. Pero Brasil tiene una historia de juicios políticos recientes. El que llevó a la renuncia en 1992 de Fernando Collor de Mello, y más recientemente la destitución de Dilma Rousseff: proceso que se inició a fines de 2015 con la aceptación del presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha (hoy condenado a más de 15 años de prisión) de una denuncia por crimen de responsabilidad ofertada presentada por el procurador Hélio Bicudo y los abogados Miguel Reale y Janaina Paschoal.
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Hoy Reale figura justamente entre los juristas consultados para deponer a Bolsonaro. El autor de la petición de destitución de la expresidenta ya había calificado las declaraciones del presidente Bolsonaro como “ultrajantes”, “crueles” y hasta reveladoras de presunta “insania”. “Yo ni siquiera hablaría de juicio político sino de incapacidad para ejercer el cargo”, marcó duro Reale. “Es inaceptable lo que dijo Bolsonaro”, se sumó Joao Doria, gobernador del estado de San Pablo y aliado del presidente. Y los diputados opositores ya hacen cuentas para el quórum necesario para pedir el juicio político del presidente por falta de decoro.
Desde Dilma, en la región los pedidos de impeachment ya no parecen imposibles. En Paraguay se dan en simultáneo discusiones para apartar a Mario Abdo y a su vicepresidente Efraín Alegre. Todo deviene de las negociaciones que el presidente llevó con Brasil por la energía generada en la planta de Itaipú, y que Paraguay vende "a precio irrisorio" según la oposición del Frente Grande.
En Estados Unidos, los rumores de impeachment y hasta de una deposición por “insania” para dejar a Mike Pence a cargo, sonaron desde los primeros meses de la asunción de Donald Trump en 2016. Pero al magnate lo salvó la creciente economía. Hoy, hasta Nancy Pelosi, la diputada demócrata que impulsaba el juicio político ha decidido freezar sus planes: el ataque directo contra un presidente que se ha vuelto fuerte los pone en riesgo de perder los distritos que hoy controlan.
A Bolsonaro en cambio, la economía no lo acompaña: las estimaciones de crecimiento cayeron del 2,5% al 2% para este año, junto con una importante depreciación del real. El mercado ya comenzó a pasarle factura y el vicepresidente Hamilton Mourão marca sus diferencias en la política comercial asegurando que la “apertura de la noche para el día va a acabar la industria brasilera”.
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Es la economía, estúpido. Desde la izquierda, ya comenzaron a articularse -al reiniciarse las actividades legislativas tras el receso inviernal-, para presentar un pedido de impeachment. "No podemos tapar el sol con la mano. Bolsonaro tiene que ser impedido. Es un criminal que idolatra a genocidas, torturadores y dictadores. Él y su clan miliciano llevan al país a un Estado policial autoritario que corroe la democracia", resaltó el diputado Paulo Pimenta, líder en la Cámara baja del Partido de los Trabajadores (PT).
"Bolsonaro necesita dejar de lado las polémicas. Llevamos siete meses de gobierno y todos los días tenemos alguna confusión. Brasil necesita muchas cosas, el país está pasando por una transformación, pero él no colabora para que la situación esté más calma", insiste el vicelíder del PSL en la Cámara baja, el diputado Alexandre Frota.
Los diputados que están llevando adelante las reformas a la ley previsional -y que pretenden avanzar en una nueva reforma laboral- no quieren la crisis política que traería un juicio político. Y le piden al presidente que se modere y se concentre en la economía. Ese es el objetivo principal para recuperar la confianza, pero Bolsonaro parece más interesado en crear crisis constantes que opacan los logros de la gestión: en el último mes, el súper ministro de economía Paulo Guedes y el canciller Ernesto Henrique Fraga Araújo se anotaron el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, un acuerdo comercial con Estados Unidos, el proyecto de la reforma previsional en el Congreso y la leve reducción del desempleo.
Si Bolsonaro no se modera como le piden, Mourão es una opción tangible: se muestra en reuniones con empresarios, miembros de la sociedad civil, diplomáticos, medios de comunicación y líderes de la oposición. “El vicepresidente ha demostrado ser una persona muy constructiva, informada y moderada”, lo festejó el embajador alemán en Brasil, Georg Witschel.
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Una encuesta reciente de Datafolha señala que apenas el 18% de los brasileños considera que el desempeño de Mourão es “malo u horrible”, la vereda opuesta de Bolsonaro que tiene menos del 30% de imagen positiva, la peor calificación para un nuevo presidente en la historia de Brasil.
"Como cucarachas". Más de 60 presos murieron durante el motín que tuvo lugar la semana pasada en una cárcel de la localidad brasileña de Altamira, en el norte de Brasil. El motín que se originó cuando un grupo de presos entró en otro módulo donde permanecían recluidos miembros de una facción rival tuvo al menos a 16 personas decapitadas, mientras que un número indeterminado falleció por el fuego provocado, según O Globo. Los guardiacárceles retenidos como rehenes fueron liberados a las horas tras la negociación entre el tribunal de la ciudad, la Fiscalía y la Policía con los reclusos.
El secretario de la Superintendencia del Sistema Penitenciario de Pará (SUSIPE), Jarbas Vasconcelos, indicó que "ninguno de los detenidos había hecho demandas recientemente que pudieran derivar en un motín", ha agregado.
Bolsonaro se negó a comentar sobre la masacre. Sin embargo, días después fue a la carga con una reforma legislativa que ampara a la Policía y los ciudadanos que disparen a presuntos delincuentes. "Los criminales morirán como cucarachas" (con la nueva ley proarmas), sostuvo el presidente brasileño que intentará que el Congreso apruebe el paquete de medidas que "provocarán un importante descenso de la criminalidad", según sus propias palabras.
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