El presidente de Perú, Martín Vizcarra, decidió ayer disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias. "Ante la denegación fáctica de la confianza y respeto de la constitución política del Perú he decidido disolver constitucionalmente el congreso y llamar a elecciones de parlamentarios de la República, la decisión está dentro de la Carta Magna", insistió Vizcarra.
El Parlamanto, que ya había negado su voto de confianza al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, a quien Vizcarra reemplazó luego de su renuncia por acusaciones de nexos con la constructora brasileña Odebrecht , se apuró a suspender al presidente por "incapacidad moral", y promover a la vicepresidenta, Mercedes Araoz.
La decisión, aprobada por 86 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, responde a un parlamento dominado por fujimorismo y sus aliados del Partido Aprista, que busca la renovación del Tribunal Constitucional (TC), órgano con la postestad de decidir sobre varios puntos claves: la libertad de Keiko Fujimori; la libertad de Alberto Fujimori; y los acuerdos judiciales con los arrepentidos del caso Odebrecht.
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El escándalo político se produce cuando la fiscalía peruana se dispone a interrogar nuevamente al exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, para que devele el nombre de los congresistas cuyas campañas también fueron financiadas por la constructora brasileña, razón por la cual tiembla casi toda la derecha en el Congreso.
Keiko Fujimori de hecho está presa desde finales de octubre del 2018 por obstruir las investigaciones que le siguen por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales para la Presidencia de Perú por parte de Odebrecht. Su padre Alberto, cumple condena de 24 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, pero fue indultado por Kuczynski y el alctual TC lo anuló.
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Los cambios de nombres en el tribunal, a los que Vizcarra se opone, podría revertir todas las investigaciones en curso y darles la libertad a los Fujimori, que controlan la asamblea con el partido Fuerza Popular de Keiko, y el Partido Aprista del expresidente Alan García, que se suicidó en abril cuando la fiscalía fue a detenerlo a su casa por haber recibido también sobornos de Odebrecht.
Si se llega a anular ese acuerdo, prácticamente se condenaría al fracaso todas las investigaciones del caso Odebrecht en Perú por sobornos y lavado de dinero que involucran a los expresidentes Alejandro Toledo (actualmente preso en Estados Unidos mientras la Justicia de ese país decide si lo extradita a Perú), Ollanta Humala (para quien la Fiscalía pidió 20 años de cárcel por presunto lavado de activos en la financiación irregular de sus campañas electorales) y también Kuczynski.
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